| 8/11/2014 7:50:00 AM

Con licencia para frenar

Los líos por las consultas previas y las licencias ambientales tienen en jaque a algunos de los más grandes proyectos de infraestructura. Dinero le cuenta quiénes están detrás de todo esto.

Es paradójico que mientras el gobierno nacional hace todo lo que está a su alcance para entrar al club mundial de buenas prácticas de la Ocde, no haya sido capaz de resolver dos de los problemas más graves que tiene después de la paz: los líos por las consultas previas y las licencias ambientales.

La génesis de este problema se remonta varias décadas atrás, cuando el Estado le dio la espalda a las regiones alejadas de las grandes ciudades. Con la Constitución de 1991, el crecimiento de la economía y la necesidad de construir más y mejores vías, nuevas hidroeléctricas y extender la frontera minera, fue necesario entrar a negociar con esas comunidades que ya tenían varios resentimientos y deudas sociales acumuladas por generaciones.

Los platos rotos se pagan hoy. Según el Ministerio del Interior, entre 2011 y 2014 se presentaron 3.434 solicitudes de consultas previas por todo tipo de proyectos y obras. A la par de los problemas para negociar con las comunidades raizales, indígenas o afros, se suma el negocio en el que se han convertido para varias personas en el país la consulta y la licencia.

Algunos de estos líderes no tienen otro propósito que servir a sus vecinos e intermediar ante Gobierno y empresas para alinear intereses. Sin embargo, otras personas se aprovechan de las circunstancias para sacar beneficio económico de los procesos. El término más fuerte que se escucha en algunos sitios del alto gobierno es ‘extorsión’.

Para tratar de conjurar y reducir los costos derivados del atraso en la obtención de la licencia previa, el Gobierno expidió el decreto 2613 de 2013 y la directiva presidencial 10 de 2013 que estipulan las etapas de los procesos de consulta. El asunto de fondo es que se requiere una reforma legislativa que no tiene mucho eco en el Congreso porque nadie se quiere echar encima esas comunidades.

Por lo pronto, tanto la Cámara Colombiana de la Infraestructura como el Ministerio del Interior tienen listos los borradores de dos proyectos de ley. El gran desafío será proteger los intereses de estas comunidades sin que eso implique frenar los proyectos.

Casos emblemáticos

Corine Duffis y Ofelia Barker, San Andrés Islas


El Gobierno busca realizar algunas obras de ampliación y modernización del aeropuerto de San Andrés.

El problema es que a raíz del fallo de la Haya, algunas comunidades raizales de la Isla están más sensibles y exigen que el Archipiélago sea declarado territorio raizal con lo que aumentaría la influencia de estas personas y dificultaría aún más la ejecución de las obras. El MinInterior sostiene diálogos muy complejos con Corine Duffis y Ofelia Barker, dos líderes de la isla. En las tensas negociaciones se exigen costosos asesores y se evidencian conflictos internos entre las comunidades por asuntos religiosos. Según MinInterior, Corine Duffis es líder de AMEN (Archipielago Movement For Ethnic Native Self Determination).

Hermanas Enciso: Puerto Gaitán, Meta

No están obligadas a vender su predio, pero sí a dejar explorar su subsuelo por pertenecer a la Nación. La pelea entre Pacific Rubiales y las hermanas Enciso, como se les conoce en la Región, completa varios años. Según pudo establecer esta Revista, la licencia ambiental para la exploración está aprobada hace un tiempo, pero las dilaciones, demoras y exigencias de esta familia a la petrolera parecen de nunca acabar. Se habla de millonarias cifras que se habrían pagado para la contratación de asesores, financiación de campañas ambientales, servicios hoteleros, viáticos y todo tipo de gastos propios durante las negociaciones.

Un lastre muy costoso

Anif publicó hace pocas semanas una investigación sobre el impacto que tienen los problemas de consultas previas en los proyectos de infraestructura. El centro de estudios evaluó el impacto en cinco proyectos clave, pero no los citó para no entorpecer las negociaciones.

En uno de los casos analizados se registró un retraso de 40 meses. De ese tiempo, Anif señala que habría sido responsabilidad del Estado un lapso de 34 meses, lo cual llevó a que se generara un costo de $89.375 millones. Por otro lado, 4 de los 40 meses del tiempo de retraso fueron responsabilidad de las comunidades, que implicó costos del orden de $10.515 millones.

Benjamín Luna, vía Cartagena–Barranquilla

Organizar a la comunidad afro de La Boquilla, entre Cartagena y Barranquilla, ha sido un asunto muy complicado. Benjamín Luna es uno de esos líderes polémicos con el que no ha tenido la mejor relación el Gobierno. La inasistencia a las citas y audiencias y las tácticas de dilación parecen ser algunas de sus estrategias más utilizadas. Esta es una zona muy pobre y deprimida de la región Caribe y por ello las comunidades intentan –por casi todos los medios– reivindicar las obras e inversiones pendientes. Allí se ejecutará uno de los tramos ya adjudicados de la 4G.

Rosita Solís en Valle del Cauca

En el Ministerio del Interior conocen muy bien a ‘Rosita’ Solís. Desde hace varios años, el Gobierno ha tenido que realizar varios acercamientos con Solís para destrabar algunas negociaciones de consulta previa. Ella ha sido objeto de varias denuncias ante la Fiscalía y otras instancias, pero ninguno de estos procesos se ha fallado. Se habla de una influencia importante de esta líder en entidades como el Incoder. El Mininterior y Rosita Solís han sostenido varias discusiones para que se permita la construcción de algunos tramos de la doble calzada Buga- Buenaventura.
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