| 7/6/2017 12:01:00 AM

Licencias ambientales se dinamizan con el acuerdo de paz

La paz parece devolverle la confianza a más de uno. La Anla reportó que luego de la firma del acuerdo se incrementó en 30% la solicitud de nuevas licencias. Árabes van tras permiso para la mina de California.

Coincidencia o no, la firma del acuerdo de paz con las Farc animó a más de un empresario a reactivar sus planes de explotación o de desarrollos de proyectos de infraestructura y energía. En entrevista con Dinero la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Claudia Victoria González Hernández, contó cómo va cada uno de los sectores en donde interviene la entidad y los planes para hacer más eficiente el trámite de este tipo de permisos.

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Ustedes son un buen termómetro de la economía, pues si hay más licencias en trámite es porque el ambiente de inversión es favorable. En ese sentido, ¿cómo van las solicitudes?

Estamos viendo algo muy interesante: después de la firma de la paz se nota un incremento de 30% en el número de solicitudes de licencias, especialmente en hidrocarburos y minería; es decir, en el sector extractivo.

En este momento estamos tramitando un total de 508 solicitudes de licencias ambientales, de las cuales 308 corresponden a licencias de agroquímicos, 86 en proyectos de infraestructura, 64 de hidrocarburos, 49 de energía y 7 de minería. En minería parecen pocas, pero es que la Anla solo maneja los proyectos grandes.

¿En explotación de oro hay algo nuevo?

Se está viendo más movimiento en modificaciones de licencias para carbón y calizas para cemento. En oro tenemos entendido que se va a radicar una solicitud por parte de Minesa. Esa es una empresa de Emiratos Árabes que tiene presencia en California (Santander) y que quiere operar por fuera de la zona ya delimitada del páramo (Santurbán).

Esta es una de las minas con mayor potencial de oro en el mundo, ¿cuándo tienen previsto radicar?

Solicitaron una reunión para anunciar que van a radicar la solicitud. ¿Cuándo lo harán? No lo sabemos.

¿En infraestructura de transporte qué hay?

En total hay 86 proyectos. La mayoría son de vías, incluyendo las 4G, pero también hay de Invías y APP privadas. Tenemos 4 para puertos y 2 para aeropuertos.

El asunto de fondo es que, aunque estamos cumpliendo con los tiempos para las licencias, persisten los problemas relacionados con comunidades. Un fallo judicial puede ordenar que una determinada comunidad sea tenida en cuenta y ahí se puede frenar todo.

El ritmo en este sector sigue siendo bueno. El año pasado aprobamos, entre nuevas licencias y modificaciones, unos 225 trámites.

¿Y cómo pinta el segundo semestre de este año?

Del total de procesos de infraestructura, estamos pidiendo información adicional a la mitad de estos procesos.

¿Por qué fallan?

Persisten las fallas en el tema social, especialmente sobre el conocimiento de las comunidades y el uso de los recursos naturales. En promedio, estamos tardando 90 días hábiles para tramitar la licencia.

La Anla siempre ha tenido problemas por falta de personal. ¿Ya es suficiente? 

La planta de personal sigue siendo muy pequeña frente a las necesidades, no tenemos suficiente personal calificado, específicamente en el rango de los coordinadores: tenemos 7 y se necesitan unos 16 o 19, como mínimo.

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Frente a esto, ¿qué dice el Minhacienda?

Estamos pidiendo un aumento de presupuesto y les hemos explicado que somos autosuficientes, pues al año se recaudan unos $70.000 millones por trámites de licencias.

¿Cómo va el tema de Campo Rubiales, donde se han presentado inconvenientes como la invasión de los pozos por parte de particulares?

Hay algunas comunidades indígenas que alegan que se han visto afectadas por el proyecto y que deben ser reconocidas. En ese aspecto hay demandas también. La Anla está revisando una solicitud de modificación de la actual licencia, y es en ese frente en el que nos vamos a pronunciar próximamente.

¿Hay algo en fracking? 

Tenemos una solicitud desde el año 2014 para un proyecto en Puerto Wilches a cargo de la ExxonMobil. No nos hemos pronunciado aún.

¿Por qué?

Hay un tema de aguas subterráneas que queremos revisar previamente. El país se empezó a preparar con el tema del fracking desde 2008 y hay una norma técnica y términos de referencia para exploración de hidrocarburos. Así mismo, hay un borrador de términos de explotación desde diciembre de 2014. Yo diría que es un tema más político.

¿Había algún plazo para tramitar esta licencia?

Si, y se venció en octubre de 2015.

Es mucho tiempo...

Hemos pensado llevar el tema a una audiencia pública. En Puerto Wilches las comunidades no se han expresado en contra del proyecto, pero necesitamos una información adicional. Estamos trabajando con la ANH y el Servicio Geológico para pronunciarnos de manera más técnica y confiable.

¿En energía qué novedades hay?

Este sector se está moviendo muchísimo por el tema de líneas de transmisión y subestaciones. Hay dos hidroeléctricas que no se aprobaron.

¿Cuáles?

Cañafisto (Antioquia), que iba a generar 937 MW, pero que se negó por impactos en el bosque seco tropical de la zona. También se negó el proyecto Piedra del Sol (Santander), por deficiencia en el manejo de la información y estudio. Sobre este último estamos revisando un recurso de reposición. Cañafisto está descartado.

También hay que añadir que hay mucha oposición de las comunidades para la ubicación de nuevas líneas de transmisión, sobre todo en Meta y la Sabana de Bogotá.

¿Y en renovables?

Hay muchas solicitudes. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos son competencia de las corporaciones autónomas. Se han expedido más de 10 términos de referencia para parques eólicos y para el tema solar.

La Anla conceptúa y certifica que los proyectos son aptos para acceder a beneficios tributarios. Eso va bien.

¿Qué revisiones hará ahora la Anla en cuanto a los niveles de fósforo en jabones, detergentes, y bolsas plásticas?

Estamos iniciando un proceso de seguimiento y revisión de estos elementos en este tipo de productos. La Anla hace pruebas de laboratorio para determinar qué tanto pueden estar contaminando.

En cuanto a bolsas plásticas, nuestra responsabilidad es verificar que los planes de acción de los negocios sean viables y se cumplan. No tenemos resposanbilidad en asuntos tributarios en este aspecto.

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