Por estos días el aire que se respira dentro del Concejo de Bogotá es de incertidumbre y nerviosismo. Casi a diario, por los pasillos de la corporación van y vienen rumores relacionados con eventuales capturas que –durante lo que resta del año– empezarían a producirse en contra de ciertos concejales involucrados en el sonado carrusel de la contratación. Son los mismos cabildantes a los que desde hace un año investiga con lupa la Fiscalía y cuyos nombres han sido mencionados a los cuatro vientos por el polémico contratista Emilio Tapia y el ex subdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez.
Los concejales implicados en el escándalo –11 activos y seis alejados del Cabildo– son conscientes de la situación que se avecina. Por eso han desplegado una artillería jurídica para dar la pelea con sus mejores ‘armas’. Dentro de sus principales estrategias de defensa estará, por ejemplo, desvirtuar las acusaciones que aparecen en al menos 17 videos grabados por la Fiscalía –a finales de 2011– donde los mismos investigados no solo relatan durante horas y horas lo ocurrido tras bambalinas en el Concejo sino que, en algunas ocasiones, salpican a sus colegas.
Las reveladoras grabaciones son hoy parte decisiva del material que revisa la Fiscalía para tomar decisiones de fondo. No obstante, hace pocos meses dichos videos –reservados por asuntos de procedimiento– llegaron a manos de Óscar Rodríguez Barrera, procurador Segundo Distrital, y curiosamente desde entonces los concejales indagados pueden acceder a ellos con tan solo enviar un oficio al despacho del funcionario.
Dentro del círculo más cerrado del Concejo, aseguran que el material fue a parar al Ministerio Público como parte de la estratagema de un renombrado abogado penalista que tiene fuerte injerencia en esa entidad y, al mismo tiempo, defiende a un concejal involucrado en el carrusel. Consultado sobre el tema, sin embargo, Rodríguez Barrera le dijo a Dinero que los videos llegaron a su oficina por cuenta de una petición que él mismo hizo a la Fiscalía con el ánimo de tener pruebas contundentes para iniciar –antes de que termine el año– una investigación disciplinaria en contra de los cabildantes.
Más allá de quién esté diciendo la verdad, lo cierto de todo esto es que sobre el escritorio de los juristas que trabajan de la mano con el Procurador Segundo Distrital en el caso, hoy reposa un detallado resumen con las versiones que entregaron los concejales a la Fiscalía hace exactamente un año.
Dinero conoció en exclusiva parte de los videos y algunos testimonios adicionales de cabildantes que prefirieron mantener su nombre en reserva. Según lo que describen y lo que aparece grabado en las cintas, así se habrían entretejido los hilos dentro del Concejo en relación con el tristemente célebre carrusel de contratos:
Los zares del acueducto
En una de las versiones más comprometedoras, los concejales Ernesto Salamanca y Jorge Durán Silva son señalados como los ‘responsables’ de manejar los contratos de mayor cuantía en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Dentro sus tareas habría estado la de servir de enlace entre el Concejo y dos contratistas que se movían como pez en el agua en el Acueducto: Orlando Fajardo Castillo y Luis Gabriel Nieto García. Estos dos personajes, según informes de la Contraloría Distrital, obtuvieron contratos en la EAAB por $252.300 millones y $269.082 millones respectivamente; en buena medida –anotan los testigos– gracias a los ‘buenos oficios’ de los dos concejales menciónados.
Además –dice un testimonio–, Salamanca y Durán habrían participado en el contrato del túnel Tunjuelo Canoas. Una megaobra adjudicada a un consorcio integrado por la firma brasilera Odebrecht y cuyo valor fue de $230.000 millones. Para rematar, Durán también habría estado presente en el contrato de $50.000 millones con el que el Acueducto pretende poner en pie una nueva planta operativa.
El director de orquesta
El pasado 28 de octubre, el ex subdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, aseguró en una extensa diligencia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que “el cerebro de las cesiones del contrato de la calle 26 había sido el concejal José Juan Rodríguez Rico”. Además de ese señalamiento, Rodríguez también deberá controvertir una versión conocida por Dinero, según la cual, 50% de la contratación del IDU –cuando la entidad era dirigida por su amiga Liliana Pardo– la habría controlado él a través de más de 100 cuotas burocráticas.
Lo mencionan, por otro lado, junto al ex concejal Hipólito Moreno, como ‘el director de orquesta’ de un contrato firmado el 24 de diciembre de 2008 entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad y la empresa Renting S.A., encaminado a alquilar 517 vehículos para los concejales, la Policía y el Ejército. El monto del contrato no fue para nada despreciable: $65.000 millones, de los cuales Rodríguez Rico e Hipólito Moreno habrían recibido una importante tajada.
La embajadora y los contratistas
Aunque la exconcejal Ángela María Benedetti, actual embajadora de Colombia en Panamá, no es investigada ni por la Fiscalía ni por la Procuraduría, tendrá que responder por una nueva acusación que reposa en manos de los órganos de control. Varios testigos aseguran que –a comienzos de 2009– el día de su matrimonio con el empresario mexicano Arturo González, uno de los invitados de honor a la boda habría sido el controvertido contratista Julio Gómez.
Este episodio se sumaría al famoso desayuno que Benedetti ofreció en su apartamento a Guido Nule y al excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, hoy detenidos por su participación en el carrusel de contratos. La pregunta que, entonces, están tratando de resolver los investigadores del caso es compleja: ¿cuál fue la verdadera relación entre Benedetti, Gómez y Nule?.
Mientras la Fiscalía y la Procuraduría terminan de dilucidar este manojo de interrogantes –antes de que llegue 2013– el Concejo de Bogotá podría estar ad portas de reacomodar forzosamente algunas de sus bancadas. La razón es obvia: si los órganos de control surten las sanciones correspondientes, la corporación perdería al menos tres concejales activos. Por lo pronto, la única sensación que reina dentro del cabildo tiene nombre propio: tensión.