| 6/23/2016 12:00:00 AM

La controversia entre MinSalud y Novartis continúa

Presidente de Novartis asegura que no hay justificación para declarar su medicamento Glivec como de interés público. Niega amenazas desde el Congreso estadounidense y estudia el paso a seguir.

Los costos de la salud siempre han sido controversiales. Es innegable que la innovación para crear nuevos medicamentos cuesta mucho dinero y que quienes lo hacen deben recuperar su inversión y obtener ganancias. El dilema está en el tiempo que se les debe dar para dicha recuperación y rentabilidad.

Esa controversia ha estado en la discusión que comenzó hace varios meses entre el Ministerio de Salud y el laboratorio suizo Novartis, por su medicamento imatinib, que comercializa bajo la marca Glivec. El argumento es que el precio, aunque se había reducido, seguía elevado y el Gobierno buscaba intervenirlo. Se estima que el tratamiento anual de un paciente con Glivec en 2015 alcanzaba $47’540.160, mientras si se hacía con el producto competidor de menor costo el valor era de $9’234.720.

Al no llegar a un acuerdo, en un hecho sin precedentes en Colombia, el Ministerio de Salud declaró la existencia de razones de interés público frente al imatinib, para así fijarle un precio máximo de venta, el cual se establecerá a través de una metodología que simule condiciones de competencia.

María Cristina Álvarez, presidente del clúster Andino, Colombia, Perú y Ecuador de la multinacional, asegura que no hay razones para una declaración de interés público ni para una licencia obligatoria, pues el precio ha sido fijado unilateralmente por el Gobierno y ha sido reducido en dos oportunidades en los últimos tres años. Además, hoy tiene en el país uno de los precios más bajos del mundo. Manifiesta su enorme preocupación por esta resolución, que les fue notificada justo al cierre de esta edición, pues asegura que pone en peligro la innovación farmacéutica en el país. Estos son sus argumentos:

¿Por qué califica de injusta la declaración de interés público para el imatinib?

Porque pese a lo que se ha dicho, sí hay competencia en este medicamento. En general, las moléculas se presentan con dos formas: polimorfo beta y polimorfo alfa. Nosotros tenemos la licencia sobre el primero y por eso hay en el mercado otros imatinib que no infringen nuestra patente, pues trabajan con el polimorfo alfa. Además, no hay desabastecimiento del medicamento. Novartis lo ha suministrado sin interrupción desde 2001 y no hay barreras de acceso porque el medicamento está incluido en el POS.

¿Por qué dice que esta decisión crea incertidumbre en la industria farmacéutica?

Al no haber una razón para declarar interés público, hay una fuerte preocupación porque esa no puede ser la forma para forzar aún más la reducción de precio de un medicamento que ya estaba siendo controlado por el Gobierno. Crea una incertidumbre muy grande para toda la industria. Además, nos pareció inapropiado negociar con el Ministerio de Salud bajo amenaza de que iban a sacar una declaración de interés público y una licencia obligatoria. Sin embargo, nos sentamos en muchas oportunidades y entregamos opciones para solucionar este problema, entre las que estaba incluso la transferencia de tecnología, con la cual los productores locales podrían fabricar el medicamento con el mismo nivel de calidad, una vez se venza la patente.

Uno de los motivos de discordia es el hecho de que la SIC les negó la patente porque consideraba que Glivec no tenía tanta innovación y luego ustedes recurrieron al Consejo de Estado, lo cual implica una aprobación irregular, ¿qué tendría que decir frente a eso?

Glivec ha sido uno de los medicamentos más innovadores de Novartis, pues dio un salto cuántico en el desarrollo de moléculas para tratar el cáncer. Fue la primera terapia dirigida; es decir, que va directamente a las células que presentan la mutación y no a las células sanas. Es una molécula para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, que es un cáncer que afortunadamente no tiene una gran incidencia: son 2.000 pacientes en Colombia. Antes de Glivec, 70% de los pacientes con quimioterapia morían antes de los cinco años; después, 90% de ellos tiene expectativa de vida normal. Eso hace que este producto haya tenido patentes en más de 40 países.

Pero hay otros en donde no se las dieron, como la India…

Allá la negaron y fue un caso que dio muchas vueltas. En Colombia se pidió la patente en 1998 y se lanzó en 2001 sin patente, porque era un tema ético, tenía que estar disponible para todos los pacientes. En 2003, la Superintendencia negó la patente y, siguiendo los mecanismos regulatorios existentes, apelamos ante el Consejo Estado y este toma la decisión final. No es el único producto en Colombia con una patente que haya sido otorgada por el Consejo de Estado. Hay varios y no solo en el sector farmacéutico, también en el de tecnología. Así que es una patente legítima, sin nada oscuro detrás. Se pidió en 1998 y por eso se vence en 2018, los 20 años reglamentarios. El Consejo de Estado la da en 2012 hasta 2018, por lo tanto el disfrute de esa patente es de 6 años.

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Esta decisión es también una señal a otros países que estudian cómo ejecutar su política farmacéutica. ¿Es cierto que a Novartis le preocupa más esa señal exterior que el impacto en Colombia?

Sí, pues esta es una compañía global y cualquier país que toma una decisión de estas, que toca la innovación –que es el corazón de la industria farmacéutica–, genera preocupación. Novartis dedica a la innovación 20% de sus ventas mundiales y la forma de proteger y de promover la innovación es a través de las patentes.

Así como se dice que el Gobierno los amenazó con la licencia obligatoria, ¿ustedes amenazaron con el Congreso de Estados Unidos?

Hay mucha desinformación. Nosotros no amenazamos con el Congreso de Estados Unidos. Somos una compañía global y cualquier hecho que amenace la innovación genera inquietud a nivel global. No hacemos aportes a congresistas estadounidenses, sino a los comités de actividad política (PAC, como se les conoce en inglés) y lo hacen todas las empresas.{

Pero es innegable que una de las industrias que más aporta a esos PAC es la farmacéutica…

Eso puede ser, pero es legítimo y además no lo hace una empresa sola. Allá las compañías están obligadas a crear esos PAC para que sus empleados voluntariamente se asocien y, a través de eso, aporten a los candidatos de su preferencia. Es un tema transparente que no persigue ninguna injerencia indebida, más que seguir las reglas en términos de participación política.

¿Pero sí enviaron mensajes a la Embajada de Colombia en Estados Unidos?

Tal vez al embajador Pinzón alguien le manifestó su inquietud, lo que es normal, porque si uno habla hoy con alguien de Novartis o de la industria farmacéutica en cualquier país del mundo va a decir que está muy preocupado por lo que está pasando en Colombia. Eso es imposible de detener, pues cuando hay una preocupación tan grande alrededor de un principio fundamental de una industria se menciona en todas partes.

Una cosa es manifestar preocupación, pero otra decir que si la licencia obligatoria se declaraba, entonces ya no habría respaldo financiero al proceso de paz…

No puedo comentar sobre eso. Creo que fue una desafortunada conclusión que se da sobre un hecho que no tiene ninguna base. Me indignó cuando lo supe. No se debe mezclar un tema tan serio con algo que no tiene nada que ver.

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