| 8/19/2015 7:00:00 PM

Las 4G avanzan entre consultas previas y dudas por los cierres financieros

La primera ola del programa de 4G ya está anunciando los primeros cierres financieros. Qué podría pasar con las otras olas y qué retos tienen. Persiste la preocupación por las consultas previas.

El que primero se arrodilla, primero se confiesa, reza el adagio popular. Y parece que esto es lo que está sucediendo con el ambicioso programa vial 4G. Mientras los primeros nueve contratos viales (primera ola) se aprestan a realizar el cierre financiero, con el segundo y tercer paquete de contratos las cosas parecen muy distintas.

Mario Huertas Cotes, empresario ganador de tres contratos de 4G en sociedad con la constructora Meco de Costa Rica, salió adelante al sellar un acuerdo con Goldman Sachs (GS) y garantizar el financiamiento para arrancar obras el 1o de noviembre próximo. No se descarta que los bancos locales entren a última hora a participar con crédito en este cierre entre Mario Huertas y GS. Esas negociaciones avanzan.

Así mismo, en los próximos dos meses se espera que los demás consorcios de la primera ola de concesiones destapen sus cartas y revelen quién o quiénes los apoyan con recursos.

Según Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), estaría muy avanzado el cierre de la concesión Perimetral de Oriente, en donde participan la empresa de origen santandereano Grodco y la multinacional israelí Shikun & Binui. Estas dos compañías estarían trabajando muy activamente con el BID para lograr el cierre en las próximas semanas. 

También se afirma que la constructora Odinsa acudiría en este propósito a Bancolombia y que OHL de España adelanta negociaciones con el banco chileno Corpbanca. Con respecto a los dos contratos de 4G en los que participa el banquero Luis Carlos Sarmiento, no se han definido aún los montos y condiciones de financiación que podría brindar el Grupo Aval para estas obras. Se supo que al interior del conglomerado están abiertos a más opciones, incluso de la competencia. La mejor tasa de interés ganará.

Andrade cree que en la medida que se dé el cierre financiero del primer grupo de contratos, la segunda ola de concesiones tendrá un camino más despejado. De hecho, en el segundo paquete de obras –cuyas inversiones requieren $12 billones en nueve proyectos– podrían entrar en la ‘fiesta’ los fondos de pensiones, a través de los fondos de deuda.

El dolor de cabeza estaría en la tercera ola, en donde la liquidez de los bancos sería más estrecha y no hay certezas por parte del gobierno nacional frente a la programación de las vigencias futuras. “Estamos revisando con el Ministerio de Hacienda el mecanismo para financiar la tercera ola, esperamos tener noticias en los próximos días”, explicó Andrade a este medio. Ese tercer grupo de contratos, que se concentra en las vías más importantes de Santander y Norte de Santander, requeriría inversiones cercanas a los $14,7 billones.

Sin ‘community manager’

Pero no todo es plata. Algunos constructores y grandes jugadores del sector ven con preocupación la lentitud del Gobierno para solucionar el tema de las consultas previas con comunidades.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no solo debe lidiar por estos días con el nuevo marco regulatorio que se debe implementar para sacar adelante el proceso de paz. A este ‘chicharrón’ se suma el proyecto de ley estatutaria que debería llevar esta cartera al Legislativo y cuyo propósito es evitar que algunas comunidades del país se conviertan en el palo en la rueda para numerosos proyectos de infraestructura, incluido el más ambicioso de la historia, el 4G.

El tema no es de poca monta. Los constructores de carreteras están más que nerviosos porque mientras el Gobierno y el Legislativo han avanzado en solucionar líos como la compra de predios y las licencias ambientales, no le han metido mano al tema de las consultas previas, lo que puede representar problemas para los proyectos.

El tema ha subido al más alto nivel. El propio vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, sabe que el tema es tan importante como sensible para poner a toda marcha la locomotora en 2016. Por eso, hace unos días el alto funcionario le comunicó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, esta preocupación de los constructores. Sin embargo, la responsabilidad de sacar adelante un proyecto de ley estatutaria recae en el Mininterior, en donde parece que la velocidad es mínima.

La iniciativa –que se estaría preparando desde el año pasado, pero que reporta pocos avances– busca darle más respaldo y peso legislativo a un protocolo que expidió el Ministerio del Interior hace un tiempo, pero que no ha sido suficiente para evitar que algunas comunidades interfieran con el desarrollo de las obras. Lea también: Un nuevo episodio del dilema de los constructores de carreteras con las comunidades

El problema es que llevar una iniciativa de este tipo en pleno cierre de campaña política regional generaría choques innecesarios entre mandatarios locales-que entran a terciar en favor de las comunidades- y el gobierno central, presionado por los grandes constructores.

El Ministerio del Interior aseguró que “se encuentra en el proceso de estructuración de un proyecto que reglamente el procedimiento de consulta previa, instrumento aplicable a cada una de las comunidades étnicas del país y que con absoluta certeza respetará la cultura, usos y costumbres propias de cada una de esas comunidades”; sin embargo, no precisó fecha alguna para presentarlo.

Dinero también le preguntó al Vicepresidente de la República, quien dejó entrever que por ahora no hay interés en el tema. “Tenemos un protocolo que ha funcionado bastante bien”, dijo. Con respecto a las comunidades, Vargas Lleras aseguró que hay algunas que pretenden interrumpir la ejecución de las obras solicitando reivindicaciones que no tienen nada que ver con las inversiones que se están ejecutando.

Queda también claro que algunos de los fallos de las altas cortes se derivan de esa falta de regulación y legislación. Una Ley permitiría despejar cualquier duda.

Así las cosas, no le queda más camino al ministro Cristo que convertirse en una nueva versión de director de comunidades o community manager de la infraestructura. Eso será después del 25 de octubre, despés de las elecciones.
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