| 11/28/2013 12:00:00 PM

Más y más pirámides

Dinero revela la historia inédita de la Sociedad Planeación Financiera Integral S.A. (PFI), una empresa que captó de manera ilegal más de $18.000 millones del público.

Una de las grandes conclusiones a las que llegarán las superintendencias de Sociedades y Financiera, tan pronto finalice el año, estará relacionada con el preocupante incremento que ha sufrido el delito de captación ilegal de dineros en el país. No es casualidad que durante 2013 la Supersociedades haya tenido que intervenir a más de un centenar de personas naturales y jurídicas, precisamente por dedicarse a esa comprometedora actividad.

Pero lo más inquietante para los organismos de vigilancia tiene que ver con el hecho de que este apogeo de nuevas ‘pirámides’, viene girando en torno a una sofisticada figura tendiente a la compraventa de títulos valores. Bajo esa ‘moda’, más de $50.000 millones fueron recaudados en los últimos tres años, de manera fraudulenta, por firmas como Gestión Patrimonial o Link Global, tal y como lo dio a conocer esta revista en su momento (ver ediciones 430, La gran estafa y 431, La gran estafa 2).

Los casos de estas dos entidades, sin embargo, no son los únicos que se han regido por ese modelo. La Sociedad Planeación Financiera Integral S.A. (PFI), hasta hoy desconocida, también convenció a 194 personas de destinar sus excesos de liquidez a la compra de títulos. En una extensa resolución de la Superintendencia Financiera, puede leerse que, mediante esta maniobra, la firma captó $18.978 millones del público de manera irregular.

Su historia parece calcada de esas entidades que han prometido el oro y el moro a sus víctimas. Todo comenzó entre los días 4 y 17 de junio, cuando por orden del Superintendente Delegado para Intermediarios Financieros de la Superfinanciera una comitiva de investigadores se dedicó a escudriñar los archivos contables de PIF. Al cabo de la diligencia, lo primero que establecieron los funcionarios fue que, entre otras actividades, la compañía tenía sus baterías enfiladas a la compraventa de títulos que denominaba “pagarés-libranza”.

A renglón seguido, los investigadores descubrieron que la empresa adquiría dichos pagarés a tres cooperativas: Coopservinco, Fondemilcoop y Serincoop, las cuales agremian a funcionarios y pensionados de entidades estatales. Con los títulos en la mano, el siguiente paso de Fany Rodríguez Chacón, representante legal de PIF y de Luis Carlos Prieto Morris, su subgerente, consistía en venderles esa cartera a los particulares con una atractiva promesa: intereses efectivos de 12% o hasta 16% mensuales.

En poco tiempo, como suele suceder con estas captadoras en sus etapas tempranas, los inversionistas empezaron a recibir los dividendos pactados. Las cosas, no obstante, comenzaron a derrumbarse cuando los incumplimientos de PIF se convirtieron en pan de cada día. A tal punto que hoy, según la resolución 1988 de 2013 de la Superfinanciera, “la Sociedad PFI S.A. en virtud de la suscripción de contratos denominados ‘contrato de compraventa de cartera’, al 31 de marzo de 2013, reporta en la cuenta de orden acreedora, respecto de 138 inversionistas, obligaciones por un valor de $23’162.892.596”.

Por lo pronto, el pasado 30 de octubre, la superintendente delegada para la supervisión institucional (e), Luz Ángela Barahona Polo, ordenó a PIF, bajo el apremio de imponer multas sucesivas de hasta 500 salarios mínimos, la suspensión inmediata de sus actividades. En cuanto a las víctimas, su único anhelo es recuperar los millones que hoy duermen en el limbo.
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