| 1/21/2016 12:00:00 AM

La ley de Zidres apuesta por la productividad

La Ley de Zidres no resuelve los líos de titulación en Colombia. Ese tampoco era su objetivo. La nueva norma busca hacer productiva la tierra. La pregunta a resolver es si ese enfoque ayudará a superar los problemas del agro.

Bastante polémica y oposición ha desatado la aprobación de la ley de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) en el país. La razón es simple: la norma introduce una nueva manera de entender el problema de la tierra en Colombia. Si hasta el momento la solución a este conflicto era titular, esta norma apuesta por la productividad.

Así por lo menos lo entiende el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien tuvo la responsabilidad de impulsar el proyecto en el Congreso de la República y quien considera que desde esta perspectiva es que se debe abordar la discusión sobre los alcances del proyecto.

Según Vélez, la norma no les resolvió un problema jurídico a quienes, teniendo títulos en zonas como la Orinoquia, hoy enfrentan cuestionamientos por acumulación de la propiedad más allá de lo permitido por la ley o a quienes llevan varias décadas en la región pero no tienen títulos de propiedad. “Colombia, según la FAO, es el séptimo país con la mayor reserva de tierra para producir comida en el mundo. Esa es una responsabilidad enorme con la seguridad alimentaria mundial”, explica Vélez.

El funcionario insistió en que el proyecto de ley no se mete con los problemas jurídicos de la tierra en Colombia, sino que busca generar mecanismos que la hagan productiva. “La ley no le legaliza la posesión de tierra a nadie ni resuelve ningún lío jurídico”, enfatiza.

Las reglas del juego que establece la norma son para que, a pesar de los líos que tenga un terreno respecto de su titulación, haya incentivos para volver productiva la tierra. Eso es lo que no han entendido quienes se oponen al proyecto, asegura Vélez.

Para críticos como el senador Jorge Enrique Robledo, la ley les quita el derecho a los campesinos de titular sus tierras y se establecen mecanismos para que sea el gran capital el que la usufructúe. El Superintendente responde que eso no es cierto y que, por el contrario, la norma establece claramente que de ninguna forma una Zidres puede establecerse sin garantizarles a los campesinos propiedad. La meta es que sean los propios campesinos quienes se queden con la mayor parte del producido de la tierra.“Este es un proyecto de productividad, no de titulación de tierras. Queremos resolver este asunto impulsando la participación de todo el Gobierno”, aclara el funcionario.

Para ello, la definición de las zonas que operarán como Zidres no será una tarea aislada, sino del Ejecutivo en pleno; es decir, del Consejo de Ministros. El mecanismo para definir las Zidres es el siguiente. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) deberá realizar el estudio técnico para determinar dónde quedarán las Zidres. Para que una zona pueda ser designada como Zidres deberá reunir cinco requisitos: 1) que se encuentre aislada de los centros urbanos más significativos; 2) que demande elevados costos de adaptación productiva por sus características agrológicas y climáticas; 3) que tenga baja densidad poblacional; 4) que presente altos índices de pobreza o que carezcan de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos.

Cuando estas zonas hayan sido definidas, el Consejo de Ministros deberá aprobar no solo el listado de Zidres, sino programas específicos para acompañar su desarrollo. Por ejemplo, el Ministro de Transporte o la ANI propondrán proyectos de infraestructura para las distintas Zidres; el de Vivienda, proyectos habitacionales, o el de Hacienda, beneficios fiscales para las zonas.

Así las cosas, las Zidres no obligan a nadie a adelantar proyectos; por el contrario, busca atraer el interés, inicialmente de los mismos campesinos y, en segunda instancia, de los empresarios de la agroindustria para que desarrollen proyectos.

El Superintendente señala que si algún campesino poseedor u ocupante de tierra no quiere participar de las Zidres, nadie lo va a obligar. El funcionario insiste en dos temas: primero, que la ley claramente establece que se garantiza la seguridad alimentaria, esto significa que todo inversionista que participe deberá asegurar que la producción que origine el proyecto será para consumo prioritario en Colombia.

Y, segundo, ratificó que nadie que haya acumulado tierras podrá participar de las Zidres. De esta manera desestimó las críticas de quienes afirmaban que la norma establecía mecanismos para legalizarles la situación a propietarios de tierras con problemas jurídicos respecto de su titulación.

Según él, puede haber Zidres por todo el país y para desarrollar proyectos productivos en áreas agrícolas, forestales, piscícolas, ganaderas y hasta bancos de maquinaria.

Lo que este proyecto deja en claro es que el anterior esquema legal de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) es obsoleto, pues, por ejemplo, en la altillanura hay 70.000 familias que eran exitosas y no clasificaban para las UAF. Además, en muchas de esas zonas no hay campesinos ya que después de la titulación, decidieron vender sus tierras.

Hacer productiva la tierra resulta costoso: una UAF en Vichada tiene 1.500 hectáreas, y para volver productiva una hectárea se necesitan $7 millones y para hacerlo en toda una UAF serían necesarios $10.000 millones.

El Superintendente también destaca la discusión del proyecto. No solo se hicieron foros en distintas partes del país, sino que los partidos de oposición como el Polo y el Centro Democrático sugirieron propuestas que quedaron en el texto final. “70% del articulado se cambió en los foros. El proyecto final es muy distinto del original”, destaca Vélez.

“El Polo, por ejemplo, sugirió que no estaba bien que el proyecto obligara a mezclarse a ricos con pobres y esa obligación desapareció. De otra parte, quedó la propuesta de la senadora Claudia López de crear un fondo para comprarles tierra a los campesinos en la zona andina, que ya es productiva”, explica.

La posición de Vélez expresa el convencimiento que hay en el Congreso y en el Gobierno de que la nueva norma servirá para ponerle un nuevo enfoque a los problemas de la tierra. Por las críticas que se han suscitado (ver columna de Juan Manuel López en esta edición) la ley es cuanto menos un listado de buenos deseos. ¿Quién tiene la razón? Eso todavía está por verse.

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