| 10/2/2013 6:00:00 PM

La gran estafa 2

En lo corrido del año, la Supersociedades ha intervenido seis empresas por captar recursos de forma ilegal. Dinero revela la historia hasta hoy inédita de Link Global, una ‘pirámide’ que dejó en el limbo más de $16.000 millones.

En la tarde del pasado miércoles 25 de septiembre, justo a la hora acordada, un selecto grupo de abogados penalistas llegó a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. El motivo de su encuentro no era otro que discutir –bajo la lente académica y frente a un nutrido auditorio- cada una de las aristas relacionadas con el delito de captación masiva y habitual de dineros en Colombia. Un creciente fenómeno del que, por lo visto, ya no solo se ocupan las autoridades y los medios de comunicación sino que ahora aparece en los primeros renglones de las agendas académicas del país.

Pero, ¿a qué se debe el inusitado interés de nuevos sectores por escrutar los recovecos de esta fraudulenta actividad? La razón está contenida en un solo argumento: durante los últimos cinco años, la captación ilegal ha crecido en el país como nunca antes. A tal punto que, en lo corrido de 2013, la Superin-tendencia de Sociedades se ha visto obligada a intervenir seis compañías –constituidas al menos por 100 personas naturales y jurídicas- dedicadas a concentrar millonarios recursos del público en medio de un manto de ilegalidad.

Los nombres de las empresas intervenidas a estas alturas resultan más que familiares para algunos: Rentafolio Bursátil, José Leonel Torres Cortés, Industrias Metálicas Floreña, Varosa Energy S.A.S. y Gestión Patrimonial S.A. De hecho, en ediciones pasadas, y a lo largo de cuatro entregas, Dinero reveló precisamente la existencia de Varosa Energy S.A.S, y Gestión Patrimonial. (ver ediciones 420 “Otra pirámide más”, 423 “¿Otro David Murcia?”, 427 “Se cayó la pirámide” y 430 “La gran estafa”).

En la más elemental de las aritméticas, si se suman los dineros ‘amasados’ por cada una de estas firmas, el resultado superaría con creces los $250.000 millones que hoy tienen contra las cuerdas a los directivos de la comisionista Interbolsa.

Y aunque se trata de una multimillonaria partida, lo más preocupante de todo es que aún es susceptible de seguir creciendo por cuenta de las pirámides que todavía no han sido desenmascaradas. En especial, aquellas que no paran de reinventarse y de buscar nuevas carnadas para seducir a sus víctimas.

Dentro de ese grupo de aireadas captadoras ilegales de dineros, periodistas de esta Revista lograron reconstruir el caso inédito de Link Global S.A. Una estructura empresarial que en menos de cuatro años despojó a más de 300 inversionistas de $16.900 millones.

Esta es su historia.


Un ‘tumbe’ global
El pasado mes de abril, con el ánimo de adelantar una inspección rutinaria, un equipo de la Superintendencia Financiera llegó a las oficinas de Link Global S.A. Una compañía dedicada entonces a negociar activos financieros, entre otras, con las cooperativas Fun Luz y Esperanza, Cohabitat, Coveteranos, Coopredicol y la Cooperativa de la Fuerza Pública.

Al cabo de la diligencia, los delegados de la Superfinanciera advirtieron que la operación económica de Link Global gravitaba en torno a dos pasos: el primero, comprar pagarés-libranzas a las cooperativas en mención por un valor pactado (ver recuadro: qué son los pagarés-libranzas). Y el segundo era vender dichos documentos a terceras personas por un costo superior al inicial. Un negocio redondo, pero hasta ahí permitido por la ley.

Las alarmas de los inspectores empezaron a encenderse cuando pudieron establecer que Luis Carlos Crispín Velasco, representante legal de Link Global, de un momento a otro decidió concentrar sus operaciones de compra de pagarés-libranzas en tres de las cooperativas en discusión: Fun Luz y Esperanza, Cohabitat y Coveteranos.

Con la primera, (Fun Luz) Crispín realizó 23 transacciones por $3.815 millones y a cambió recibió pagarés por valor de $5.369 millones. Con la segunda (Cohabitat) hizo tres operaciones de fondeo representadas en los famosos pagarés por $1.219 millones, pero pagó tan solo $650 millones. Y, finalmente, a Cooveteranos le compró una cartera incorporada en pagarés por $260 millones pero desembolsó $200 millones.

Acto seguido, y apoyado por un equipo de sus asesores comerciales, Crispín puso en venta esa millonaria cartera pero, por supuesto, a un costo mucho mayor al que en su momento pagó por adquirirla. De buena fe, más de 300 inversionistas aceptaron negociar con él y, sin dudarlo, le entregaron sus excesos de liquidez a cambio de recibir los títulos-libranzas y rendimientos anuales superiores a 15%.

La tramoya, no obstante, se vino a pique cuando un manojo de incautos inversionistas dejó de percibir los dividendos prometidos. Pero la debacle llegó cuando otras de las víctimas ni siquiera recibieron el documento que respaldaba la adquisición de los pagarés-libranzas.

“De acuerdo con los registros de la compañía (Link Global S.A.), se pudo determinar que suscribió con sus inversionistas 989 contratos calificados como ‘contrato de compraventa de cartera’, de los cuales al cierre de diciembre de 2012, la sociedad registraba como vigentes un total de 543 contratos por $20’493.852 en cabeza de 305 acreedores”, se lee en un aparte de la resolución 0882 de la Superfinanciera.

No obstante lo afirmado en el documento del órgano de vigilancia, al revisar los registros extracontables de la compañía de Crispín se desprende que el monto realmente captado de forma ilegal fue de $16.905 millones. Cifra por la que hoy no paran de reclamar, a todo pulmón, las víctimas.

En relación al caso Link Global, solo quedan por decir dos cosas: que la compañía fue intervenida hace pocos meses por la Superintendencia de Sociedades y que por estos días Luis Carlos Crispín Velasco estudia un plan de pagos con el único propósito de resarcir a sus víctimas. Por lo pronto, todas piden que se haga justicia.
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