| 6/20/2012 6:00:00 PM

Los billones de la paz

Una partida de $7,2 billones, proveniente del impuesto al patrimonio, está lista para ser invertida dentro de las Fuerzas Armadas. Así se repartirá la torta.

Como dirían los italianos: piano, piano. Así es como el presidente Juan Manuel Santos está moviendo sus fichas para echar a andar lo que se ha convertido en su mayor obsesión: ponerle punto final al conflicto armado en Colombia. La aprobación –el pasado 14 de junio– del polémico Marco Jurídico para la Paz podría entenderse como un primer paso en esa dirección. Sin embargo, el trecho por recorrer aún luce nebuloso y, por ello, mientras las condiciones de un eventual acercamiento con la guerrilla empiezan a darse, dentro de los planes próximos del mandatario está invertir $7,2 billones en el fortalecimiento y bienestar de las Fuerzas Armadas.

La misión quedó en cabeza del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien desde su llegada a esa cartera trazó un derrotero que le apunta a tres flancos de ‘ataque’. El primero tiene que ver con acabar la guerra mediante un mayor control territorial y la desarticulación de los grupos armados ilegales. El segundo está relacionado con la seguridad ciudadana. Y, el último, es una apuesta para mejorar las condiciones laborales de la tropa y, al mismo tiempo, subir la moral de los combatientes.

Una meta más que ambiciosa. Y precisamente para cumplirla con lujo de detalles se destinarán los $7,2 billones que hoy reposan en las cuentas del Ministerio de Defensa, producto del recaudo al impuesto al patrimonio. Un tributo que pagan aquellos contribuyentes que tienen un capital líquido superior a los $1.000 millones.

El botín empezará a ejecutarse a partir del semestre que entra. Un compromiso que, Pinzón lo sabe perfectamente, no es para nada sencillo. Por eso se dio a la tarea de crear una comisión de ética y transparencia –conformada por los empresarios más influyentes del país– sobre la cual recaerá la responsabilidad de asesorar cada movimiento que dé el Ministerio con esos jugosos recursos.

Para hacerse una idea de quiénes serán los miembros de esa especie de ‘logia’ de la ética, cerca del 15% del PIB nacional pasa por sus manos. Son, ni más ni menos: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval; Alejandro Santo Domingo, presidente del Grupo Santo Domingo; Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi; José Alberto Vélez, presidente del Grupo Argos; Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar; Eduardo Pacheco, presidente de Colpatria; Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda; Carlos Julio Ardila, de la Organización Ardila Lülle; Jorge Alberto Uribe, ex ministro de Defensa, y Sergio Uribe, vicepresidente de Caracol Televisión, por mencionar algunos.

Y, por si eso fuera poco, la contralora, Sandra Morelli, y el procurador, Alejandro Ordóñez, serán ‘miembros de honor’ en todas las reuniones que lleve a cabo la comisión. Con la participación de esa nómina de lujo, el Gobierno está enviando un mensaje inequívoco: quiere darle tranquilidad a los miles de colombianos que pagan el impuesto al patrimonio y que en muy pocas ocasiones saben cuál es el destino final de sus aportes.

La repartición de los peces

En líneas gruesas, los $7,2 billones se distribuirán así: $6 billones serán destinados a superar los problemas de seguridad urbana y rural del país, mediante la modernización de las Fuerzas Militares y la adquisición de nuevas tecnologías. Los $1,2 billones restantes serán invertidos en infraestructura hospitalaria y habitacional para los militares.

La encargada de hacer realidad este último tema es Yaneth Giha, una de las viceministras estrella de Pinzón. Según sus palabras, la única forma de darles tranquilidad a los soldados es entregándoles un techo, a ellos y a sus familias. “Vamos a construir 897 viviendas fiscales y 360 alojamientos que nos van a costar $300.000 millones, tal vez la inversión más grande que se ha hecho en los últimos 20 años –le dijo la funcionaria a Dinero–. Empezamos a construir todo eso este año: la primera torre de edificios de 100 apartamentos, ubicada en la autopista con 167, arranca antes de dos meses”.

Paralelo a ese proyecto, Giha también le está metiendo el hombro a la renovación de las instalaciones hospitalarias del Ejército. Con otros $300.000 millones pretende, entre otras cosas, erigir una moderna clínica en el suroccidente de Bogotá que prestará sus servicios a buena parte de los 1,2 millones de militares activos y retirados que hoy están cubiertos por el sistema de salud castrense que, si se quiere, podría ser la tercera EPS más grande del país.

La rehabilitación de los soldados heridos en combate también aparece en la agenda ministerial. Para atenderlos –no solo en materia física sino sicológica– se pondrá en marcha la construcción de un centro de rehabilitación integral en el que está participando la Agencia de Cooperación Coreana, la cual ya desembolsó US$11,5 millones para ese fin.

Pero ahí no paran las inversiones. En los próximos días, 14.400 suboficiales de la Policía serán ascendidos, una decisión que costará $277.000 millones. A eso habría que sumarle los $50.000 millones que el Ministerio también destinará para la educación y capacitación de cientos de miembros de la Fuerza Pública.

Giha dice que en política lo que no se hace con plata se reduce a simple filosofía. Por eso se atreve a asegurar que este listado de apuestas, muy pronto se convertirá en una realidad por cuenta de los $7,2 billones que reposan en el Ministerio. Por lo pronto, los contribuyentes del país, al menos quienes aportan sobre el patrimonio, podrán dormir tranquilos.
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