| 11/28/2013 1:00:00 AM

Tras el rastro del dinero

La Contraloría se empeña en llegar al fondo del caso Saludcoop, el mayor desfalco en la historia de Colombia después de Foncolpuertos. Así le sigue la pista al dinero.

Quizá siempre queden cabos sueltos, pero el proceso de responsabilidad fiscal que acaba de ser fallado en el caso de Saludcoop por la Contraloría General es una de las investigaciones de mostrar en la historia de la lucha contra la corrupción.

La decisión, que por ahora representa solo la primera instancia, cobra vida en un expediente bien documentado, en el que las cifras probadas y las circunstancias corroboradas ponen en segundo plano las simples versiones de testigos.

Dinero presenta las principales claves del éxito de un proceso que, sin embargo, está siendo sometido a controles de segunda instancia.

La investigadora elegida
En 2008, la abogada vallecaucana Adriana María Posso se empeñaba, desde su anonimato, en sanear la organización EPS Coomeva, una de las más grandes del país en número de afiliados. Primero desde una oficina de control interno y luego como litigante, esta mujer le entregó a la cúpula de la entidad y a la Fiscalía las pruebas que demostraban que algunos de sus directivos se estaban lucrando indebidamente a través de redes de testaferros que manejaban las IPS proveedoras de los principales servicios de la entidad.

Sus investigaciones sobre el saqueo que sufría la entidad y, por su intermedio, el sistema general de salud, fueron tan a fondo que se convirtieron en los principales insumos para que el Grupo Especial contra el Lavado de Activos de la Fiscalía encontrara incluso que del entramado hacían parte empresas controladas por sectores mafiosos.

Nunca se supo qué pasó con los resultados de las investigaciones. En medio de presiones y amenazas, Posso se dedicó al ejercicio del derecho de manera independiente pero se quedó con algo que nadie podía arrebatarle: un conocimiento privilegiado del sistema de salud y de sus debilidades.

Hoy, un lustro después, su experiencia es capitalizada por la contralora General de la República, Sandra Morelli, para sacar adelante un proceso de responsabilidad fiscal cuyas proporciones solo son comparables con el que ha sido el mayor caso de corrupción en Colombia en términos económicos: el desfalco a Foncolpuertos.

Adriana María Posso es la actual contralora delegada intersectorial para la lucha contra la corrupción y desde ese cargo encabezó el equipo que acaba de fallar, en primera instancia, el caso Saludcoop.

No a versiones de oídas
A diferencia de lo que ocurre en los procesos penales, donde los perpetradores de crímenes terminan convertidos en testigos privilegiados, en este proceso de responsabilidad fiscal los testimonios han tenido un valor relativo y el peso probatorio ha descansado sobre documentos físicos e información contenidas en una especie de memorias criptográficas de los computadores.

En el expediente no hay, por lo menos hasta ahora, una sola cifra desvirtuada. Allí está, por ejemplo, la suma exacta de las bonificaciones que por “eficiente desempeño” cobró Palacino desde enero de 2005 hasta diciembre de 2010: un total $3.541’202.820.

Sus ejecutivos de confianza, Eugenia Mejía Serna, Alberto Castro Cantillo, Javier Sabogal Jaramillo y Carolina Lamus Becerra, cobraron por la misma cerca de $2.500 millones. “El desvío bajo esta modalidad –sentencia la Contraloría– consiste en el pago de bonificaciones a favor de los directivos de Saludcoop, por parte de la EPS con cargo a recursos del sistema, cuando ello no estaba permitido”.

Operación sin fronteras
A pesar de que la Contraloría ha visto restringida sus funciones de policía judicial y de que sus relaciones institucionales con la Fiscalía –que sí las tiene sin límites– no son las mejores, ha tenido el buen tino de apoyarse en el Banco de la República para seguirles la pista a dineros enviados a manos llenas al exterior.

Gracias al Emisor, el organismo de control fiscal supo que una de las fuentes de fuga de capitales, posiblemente birlados al sistema de salud, ha sido la sociedad Heon Health On Line, en la que Saludcoop tiene una participación del 94,66%. Esta compañía produjo un software que supuestamente ha sido comercializado en Ecuador, México, Panamá y Estados Unidos y hasta un destino insospechado: Afganistán.

Según el acta 88 de la reunión de junta directiva del 5 de febrero de 2002, la solución tecnológica fue presentada por la gerente del área, María Fernanda Isaacs. Desde entonces no hay evidencia de que haya sido aplicada con éxito en Colombia o en el exterior. Sin embargo, Heon la ha utilizado para justificar movimientos de dineros en el exterior.

Lo curioso del asunto es que en la contabilidad los giros de recursos a esos países están descritos como ‘comisiones’ u ‘otros’. Palacino ha dicho que, de resultar condenado fiscalmente en segunda instancia, no tendría un solo peso para pagar. Sin embargo, estos giros sugieren que maneja varias cuentas en el exterior.

El rastreo de esos recursos ha hecho necesario abrir nuevos frentes de investigación. La lupa está puesta actualmente sobre giros hechos por Saludcoop EPS OC a Coopseguros Ecuador S.A., empresa aparentemente constituida en Panamá.

Igualmente están en el radar las remisiones de recursos hechas a Saludcoop México S.A/CV perteneciente al grupo Saludcoop en 85,91%.

Rastros adicionales pueden ser ofrecidos por los registros sobre créditos obtenidos por el grupo Palacino en el exterior. Uno de los más representativos fue obtenido de manos del Exim Bank en Washington. Su monto total habría sido de US$16 millones y fue adquirido, según las “razones oficiales”, para importar, a través de una compañía Magna Medical de Miami, equipos para la dotación de clínicas en Barranquilla, Cali, Cúcuta y Villavicencio.

No descartar hipótesis
La Contraloría no considera que con la intervención ordenada por el presidente Juan Manuel Santos a comienzos de su mandato el proceso de saneamiento de Saludcoop haya sido automático. Por el contrario, su delegada para el sector Social recibió instrucciones para investigar si en la actualidad los activos que fueron adquiridos con recursos del Sistema General de Seguridad Social están siendo transferidos a terceros vinculados o no con el grupo empresarial.

Si bien la Procuraduría ya falló disciplinariamente el caso y le impuso una larga inhabilidad a Palacino para ejercer cargos públicos, la Contraloría decidió enviarle copias de toda su actuación. Las pruebas reunidas no solo sugieren la existencia de faltas disciplinarias hasta ahora desconocidas, sino que indican que altos servidores públicos podrían salir salpicados. Aún está pendiente, por ejemplo, el juicio de responsabilidades a los funcionarios que desde la Superintendencia de Salud vigilaban a Saludcoop cuando se producía el saqueo a la salud.

Las acciones disciplinarias podrían involucrar a funcionarios de la propia Contraloría que, en opinión de su actual titular, prácticamente se pusieron al servicio de los intereses de Palacino. Las sospechas en este campo cobijan a personas que trabajaron para el entonces contralor Julio César Turbay Quintero.

Otros organismo cuya tarea en la época de los hechos puede quedar en entredicho es la Superintendencia del sector Solidario, ya que varias cooperativas, subyugadas ante el poder de Palacino, vieron esfumarse, pasivas, los dineros de sus asociados.

El contraataque
Las investigaciones aún no terminan. Según funcionarios de la Contraloría, será fundamental establecer ahora qué papel jugó en la crisis de Saludcoop una institución prestadora de servicios de salud en la que el grupo Palacino llegó a tener una participación superior a 96%. Se trata de la Corporación IPS de Saludcoop.

En su edición 434, Dinero sintetizó una denuncia penal presentada por el hoy exinterventor de Saludcoop Mauricio Castro Forero contra Luis Felipe Cano, actual representante legal de la IPS y contra miembros de su junta directiva. Castro los acusó de haber tomado por asalto la junta porque, según él, la Asamblea que deliberó poco después de la intervención de Saludcoop decidió revocarles el mandato.

Cano reaccionó de inmediato y, en una comunicación dirigida a la revista, dijo que no han encontrado mérito para proceder en su contra y que la denuncia penal es fruto de la retaliación de una persona que la IPS a su cargo ayudó a remover del cargo al comprobarse que estaba actuando irregularmente.

“Soy yo –señaló Cano– el que estoy impulsando, por intermedio de mi apoderado, el inicio y desarrollo de esa investigación para esclarecer la realidad de los hechos y para que se castigue penal, disciplinaria y administrativamente al señor Castro por su falsa denuncia”.

Contra Castro cursa actualmente un proceso por los posibles delitos de calumnia y fraude procesal en la Fiscalía 79 Seccional de Bogotá, Unidad de Delitos contra el Orden Económico.

Castro y los demás miembros de la junta rechazaron también la acusación de que ellos sean “peones de brega” de Palacino en un aparente intento por retomar el control del grupo.
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