| 10/12/2017 12:01:00 AM

Las revelaciones de la huelga de Avianca

Declarar legal o ilegal una huelga de trabajadores es un proceso jurídico lento que pone contra las cuerdas a las empresas. El caso de Avianca ha puesto en evidencia el estado de cosas en materia de conflictos laborales.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá al declarar ilegal la huelga de los pilotos de Avianca puede ser considerado como una victoria para la aerolínea; sin embargo, se trata de una victoria pírrica.

Cuando un conflicto entre los trabajadores y una compañía no se resuelve a través de un acuerdo, el proceso se convierte en un duro camino para las empresas: la declaratoria de la huelga solo puede ser contrarrestada por la decisión de un Tribunal Superior –que en este caso particular ya la declaró ilegal–. Sin embargo, luego de conocido el fallo en esta instancia, la decisión final sobre la declaratoria de legalidad de una huelga debe ir a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia que resolverá el conflicto de manera definitiva.

El impacto de este proceso es contundente para las empresas. Las pérdidas de la aerolínea, según estimó el presidente de Avianca, Hernán Rincón, son de entre US$2 millones y US$2,5 millones, cada día.

Si se tiene en cuenta que, en lo referente a este caso, la rama judicial le ha dado la razón a la compañía, vale la pena preguntarse si el expediente de la declaratoria de huelga se está convirtiendo no en el ejercicio de un derecho fundamental de los trabajadores, sino en una carta más que los sindicatos juegan en su estrategia de presión.

Recomendado: Huelga de pilotos genera una pérdida neta diaria de US$1,5 millones: Bancolombia

El país ha enfrentado procesos de discusión obrero-patronal históricos: la huelga de Bavaria de 1998, la huelga de Ecopetrol de 2004 y recientemente las huelgas de Drummond y Cerrejón de 2013 en la que los trabajadores lograron sus objetivos reivindicatorios. En Colombia la huelga funciona. Pero esto no debe verse fuera de contexto: la huelga es un expediente extraordinario y, en consecuencia, las condiciones y las reglas para convocarla deben ser precisas y claras. Por lo visto en Avianca, el estado de cosas actual en lo que se refiere a este derecho de los trabajadores tiene unas zonas grises que juegan en contra de las propias compañías y, al final del día, de los mismos trabajadores.

El país ha avanzado mucho en los últimos años en el nivel de garantías legales para los empleados y los sindicatos. De hecho, la firma de tratados de libre comercio implicó, por ejemplo, que el Partido Demócrata en Estados Unidos exigiera una dura normativa y controles contra formas ilegales de contratación, como el uso abusivo de la intermediación laboral.

Esto es lo que explica que venga creciendo cada año el número de sanciones por abuso de las figuras de intermediación laboral. Así, las autoridades siguen cumpliendo su tarea en materia de protección de los derechos de los trabajadores.

De otra parte, haber cambiado la manera como se declara la ilegalidad de una huelga es también una exigencia de los estadounidenses para aprobar el TLC. Así que, si ahora un juez (en vez del Ministerio de Trabajo) debe decidir sobre la ilegalidad de una huelga, es un triunfo del sindicalismo. No estamos en una época en la que la agremiación laboral esté amenazada, sino en una época en la que el sindicalismo se ha fortalecido y cuenta con garantías para defender los legítimos derechos de sus afiliados. Eso es muy bueno para un país. Sin embargo, no se trata de un estado de cosas perfecto.

¿Sindicato mayoritario?

De nuevo, lo que vale la pena discutir es si lo conveniente para que un trabajador logre una nueva reivindicación es poner contra las cuerdas a la empresa para la que trabaja.

Puede interesarle: Huelga de pilotos de Avianca es ilegal: Tribunal Superior de Bogotá

“Todo esto se origina en varias situaciones legales que se han venido modificando y que están siendo utilizadas por los sindicatos y centrales obreras para su beneficio. La declatatoria de ilegalidad estaba en cabeza del Gobierno y eso se cambió y se pasó ahora a la justicia laboral”, explicó la abogada laboralista Saida Quintero.

Según explica, si bien este esquema es más garantista, porque no es el gobierno de turno el que decide la legalidad de una huelga, “eso tiene una dificultad práctica que es la demora: la justicia laboral tiene unos términos y esos términos deben ser cumplidos”.

Los hechos mismos están explicando el asunto: tuvo que pasar casi un mes para que el Tribunal Superior se pronunciara y, al cierre de esta edición, todavía no se sabía cuándo lo haría la Corte Suprema de Justicia. El resultado es de casi US$15 millones en pérdidas para la aerolínea, casi dos meses en interinidad operativa, miles de usuarios afectados por la cancelación de sus vuelos y sectores clave como la hotelería y el turismo con menores ventas por cuenta del paro.

En los casos de otras huelgas, la decisión de los trabajadores también ha dejado pérdidas y ese es el resultado natural de toda parálisis laboral.

Pero lo que está quedando en evidencia es que una huelga se convierte en un eficaz mecanismo de presión, aún cuando sea ilegal; el paro debería quedar como expediente para los casos en los que está completamente justificada: es decir, cuando el sindicato tiene representatividad mayoritaria (a él está inscrita la mitad más uno de los trabajadores) y cuando no se trata de un servicio público esencial (ver recuadro).

Sobre el primer aspecto no debe haber debate: un sindicato es más poderoso en cuanto mayor cantidad de empleados tenga afiliados. Ahí radica su poder de convocatoria.

Lea también: Colombia emplaza a pilotos de Avianca a nombrar su árbitro para tratar huelga

En el segundo aspecto hay muchos vacíos. La declaratoria de huelga es un derecho fundamental de los trabajadores que afecta la operación de las empresas. Por eso es necesario equilibrar las cargas para que, si se hace inevitable un paro, esa decisión se ajuste a la legalidad desde un principio.

Nadie pone en tela de juicio el derecho que les asiste a los trabajadores de parar sus labores. Sin embargo, es necesario resolver las dudas que deja el caso de Avianca, porque es claro que también se pueden llegar a cometer injusticias contra las empresas.

Trámite engorroso

Antes de declarar una huelga, los representantes del sindicato deben agotar el proceso de negociación directa con los representantes de la empresa. En caso de no alcanzar un acuerdo, el sindicato debe preguntarles a sus afiliados si votan la huelga.

Aquí es donde la salida se vuelve entreverada, porque la huelga solo es legal si el sindicato es mayoritariamente representativo y no pertenece a ningún servicio público esencial. Si ello no ocurre, la única salida es el tribunal de arbitramento.

Esto tiene sus peros para las empresas. Primero, porque hoy no están claramente identificados todos los servicios públicos esenciales y, segundo, porque consultarle a un juez sobre la legalidad de un paro es un trámite demorado (mínimo dos meses entre las dos instancias). Así, esta garantía se vuelve un incentivo para que los trabajadores se inmovilicen aun en el caso en que sea ilegal el paro.

Cuando el paro se declara ilegal, la firma puede tomar acciones legales contra los promotores de la huelga, lo que implica la posibilidad de despedirlos. Si el paro es legal, la empresa debe volver a la negociación con los trabajadores.

Recomendado: Pilotos de Avianca rechazan tribunal de arbitramento para dirimir paro

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 527

PORTADA

Ranking de las marcas más poderosas en las redes sociales 2017

Las redes sociales se han convertido en un medio de interacción de las empresas con sus audiencias. Invamer y Dinero entregan los resultados de cómo las gestionan 100 de las principales marcas del país.