| 10/14/2015 7:00:00 PM

La multa del azúcar genera un efecto dominó en el agro colombiano

La sanción de la SIC a los protagonistas del sector azucarero va más allá de las multas y las discusiones jurídicas. La orden de revisar el fondo de estabilización de precios abriría la puerta para que se incluyan otros productos del sector agro.

El fallo que profirió el 7 de octubre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra el sector azucarero es histórico: se trata del monto más alto que se ha impuesto como multa en la historia de las investigaciones de competencia, más de $320.000 millones, a uno de los sectores más poderosos del país. 

La decisión generó un terremoto entre los azucareros y un debate jurídico frente a los recursos que vienen contra la misma entidad, y posteriormente los tribunales y el Consejo de Estado.

Sin embargo, la mayor carga de profundidad del fallo proviene de lo que no sancionó la SIC, pero sí ordenó revisar: el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa).

La entidad de vigilancia ordena al comité directivo del Fepa revisar la estructura, el manejo y las fórmulas del Fondo para que no sea un camino que permita generar acuerdos de repartición de cuotas de producción o suministro en el mercado. Es más, advierte que este Fondo, tal y como fue diseñado e instrumentado por su comité directivo, “se erige como un instrumento efectivo para fomentar un reparto de cuotas de la producción del azúcar en Colombia”. Sin embargo, la SIC no sancionó a las empresas, “pues el artículo 31 de la Ley 1340 de 2009 restringe las funciones de la Superindustria cuando están de por medio instrumentos de política pública intervencionista, como el Fepa”.

Los fondos de estabilización de precios del sector agropecuario son fondos parafiscales que buscan estabilizar el ingreso de los productores, regular la producción nacional y evitar sobreoferta, aumentar las exportaciones y defender a un sector de la volatilidad de los precios internacionales de productos agrícolas.

Sin embargo, en el fallo la SIC asegura que el Fepa se desnaturalizó al mutar en una herramienta de asignación de cuotas de producción o suministro en el mercado colombiano de azúcar; conducta que, a juicio de la entidad, se encuentra prevista expresamente como un acuerdo anticompetitivo.

Esta decisión empieza a ser controvertida y a generar un profundo debate en el sector agropecuario.

La razón es que el efecto de la decisión de la SIC parece puntual, pero es enorme porque cobijaría a otros fondos de estabilización de precios (FEP), como el azúcar, aceites-palma, carne bovina, carne de cerdo, panela, cacao. Además, algunos incluyen en este paquete también el café y hasta el fondo de estabilización de precios de los combustibles.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), asegura que “nosotros hemos defendido los instrumentos de política comercial como el Fepa y vemos con gran extrañeza que la SIC le ordene al Gobierno revisar un instrumento de política agraria y además que tenga que consultarlo con esa entidad. La ley lo que establece es que sobre esos instrumentos el concepto previo vinculante es el del Ministerio de Agricultura y la ley 1340 del 2009, artículo 7, dice que los conceptos emitidos por las Superintendencias no son vinculantes”.

Los FEP, en general, son mecanismos de política pública del sector agropecuario cuyo objetivo es procurar un ingreso remunerativo a los productores, consiguiendo de esta manera que se regule la producción nacional y manteniendo y aumentando la oferta de producto para otros destinos. Funciona con base en precios de referencia para los diferentes mercados, generando así un flujo de dineros de cesiones y compensaciones.

“¿Por qué los FEP son buenos en un mercado tan volátil como el de commodities? Porque, como en el caso del azúcar, Colombia es tomador de precios, no dice cuánto vale. Los que dicen cuánto vale son los de Brasil, ellos son los que forman el precio”, explica el dirigente gremial.

Resulta paradójico –añade el presidente de la SAC– que mientras la Ley permite un tratamiento especial a un sector sensible como el agro, para la SIC sea cuestionado “aun cuando en el artículo 31 de la misma, se exceptúa de manera expresa a los Fondos de Estabilización de Precios, entre otros instrumentos de política”.

Sin embargo, los debates contra los FEP no son nuevos. En el Informe Nacional de Competitividad, del Consejo Privado de Competitividad para el periodo 2012-2013, se advierte que “en términos de la teoría de la competencia, los FEP funcionan como “carteles de crisis”; es decir, como mecanismos que, no obstante restringir la competencia –al aumentar los precios–, se consideran legales desde el punto de vista de la legislación de competencia por disposición especial del propio legislador, en la medida en que tienen por objeto defender la permanencia de actores en el mercado y la estabilidad del sector”.

Agrega el informe que, si bien es cierto que los mercados agropecuarios presentan distorsiones internacionales, “los FEP no son la política pública adecuada para contrarrestar dichas distorsiones, en la medida en que afectan el bienestar del consumidor, disminuyen la competencia en el corto y largo plazo, e incluso previenen niveles de innovación óptimos en el mercado”.

Y, finalmente, plantea la posibilidad de reemplazar los FEP “por políticas alternativas que resulten del diseño e implementación de una agenda de productividad específica por parte del Gobierno para los sectores que son objeto de FEP”.

El inconveniente es que esta controversia llega en un momento muy complejo para el sector agrícola, cuando las importaciones de alimentos vienen aumentando y están en 28% del consumo aparente y la perspectiva de replantear los mecanismos de apoyo empieza a tomarse la agenda.

Según Mejía, esta situación se suma a otras que están afectando al sector, “como las decisiones en torno a las cooperativas de trabajo asociado, la ley de víctimas y de tierras que se decidió que era retroactiva, las acciones del Incoder, el incumplimiento con lo pactado en las mezclas de etanol y biodiesel, los ataques sistemáticos al sistema andino de franjas de precios y a los fondos de estabilización de precios y la reforma tributaria que fue dura contra el sector agropecuario que es alto en patrimonio”.

Además, Mejía dice que la decisión los tomó por sorpresa porque es contradictoria, pues mientras el Gobierno les pide que aumenten la producción para sustituir importaciones, les van a quitar protecciones y a subir aranceles.

Pero otros van más allá. El analista Aurelio Suárez considera que el fallo puede estar sacando al sector agropecuario del interés del proyecto general del gobierno Santos. “El sector va a quedar muy lesionado en sus intereses, en sus perspectivas políticas y en su proyecto productivo y comercial. Si la recomendación que hace el fallo se extiende a los 14 marcadores que tiene el sistema andino de franja de precios y a los fondos de estabilización, es un fallo que va a determinar mucho de la economía política de la agricultura del sector”, asegura. Y, en el caso del azúcar, uno de los ejemplos es el etanol.

Hay intereses altos, por ejemplo de la industria del maíz de Estados Unidos, de traer etanol a Colombia. La fórmula no incluye el etanol importado. Si se le da un golpe de gracia a la industria azucarera en Colombia, esta queda a merced del mercado libre internacional del etanol”, dice Suárez.

Está por verse qué va a pasar con la revisión del Fepa y de los otros fondos, y la posición de los Ministerios de Agricultura y Comercio para determinar cuál será el futuro del sector agrícola, que no solo se discutirá en los estrados judiciales y en el seno del Gobierno, sino también en La Habana.
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