Las batallas jurídicas que enfrenta Reficar

| 2/4/2016 12:00:00 AM

Las batallas jurídicas que enfrenta Reficar

Mientras avanza una etapa de arreglo directo entre Reficar y la contratista CB&I, que seguramente terminará en tribunal de arbitramento, en Colombia la Supersociedades sometió a control a CB&I.

Aunque la cifra se conocía, así como los sobrecostos millonarios de la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), el informe que entregó el pasado 25 de enero la Contraloría General de la Nación sobre esta megaobra, y las fallas que tuvo en su desarrollo, que llevaron a costos adicionales por más de US$4.000 millones, revivió el debate y alborotó al sector.

En el informe de esta entidad de control se cuestiona la gestión en el desarrollo de las obras, se critica la planeación del proyecto y se advierte sobre el costo-beneficio de las cifras que impactarán a Ecopetrol.

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El informe de la Contraloría es la etapa preliminar a la auditoría que inició la entidad. A las investigaciones se sumaron la Fiscalía y la Procuraduría. La primera, a través de la Unidad Anticorrupción, busca determinar si hubo peculado por apropiación en los sobrecostos de la obra; y, la segunda, abrió investigación disciplinaria contra Reyes Reinoso, actual presidente de Reficar; Orlando Cabrales, expresidente de la refinería; Javier Gutiérrez, expresidente de Ecopetrol, y 12 miembros de la junta directiva de Reficar.

No se trata solo de los sobrecostos sino también del impacto en las cuentas de la obra. Para la Contraloría, la ampliación de Reficar no tendrá la rentabilidad esperada: en 2008 estaba calculada en 14,1% y será de 4,35%, mientras que el costo de la deuda es de 5,5%, reduciendo la rentabilidad para Ecopetrol y presentando un diferencial negativo de pérdida en el capital de 1,15%.

¿Qué viene en medio de toda esta avalancha noticiosa alrededor del más costoso proyecto industrial del país? El debate sobre los sobrecostos apenas empieza y ahora se consolida una batalla jurídica en dos grandes frentes: el primero, las reclamaciones de Reficar contra Chicago Bridge & Iron (CB&I); y, el segundo, las acciones de organismos de vigilancia, como la Superintendencia de Sociedades, frente al comportamiento de esta firma contratista en el país (ver recuadro), además de los procesos que siguen la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.

Dentro del contrato de Reficar con CB&I se establecen los mecanismos para la resolución de conflictos que tienen en principio una etapa de arreglo directo y, si no se logra, se llega a la instancia de un tribunal de arbitramento bajo los parámetros de la Cámara de Comercio Internacional de París.

Reficar, con un grupo de abogados en Estados Unidos y Colombia, inició el año pasado la reclamación ante CB&I, filial de la casa matriz CB&I Company B.V., que adelantó la construcción de la refinería a través de un contrato EPC (ingeniería, suministro y construcción, por su sigla en inglés) que firmó con Glencore cuando esta empresa era socia de Ecopetrol en el proyecto de ampliación de la Refinería. El contrato se hizo bajo el modelo de costos reembolsables, figura contractual por la cual se otorgan anticipos y se realizan pagos en función de la presentación de facturas, pero que no es hoy un modelo conveniente en el desarrollo de proyectos. Según personas allegadas al proceso, el contrato establece garantías de la casa matriz de CB&I.

En la actualidad el proceso se encuentra en la etapa de arreglo directo entre Reficar y CB&I. Muchas de las fuentes consultadas por la Revista Dinero coinciden en afirmar que esta no se dará porque no habrá acuerdo frente a la pretensión de Reficar –cuya cifra se mantiene en reserva–. Además, ante los pronunciamientos recientes de los organismos de control y la apertura de investigaciones penales y disciplinarias sobre los contratos de la refinería, ¿quién firmaría un acuerdo?

Por tiempos, la etapa de arreglo directo debe terminar en un mes y medio. Sin embargo, si no hay acuerdo y las partes así lo definen, se llegaría a la instancia del tribunal de arbitramento, proceso que puede durar hasta dos años.

¿Por qué decidieron Reficar y Ecopetrol llegar hasta estos momentos para iniciar el proceso jurídico? Aquí vale la pena hacer un poco de historia (ver edición 480). Desde la década de los 90 y durante más de diez años se habló del proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena, en momentos en que Ecopetrol aún afectaba las cuentas fiscales del país. La estrategia era buscar un socio que acompañara a la estatal en ese proceso y en 2006 quedaron Petrobras y Glencore compitiendo por participar en este desarrollo. Cuando se pensaba que iba a ser Petrobras, Glencore se quedó con el negocio por un estrecho margen en su oferta. Se constituyó una sociedad –Reficar– en la que Glencore tenía 51% y Ecopetrol 49%.

Glencore contrató en 2007 a CB&I para el desarrollo de la ingeniería básica y posteriormente el EPC de la obra. No obstante, en 2008 la crisis mundial golpeó a Glencore y esta multinacional desistió de hacer la inversión. En ese momento se dio una gran discusión alrededor del futuro del proyecto, considerado estratégico en un documento Conpes. Además, era clave para Ecopetrol por la obsolescencia de la planta y porque le permitiría integrarlo con la refinería de Barrancabermeja y suministrar más materia prima al negocio petroquímico. De hecho, cambió la idea de Glencore, que quería hacer una ampliación más pequeña y concentrarse en los mercados internacionales. En 2009 se dio el proceso de recompra por parte de Ecopetrol de la participación que tenía Glencore en Reficar por US$545 millones, cifra inferior a los US$656 millones que había pagado Glencore por dicha participación.

Sin duda, este fue el momento de inflexión del proceso: la compra de Ecopetrol de la participación de Glencore e iniciar el proyecto, con CB&I como contratista, pero ajustando el tamaño y estructura de la refinería.

Con el paso de los años, Ecopetrol tomó conciencia de los mayores costos, la disyuntiva era en qué momento presentaba una reclamación ante CB&I. El gran temor de la petrolera era que, si llegaba a presentarla, se paralizara la obra. Por eso decidió esperar hasta el punto en que Reficar pudiera asumir la obra en el evento en que CB&I se fuera. En el último año y medio, tanto Ecopetrol como Reficar venían trabajando desde el punto de vista operacional y jurídico para atender el proyecto y abordar la resolución del conflicto.

De hecho, internamente en las juntas de las empresas se mencionaba que las investigaciones de los organismos de control alrededor de los costos llegarían, y con ellas los escándalos, “pero la única manera de soportarlos era con la refinería funcionando. Metidos en ese proceso, y con la Refinería al 60%, no se podía dejar a medio camino, porque hubiera sido un desastre. Otro elefante blanco para el país”, recuerda un asesor de la época.

Ahora, sin embargo, se viene para Reficar un proceso complejo. En su reclamación contra CB&I, la refinería argumenta retrasos que se le pueden adjudicar al contratista, por los mayores costos de algunas de las obras en la fase de ingeniería y construcción, problemas en el manejo de proveedores, baja productividad en el ritmo de ejecución y otras deficiencias en el manejo y preservación de los materiales, que explican gran parte de los aumentos en los costos de la obra.

La preocupación para Ecopetrol y Reficar es que su defensa se vuelva contradictoria, pues mientras en Colombia tendrá que explicar los sobrecostos y dónde los hubo, en Estados Unidos tendrá que contra-argumentar los sobrecostos en los que incurrió CB&I. “Se entrará en un proceso donde se van a definir ciertas conductas de parte de CB&I y los costos derivados de ellas. El problema es que la eventual defensa en Colombia vaya a ir en contra de lo que tiene que hacer en el proceso en el exterior”, explica un abogado cercano al caso.

Para otros, las investigaciones le van a generar más ruido al proceso de defensa de Reficar en un eventual tribunal de arbitramento. “Bajo las reglas de arbitraje, los informes y las investigaciones contra las cúpulas de Ecopetrol y Reficar son admisibles como evidencia”, agrega otro jurista.

Internamente, en Ecopetrol y Reficar consideran que es posible que haya sobrecostos, pero no de la cuantía denunciada por la Contraloría. El presidente Santos ha pedido claridad en la investigación y que si hay responsables sean llevados a la justicia. Por ahora, el debate está encendido, no solo desde lo jurídico y económico, sino también desde lo político, pues ya empezó la búsqueda de los responsables y las acusaciones van en todos los sentidos. La lección de Reficar es muy costosa.

Supersociedades somete a control a contratista de la Refinería de Cartagena

La Superintendencia de Sociedades sometió a control a la firma CB&I Colombiana, principal contratista del proyecto de ampliación y construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar). El control se decretó por una situación crítica de orden jurídico y financiero.

El control se decretó por una situación crítica de orden jurídico y financiero, para proteger los intereses económicos de terceros, preservar los bienes sociales y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

Esta es la medida más reciente de la entidad de vigilancia contra CB&I, hoy en el ojo del huracán por los sobrecostos de Reficar que, de acuerdo con la Contraloría General de la República, superan los US$4.000 millones.

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En 2012, la Superintendencia de Sociedades abrió una investigación contra la compañía porque no se había declarado la situación de control que había con Chicago Bridge & Iron Company B.V. sobre esta filial y la operación en Colombia. No demostró por qué no se había dado la declaración de registro y fue multada con $100 millones.

Posteriormente, a 31 de diciembre de 2014, CB&I se encontró incursa en causal de disolución porque presentó pérdidas que disminuyeron su patrimonio neto por debajo de 50% del capital suscrito. Las pérdidas superaron los $52.000 millones que afectaron el patrimonio hasta tornarlo negativo. La Superintendencia requirió a la compañía para que tomara las medidas tendientes al restablecimiento del patrimonio a fin de enervar la causal de disolución prevista.

En la última semana de enero, la entidad de vigilancia ordenó una investigación administrativa en las oficinas de la firma contratista. Y, finalmente, decidió someter a control a CB&I; es decir, la compañía es intervenida y le da a la Supersociedades un abanico de facultades muy amplio para actuar sobre ella como, por ejemplo, la imposibilidad de vender activos por fuera del giro ordinario de los negocios y remover a los administradores, entre otras.

Aunque la vigilancia sobre CB&I en Colombia ya la venía ejerciendo la Superintendencia desde hacer varios años, las alarmas se encendieron cuando la Contraloría advirtió en un comunicado de prensa que CB&I “se estaría yendo del país sin entregar toda la información” y que podrían incurrir en algunas conductas de carácter penal.

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