Revista Dinero

Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia.

| 5/23/2012 6:00:00 PM

La otra cara

Aunque la reforma a las regalías es quizás el ajuste fiscal más importante de la última década, su complicada estructura deja maniatado al Gobierno frente al poder regional. Se podrían perpetuar los vicios de siempre.

El martes 21 de mayo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le puso su firma a la más importante reforma fiscal que se haya hecho en el país en la última década: la de regalías.

La importancia de esta nueva norma es que le mete mano a $9 billones con el objetivo de redistribuirlos y generar ahorro y mayor equidad. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, ilustró el logro señalando que la mermelada quedó bien distribuida en toda la tostada. Es una metáfora acertada: a partir de este año empezaron a llegar recursos de regalías a todo el país. Eso ya nadie lo pone en duda.

La historia del gasto de las regalías en el país y la gran cantidad de elefantes blancos y corrupción que rodearon estos recursos en las últimas décadas justificaron el ajuste.

Sin embargo, el diablo está en los detalles y por eso el país no puede cantar victoria. Tanto la reforma constitucional como la reglamentación que acaba de sancionar el Presidente mantienen zonas grises cuyos resultados no se verán sino hasta dentro de unos años. Aquí todavía pueden presentarse sorpresas desagradables.

El principal interrogante se refiere al nuevo tinglado electoral de la reforma; es decir, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) que son las “oficinas de gasto” de las regalías. Se trata de comités tripartitos donde tendrán representación gobierno central, alcaldes y gobernadores. Allí se definirá en qué se deben gastar las regalías. Son cinco Ocad: uno nacional, otro regional, otro departamental, otro municipal y uno para las ciudades de la ribera del río Magdalena.

Lo entreverado del asunto es el proceso de elección de los miembros de los Ocad y la manera como funcionará cada uno de ellos.

Para el Ocad Nacional, que distribuirá los más de $800.000 millones de Ciencia y Tecnología, deberán ser elegidos representantes de seis universidades entre públicas y privadas y siete gobernadores en representación del mismo número de regiones que identificó la nueva normativa.

El segundo Ocad, el Regional, manejará alrededor de $2,2 billones y distribuirá los recursos del Fondo de Compensación Regional y el de Desarrollo Regional; en este caso es necesario escoger cuatro gobernadores y nueve alcaldes.

El Ocad Departamental (uno por cada departamento), distribuirá $3 billones de regalías directas; allí, se deberá elegir a 10% de los alcaldes.

Finalmente, los Ocad municipales serán prácticamente 1.100, uno por cada municipio y contarán con la presencia de los respectivos alcaldes.

Obviamente, también habrá un Ministro u otro representante del Gobierno.

Este complejo esquema pone en evidencia dos cosas: primero, que serán necesarios nuevos procesos electorales para definir qué alcaldes y gobernadores llegarán a los Ocad. Y, segundo, como el gobierno nacional no cuenta con poder de veto, la sartén por el mango a la hora de asignar los recursos la van a tener los gobernadores y alcaldes que son mayoría en todos los triángulos de buen gobierno, como eufemísticamente los ha llamado la administración Santos.

Quienes piensan que el Gobierno volvió a centralizar los recursos de regalías están equivocados: la administración central será apenas un invitado más al banquete donde todos se reparten la mermelada.

Esto nos lleva a una conclusión: será necesario un refinadísimo equilibrio político para lograr que los recursos no terminen, como en el pasado, en una gran cantidad de obras regadas por todo el país, que tienen impacto local específico, pero ningún beneficio regional o nacional. Es decir, o nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son las verdaderas prioridades o el nuevo sistema de regalías lo único que va a lograr es replicar los errores del anterior, pero por toda Colombia.

Se supone que el blindaje de todo esto provendrá de los argumentos técnicos que se aplicarán a cada proyecto. Pero estamos frente a otro problema: el de una reglamentación específica para obras de alcantarillado, otra para las de acueducto, otra para los centros científicos o de investigación, una más para las carreteras, otra para las escuelas o los centros médicos, y un etcétera tan largo como tantos proyectos haya.

Esos argumentos técnicos aparentemente serán los únicos “poderes de veto” y control que tendrá el Gobierno. Por los demás, a la hora de asignar los recursos, la mayoría la tendrán alcaldes y gobernadores. Hasta el momento nadie sabe cuáles son esos criterios técnicos que van a blindar las regalías.

Así que lo único duradero en la nueva normativa sobre regalías es esa hojarasca de los Ocads que podría convertirse en una nueva realidad electoral para el país: cada cierto tiempo deberán ser elegidos los representantes municipales, departamentales y universitarios a los triángulos de buen gobierno. Es una nueva época de elecciones que le nace al país; con un presupuesto de $9 billones anuales como incentivo, llegar a los Ocad será la nueva –y legítima– aspiración política en las regiones.

La administración central, en consecuencia, tendrá que resolver un verdadero galimatías: cómo blindar técnicamente los proyectos y cómo ganarle la mayoría que por definición tienen las regiones.

Solo miremos el caso más complejo que es el triángulo de buen gobierno municipal. Allí habrá un representante del Departamento, otro del municipio y otro del gobierno nacional. Cada municipio que tenga asignaciones específicas deberá tener su propio Ocad: así que habrá 1.100 Ocad en Colombia, únicamente para este rubro. La pregunta que queda es cómo va a organizarse el Gobierno para lograr una presencia realmente participativa en cada uno de ellos: cada vez que se necesite habrá 1.100 reuniones para la asignación de proyectos; además, cómo garantizar que los dineros irán a los mejores proyectos.

Los triángulos de buen gobierno solo serán eficientes en la medida en que se superen los vicios de la vieja política. De lo contrario, servirán de combustible para el clientelismo puro.

La ley creó un blindaje que puede resultar muy aparatoso para enfrentar los vicios que busca erradicar. Y esa enredadera electoral podría convertirse en todo un problema para la ejecución de los recursos. Ese marco es completamente eficiente para determinar a dónde van los recursos. Lo que resulta difícil de creer es que tanto los procesos de elección en cada uno de los Ocad, como los procesos de selección de los proyectos van a ser eficientes y no se van a imponer criterios clientelistas.

La nueva reforma puede ser la solución a todos los problemas, si entre alcaldes y gobernadores se imponen criterios amplios, de alto impacto social y desarrollo regional. Pero también existe un enorme riesgo de que los triángulos de buen gobierno se conviertan en un botín presupuestal al que todos le quieran apuntar. El peligro es inminente.

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