| 7/7/2016 12:00:00 AM

Los beneficios y costos que deja el acuerdo de paz

El acuerdo de paz tendrá importantes repercusiones políticas y económicas en el país. ¿Cuáles serán sus beneficios y sus costos?

El 23 de junio la imagen del presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc firmando el acuerdo de cese del conflicto fue la antesala de la entrada en vigencia del acuerdo de paz. Como este parece irreversible, es pertinente preguntarse qué beneficios y costos implicará.

Aunque no son estrictamente comparables, porque sus metodologías son distintas, los estudios sobre el aporte de la paz al crecimiento de la economía colombiana calculan un dividendo promedio de 1,4% del PIB, en un rango entre 0,3% y 4,4%.

En el más reciente, con base en un análisis de los casos de 36 países que tuvieron conflictos armados, 18 de los cuales en condiciones similares a Colombia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima la contribución de la paz a la expansión de la actividad económica entre 1,1% y 1,9% anual. Este bono elevaría la capacidad de crecimiento potencial de la economía colombiana de 4% a entre 5,1% y 5,9% anual.

El principal mecanismo que estimularía el crecimiento con el logro de la paz sería la mayor confianza. Ella aceleraría tanto el consumo, en 2,5% anual adicional, para llevarlo a incrementarse a un ritmo de 5,5% anual; como la inversión, cuya tasa se elevaría en 5,5% del PIB, para dejarla en 35% de este en una década. El aporte de la inversión extranjera directa aumentaría de 4,6% a 7,6% del PIB. La mayor demanda aceleraría el crecimiento, que aumentaría el ingreso por habitante en 54%. El mayor crecimiento tendría lugar con base en la expansión de los sectores agropecuario (1,4% anual adicional), industrial (0,8% anual) y de la construcción (4,4% anual). La aceleración de la actividad económica reduciría la tasa de desempleo en 1,3%.

El resultado del estudio del DNP implica un esfuerzo notable para la economía colombiana, que tendría que elevar su tasa de inversión a la magnitud que tuvieron algunos países asiáticos antes de la crisis de 1997. Además, debería incrementar el consumo de los hogares a las tasas que lo hizo en periodos de recalentamiento. Ambos incrementos lucen altos para que sean producidos solo por el optimismo motivado por la firma del acuerdo.

Para hacerlos posibles, el país debe esforzarse, primero, en incentivar la inversión por medio de un aumento notable y sostenido de su competitividad. Con ese propósito debe preservar la estabilidad macroeconómica y financiera, ampliar y mejorar la calidad de la infraestructura, incrementar la eficiencia de los mercados de bienes y de factores, ampliar la oferta de capital humano –mediante la provisión de una educación de óptima calidad–, mejorar sus instituciones –sin corrupción, con una justicia eficaz, sin obstáculos para la iniciativa privada y con un régimen tributario que no la desincentive– y acelerar la innovación y el progreso tecnológico. Luego, con base en la mayor competitividad, tiene que incrementar la productividad de sus factores para que su remuneración pueda aumentar de un modo sostenido, con el fin de elevar el consumo y la inversión.

Quizá la magnitud del esfuerzo genera escepticismo entre algunos analistas. El Bank of America Merrill Lynch y la comisionista Larraín Vial, por ejemplo, consideran que la paz en Colombia tendría un efecto marginal sobre el crecimiento (de 0,3% anual y de 0,5% anual, respectivamente). El bajo impacto se debería a que durante la última década el país habría obtenido la mayor parte del beneficio por la mejora de las condiciones de seguridad.

En ese periodo se incrementó de una manera apreciable la tasa de inversión, al amparo de la recuperación del orden público y la prolongada abundancia de ahorro externo, tanto por los excesos de liquidez en los mercados internacionales como por el auge de las materias primas, que estimuló la inversión extranjera en ese sector. Sin embargo, en opinión de esas firmas, después del optimismo inicial por la firma del acuerdo, el desbalance externo, la estrechez del presupuesto público y los bajos precios de las materias primas harían que los inversionistas extranjeros perdieran interés en Colombia. Por tanto, en el mediano plazo la expansión de la economía dependería más bien del tránsito a un patrón de producción menos concentrado en la extracción de materias primas.

Desde un punto de vista académico, Marc Hofstetter, profesor de la Universidad de los Andes, cuestiona que la paz tenga un efecto sostenido sobre la actividad económica, porque las tasas de crecimiento tienen baja persistencia en el largo plazo. Por este motivo, en el mejor de los casos el impulso de la paz sobre el PIB sería decreciente. Tampoco es probable que el dividendo de la paz sea de la magnitud prevista por el DNP, porque las tasas de crecimiento sectorial que implica capitalizar ese bono son incompatibles con la experiencia reciente de la economía colombiana.

Los costos

El cumplimiento de los compromisos del Estado tendrá unos costos difíciles de estimar de una manera precisa, porque se desconoce en detalle la totalidad de lo pactado. Algunos cálculos preliminares están entre 0,5% –que es el límite inferior estimado por el exministro Juan Camilo Restrepo– y 2,1% del PIB anual durante una década –que es el límite superior establecido por el DNP–.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2016 considera que la implementación del acuerdo requiere una inversión que se realizará de una manera paulatina dentro de los límites establecidos por la regla fiscal. Para ello se requiere una coordinación entre los niveles nacional y territorial, con el fin de priorizar el gasto de cada uno, para abrirles espacio a los nuevos compromisos del posconflicto. Muchos de los programas que están en ejecución ayudarán a cumplir lo pactado. Las fuentes de financiación serán los recursos del presupuesto general de la nación, del presupuesto de las entidades territoriales, del sistema general de participaciones, de regalías y del sector privado. En lo que se refiere al Gobierno Central, el MFMP considera que con una inversión que aumenta de 1,4% del PIB en 2018 a 2,5% del PIB en 2027, será posible llevar a cabo los programas que le permitan cumplir sus compromisos para el posconflicto.

Las autoridades consideran que con los ingresos adicionales contemplados en el MFMP y el reemplazo del cuatro por mil y de la sobretasa del Cree, se podrán financiar los gastos del posconflicto que le corresponden al gobierno, sin incumplir la regla fiscal. Esos recursos se deberán conseguir con la reforma tributaria estructural.

Al parecer, el esfuerzo de la economía colombiana para capitalizar el bono de la paz es exigente. Al mismo tiempo, para financiar sus costos, hasta el momento el Gobierno no considera necesario modificar la regla fiscal.

Lea también: La paz creará nuevos empleos y mejoras económicas según DNP

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?