Ocho años no han sido suficientes para concluir la construcción de la doble calzada Bogotá–Girardot de 110 kilómetros, pero sí para que un fallo judicial ordene el pago de $63.000 millones al único consorcio que quedó descalificado en ese proceso de licitación.
La historia inicia el 28 de junio de 2004, cuando el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez adjudicó el contrato para la construcción de la doble calzada Bogotá-Girardot, una obra que debía estar lista en 2007 y que prometía ser la ‘joya de la corona’ de las concesiones viales debido al elevado tráfico de la vía, el recaudo proyectado de peajes y los millonarios anticipos.
Semejante atractivo económico desató una guerra a muerte entre los consorcios proponentes, quienes no dudaron en contratar poderosas firmas de abogados para así desvirtuar la propuesta del vecino. Entre menos ofertas, más probabilidades de victoria.
El proceso se complicó de tal forma que fueron necesarias varias audiencias públicas, auditorías y cruce de comunicaciones entre unos y otros para avanzar en el proceso.
Uno de los resultados de semejante lucha jurídica fue la exclusión del proceso del Consorcio Vial de Sumapaz, integrado por la constructora de Mario Huertas Cotes, Icein e ICM Ingenieros Ltda. Dos motivos llevaron al entonces Instituto Nacional de Concesiones (Inco) (entidad que ya fue liquidada y en su reemplazo se creó la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–) a tomar tal decisión: primero, que la experiencia presentada en la construcción de túneles no era suficiente y, segundo, que parte de las obras que se intentaban acreditar se habían hecho antes de 1994, una situación no permitida en el pliego de condiciones.
No valieron gritos, acusaciones ni amenazas de los abogados del Consorcio Vial del Sumapaz por mantenerse a flote. La suerte estaba echada y todos los asistentes a la audiencia anticipaban que el proceso terminaría ante los tribunales.
El propio Inco auguraba desde entonces los problemas e incluyó estas palabras en el acta de audiencia de adjudicación: “Quedan suficientes elementos probatorios para enfrentar, en buena posición, un eventual proceso contencioso administrativo por las consecuencias de esa decisión”.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no lo vio así. El fallo de diciembre no solo ordena el pago de $63.000 millones sino que declara nulo el contrato suscrito entre el Inco y el consorcio ganador, que para refrescar la memoria era integrado por los famosos primos Nule.
Al escarbar un poco las razones por las cuales fue excluido el consorcio de Mario Huertas se encuentran varios asuntos no menos llamativos.
El primero de ellos es que el pliego de condiciones exigía una experiencia en la construcción de túneles que sumara al menos 3 kilómetros. Para cumplir con este requisito el consorcio de Mario Huertas acreditó la ejecución de varios túneles, uno de ellos el denominado Mocotíes, ubicado en Mérida, Venezuela, y cuya longitud era de 1,2 kilómetros.
El asunto se complicó cuando el Inco explicó que un pequeño tramo de 57 metros no podía avalarse como excavación sino a “tramo techado” por lo que no fue contabilizado como experiencia en túneles. Así las cosas, el Instituto solo acreditó 2.988,38 metros, 12 metros menos de lo mínimo exigido.
A este argumento se suma el hecho de que –a juicio del Inco– 71% de las excavaciones en Mocotíes se hicieron antes de 1994, situación que no se ajustaba a los pliegos y que debía dejar por fuera a Mario Huertas.
Abogados del Gobierno consultados por Dinero explicaron que hay hechos irrebatibles que demuestran que el Consorcio Vial de Sumapaz no cumplía con los requisitos y que el Tribunal se equivocó. También afirman que información de prensa y documentos públicos de Venezuela demuestran que buena parte de la obra se terminó antes de 1994.
La propia Agencia para la Defensa del Estado presentó ya una apelación ante el Consejo de Estado, un proceso que podría tardar un par de años.
Otro hecho que no puede pasar desapercibido es que Mario Huertas también perdió en la licitación del primer tramo de la Ruta del Sol. Fuentes del Gobierno afirman que el ingeniero ha amenazado con demandar otra vez a la Nación si se adicionaba con más recursos el contrato del consorcio ganador, del cual hacen parte los hermanos Solarte.