| 1/21/2016 12:00:00 AM

Reclamaciones a las 4G arrancan antes que las obras

No se han iniciado en firme las obras de 4G y ya algunas firmas de abogados reportan las primeras reclamaciones de constructoras contra el Gobierno. ¿Qué pasa?

No se ha terminado de secar la tinta en los contratos de 4G y ya hay reclamaciones económicas de algunos constructores al gobierno nacional. Firmas de abogados, como Posse Herrera Ruiz, advierten que este tipo de procesos compensatorios ya están en curso y que eso podría afectar el ambiente actual en donde los créditos tienden a encarecerse y el nerviosismo se toma los fondos de inversión.

En ese contexto se pueden presentar varios escenarios. Un banco que ya haya garantizado un crédito podría congelar los desembolsos si las reclamaciones afectan el modelo financiero o paralizan las obras. Si el cierre financiero está aún en negociación, se puede presentar el caso de tasas de interés más altas o la exigencia de seguros y coberturas más complejas y onerosas. 

Según Alessia Abello, socia de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz, un ejemplo claro de este tipo de reclamaciones se da cuando cambian las condiciones físicas de una vía en un determinado periodo. Por ejemplo, en la etapa de estudios y licitación de un proyecto los técnicos determinan un monto para el mantenimiento o arreglo de una vía, dicha cifra puede variar al alza significativamente en el año en el que se negocia el cierre financiero y arrancan las obras grandes.

“Eso puede cambiar el modelo financiero y es objeto de reclamación”, cuenta Abello. Otros ejemplos claros de reclamaciones están atados al concepto de fuerza mayor. Si no se otorga una licencia ambiental a tiempo, si los predios presentaron demoras en la expropiación o si las redes de servicios públicos derivan en demoras y sobrecostos. No en vano los constructores tienen pánico cuando es necesario correr una red de Ecopetrol, comprar un predio del Estado o negociar con comunidades étnicas. Tres ejemplos recientes: el tubo madre del Acueducto en el deprimido de la calle 92; el tubo madre del viaducto en la zona de El Muña y el predio de un hotel en Chinauta, expropiado por el Estado en la vía Bogotá-Girardot. Todos representaron demoras y sobrecostos. Otros abogados consultados consideran que estas reclamaciones hacen parte de las estrategias de las constructoras para ganar tiempo y ampliar los plazos. “Cuando alguien tiene problemas para lograr el cierre financiero, una de las opciones es realizar una reclamación ante el Gobierno para ganar tiempo y no ser objeto de una sanción”, explica una fuente.

Para la ANI, los nuevos contratos de 4G incorporan mayores garantías económicas en caso de que el consorcio se quede sin dinero (liquidez) y revisiones periódicas en el caso que los recaudos de peajes sean inferiores a los previstos inicialmente. También se mejora la figura del amigable componedor para que solucione en cuestión de semanas o meses las controversias entre las partes. Incluso, ya hay fondos especiales para financiar los salarios y honorarios de este tipo de expertos calificados. Sin embargo, se siguen haciendo contratos de dos mil o más páginas, una situación que los mismos abogados califican de engorroso y poco práctico. “Entre más grande y extenso sea el documento, aumenta la posibilidad de error o multiplicidad de interpretaciones”, afirma Abello, de Posse Herrera Ruiz.

Ejemplo claro de ese argumento es que un parágrafo de uno de esos contratos prevé la instalación de pantallas LED para informar a los conductores sobre eventualidades en la vía. Sin embargo, nunca se detalló en qué momento de la etapa de construcción –que puede ser de 5 años– se deben instalar estos equipos. Queda claro que la ANI tomó algunas precauciones, pero también es evidente que no hay contrato perfecto y que vendrán reclamaciones, líos y hasta demandas.

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