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Esteban Piedrahita, economista.

| 8/8/2013 4:00:00 PM

La pregunta del millón

Varios de los más importantes economistas de Colombia están divididos sobre lo que pasa con la industria nacional. ¿Alguien tiene la respuesta?

!La ola de desindustrialización” se ha vuelto uno de los tópicos de la discusión económica hoy. Analistas, empresarios y congresistas coinciden en señalar que en este sector algo está pasando y ese ‘algo’ es muy grave.

Economistas de la talla de José Antonio Ocampo han señalado que el país se ha desindustrializado a ritmos acelerados en la última década. El exministro de Hacienda, Abdón Espinosa Valderrama, asegura que “los indicios son inequívocos: baja la producción del sector 0,9%, bajan sus exportaciones 1,6%, baja la utilización de la capacidad instalada a 74,5% en el primer cuatrimestre”.

En ese mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Sergio Clavijo, para quien el gran desafío está en cómo enfrentar la principal de las causas de la desindustrialización: la llamada enfermedad holandesa.

El consenso parece ser absoluto. Sin embargo, el economista Juan Esteban Carranza, actual gerente regional del Banco de la República en Cali, se aleja de la unanimidad. Su estudio “Tamaño y estructura vertical de la cadena de producción industrial colombiana desde 1990”, contradice a todos los heraldos negros y señala que no es cierto que el valor agregado de la manufactura colombiana haya caído en la última década; advierte eso sí, que el país enfrenta un proceso de desaceleración coyuntural.

“Este es un problema semántico”, dice Carranza. “Lo que me causa curiosidad es que no se trata de las opiniones de nadie, porque ahí están las cifras para ratificarlo”. El Valor Agregado Industrial pasó de $26,7 billones en 2000, a $75,8 billones en 2011. Es decir, 183% más. Un promedio de crecimiento anual de 10%. El único año en que el Valor Agregado Industrial cayó fue 2009, justo después de la gran crisis mundial y en pleno cierre de la frontera venezolana.

Carranza ha recibido respaldo de académicos tan respetados como el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Esteban Piedrahita. Según él, lo de la desindustrialización es una “falacia”, pues entre 2001 y 2011 “las exportaciones industriales crecieron 229% y el empleo industrial 23%”.

Para completar, el ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, aseguró que en estos primeros tres años de Gobierno, el PIB industrial ha crecido 5%.

Según el alto funcionario, frente a las coyunturas específicas, el gobierno Santos ha estado activo. Por ejemplo, la reducción de aranceles y otros costos, más los recursos para líneas de crédito y apoyo a la innovación tecnológica le han representado a la industria ahorros por $1,9 billones. Solo la eliminación de la sobretasa a la energía representó un beneficio de $800.000 millones a la industria.

¿Quién tiene la razón?

Todos fundamentan su posición en las cifras, que parecen ser irrefutables para ambos lados de la polémica. Por eso, es necesario ir “con despacio” en el debate, porque lo que está en juego es mucho.

La primera afirmación clara es que el PIB industrial no hizo otra cosa que crecer hasta finales de 2011 y parte de 2012. En ese periodo, las manufacturas nacionales mostraron cabal salud: un crecimiento en términos reales en valor agregado, exportaciones y empleo –inclusive en medio de la más aguda revaluación y el cierre de exportaciones a Venezuela– es prueba irrefutable de ello.

Pero esto no puede negar otra realidad: la industria pasó de representar 18% del PIB a 13% en la última década. Para el Ministro Díaz-Granados, la explicación es aritmética y simple: otros sectores, como minas y petróleo, pero también los de servicios a las empresas, crecieron y esto hizo que la ‘participación’ de la manufactura en el agregado se redujera.

Ese es un problema, pues ante una eventual caída del PIB minero y petrolero, el país sufriría un choque. Pero no se puede concluir que el valor agregado por la producción industrial sea menor hoy que a comienzos del siglo XXI.

Lo otro que revelan las cifras es que, desde 2012, la situación se empezó a complicar: ya en mayo de este año, la producción industrial caía 3,1%, más de la mitad de los subsectores industriales mostraron retroceso, el empleo industrial se afectó y las ventas se mantuvieron estancadas.

Esa es una coyuntura complicada. Nadie puede negarlo. Y es lo que le pone el acento al anuncio del Gobierno de buscar medidas para ayudar a pasar el chaparrón. La revaluación, el elevado costo de insumos clave como la energía y la desaceleración general de la economía, experimentada durante el primer semestre de este año, parecen haberle dado un golpe a la producción industrial.

Por eso, las preguntas que todos se están haciendo son: ¿qué medidas implementar para enfrentar la desaceleración de la industria? y, ¿hasta dónde esta es la antesala de un verdadero proceso de desindustrialización?

Como medidas para enfrentar el problema coyuntural, el Gobierno tiene una baraja de opciones. El asunto es cómo reducirle costos a la industria: cero aranceles para bienes intermedios, aliviar cargas en energía y parafiscales y hasta subsidios al consumo son parte del catálogo.

Para analizar el tema de tarifas de energía, por ejemplo, en diciembre pasado se abrió convocatoria para la elaboración de un estudio sobre el tema. Ecsim, una fundación liderada por los investigadores Guillermo Vélez, Jaime Millán, Isaac Dinner y el profesor Frank Wolak, fue escogida para la investigación y los resultados ya fueron presentados en la Casa de Nariño. La idea central es que en Colombia las tarifas reflejan claramente la solidez del sistema energético y su confiabilidad.

El estudio compara lo ocurrido en otros países donde las tarifas aparentemente son más bajas, como Perú. Sin embargo, allí nadie está pagando por la confiabilidad en el sistema, lo que significa que en cualquier momento el switch puede fallar.

En otros países, como Corea, existen tarifas más bajas, porque el sector residencial de gas, por ejemplo, subsidia al industrial; en Colombia esta propuesta resultaría bastante impopular; más aun en pleno periodo de elecciones.

El otro asunto clave es impulsar ciertos sectores, como las ensambladoras y los autopartistas.

El ministro Díaz-Granados explicó que estas medidas están siendo estudiadas. Lo que tienen en firme es una línea de crédito a bajas tasas de interés y largos plazos de amortización para la industria de autopartes. Serían unos $50.000 millones.

Medidas como un nuevo régimen para la industria ensambladora y facilidades de crédito para la adquisición de vehículos son analizadas actualmente.

El Gobierno estudia el catálogo de opciones y las continuará anunciando. Pero es claro que esas medidas no parecen ser el remedio definitivo, pues el país ya avanzó en un proceso de franca apertura internacional. Cada empresario también tiene que hacer la tarea.

El Gobierno debe ir con pies de plomo, porque como lo advierte el ministro, la polémica de la desindustrialización puede politizarse. Ese es un caballito de batalla que le interesa a muchos en plena campaña y podría justificar nuevos esquemas de protección sectorial. Sin embargo, la administración Santos también tiene que estar atenta para actuar donde le corresponda, porque si deja avanzar a la desaceleración, muchos sectores podrían estar en riesgo. El Gobierno no la tiene nada fácil.

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