En una frase que se ha convertido casi en adagio popular, el
exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez dice que la gente ya lo olvidó por
sus absoluciones pero que aún lo recuerda por sus condenas. Una sentencia que
hoy podría ajustarse a la medida exacta del actual procurador general,
Alejandro Ordóñez, quien ha ventilado su interés por ser reelegido y sabe
perfectamente que llegó la hora de ‘vender’ el rostro con el que mejor lo
puedan recordar. Con mayor razón en este momento, cuando su periodo está por
terminar y empiezan a barajarse nuevos nombres para reemplazarlo.
Unos mencionan a Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte
Suprema de Justicia y, para muchos, el alfil de Germán Vargas Lleras. Otros
advierten que el Consejo de Estado le estaría apostando a uno de sus
magistrados. Y hay quienes están convencidos de que el elegido será
exclusivamente el candidato que proponga el presidente Santos.
Conjeturas que mientras no sean resueltas abren la puerta
para afirmar que, por lo pronto, el único aspirante a dirigir el Ministerio
Público es el mismo Ordóñez. Su suerte, sin embargo, está condicionada: debe
ser candidatizado por la Presidencia, la Corte Suprema o el Consejo de Estado.
Al fin de cuentas, son esas tres instituciones las responsables
constitucionales de conformar una terna y después enviarla al Congreso, donde
finalmente se dice la última palabra.
Bajo ese panorama, la duda que hoy ronda dentro de los
círculos de poder es más que razonable: ¿será factible ternar a Ordóñez y
reelegirlo? Para empezar, hay que considerar aspectos tanto jurídicos como
políticos, y entender cómo pueden mover sus hilos las Cortes y el Presidente.
Por el lado de la Corte Suprema, las posibilidades de que lo
postule son casi nulas. Básicamente, porque tiene en sus manos 59
investigaciones contra el actual Procurador, de las cuales 41 están en curso.
Esa razón sería suficiente para que en las entrañas de la Corte haya varios
impedimentos para tenerlo dentro de sus cálculos.
Las cosas en el Consejo de Estado tampoco lucen viables.
Primero, porque hace cuatro años fue esa misma corporación la que postuló a
Ordóñez. Y, segundo, porque como dicen popularmente, se trató de una
designación por carambola. En ese momento, la primera opción de los magistrados
era el excongresista Darío Martínez Betancourt, quien luego de ganar –en una
apabullante votación– prefirió retirarse. Así, por descarte, los togados se
vieron obligados a darse la pela por el segundo en las votaciones que fue ni
más ni menos que Alejandro Ordóñez. Eso quiere decir que difícilmente volverían
a jugársela con la misma ficha.
En ese orden de ideas, el único que tiene vía libre para
incluirlo en la terna es Juan Manuel Santos. De hacerlo, la mesa de unidad
nacional en el Congreso entendería su decisión como una orden entre líneas que
garantizaría de inmediato la reelección del fiscalizador. “Lo que percibo es
que el Procurador tiene una amplísima simpatía en el Congreso. Eso lo puede
advertir cualquiera de los ternadores. Por eso, si el Presidente quiere que su
candidato sea elegido, seguramente debe tener en mente a Ordóñez”, le dijo a
Dinero en una extensa charla, Roy Barreras, presidente del Senado.
Sobre los hombros de Santos parece estar recayendo todo el
peso de la elección del nuevo Procurador. La decisión que tome no solo afectará
su propio gobierno sino que podría poner en entredicho sus lineamientos
liberales y progresistas. ¿Debería, entonces, ternarlo?
Lo que está en juego
En un reciente artículo, el portal de internet La Silla
Vacía, elaboró un listado de 10 razones por las cuales, según sus editores, no
es conveniente para Juan Manuel Santos incluir a Ordóñez en la terna. Dicen,
por ejemplo, que de tomarlo en cuenta se aumentarían las suspicacias sobre
componendas entre las ramas del poder. También anotan que sus actuaciones en
materia de parapolítica no son contundentes, mientras que su dedo acusador ha
sido implacable con personalidades de izquierda como Piedad Córdoba. Y, entre
otras cosas, señalan que ha entregado cuotas en su despacho a congresistas que
podrían reelegirlo.
Todos esos son los temores que genera el talante de Ordóñez.
Muchos lo tildan como el radical de ultraderecha más influyente y poderoso de
la historia moderna del país. Le reprochan sus convicciones religiosas y su
moral conservadora que lo han llevado a contrariar sentencias de la Corte
Constitucional como la que tiene que ver con la viabilidad del aborto en casos
excepcionales.
Y es ese, precisamente, el otro motivo que podría jugar en
contra del Presidente si llega a considerar a Ordóñez. El motivo es simple:
Juan Manuel Santos es un político de tradición liberal y así lo ha demostrado
durante su mandato. Por eso, al apostarle a la reelección del Procurador
enviaría un mensaje en el sentido de que estaría inclinándose hacia una
concepción del Estado radicalmente conservadora y ortodoxa.
Además, le estaría sirviendo en bandeja una oportunidad de
oro a Ordóñez para acrecentar el poder que ya ostenta y su innegable injerencia
en la Casa de Nariño. Sobre ese tema, Cecilia Orozco Tascón, en su columna de
pasado 7 de agosto en El Espectador, fue contundente: “A Santos no le falta
sino postular a Ordóñez para que continúe otros cuatro años en su silla. Y,
cuando lo haga, habrá terminado de transferirle su poder a un gemelo de su
antecesor. El Presidente estará, entonces, liquidado en mitad de su periodo,
catatónico, porque tiene pánico de enterrar el relato de Uribe”.
Entonces, si las cosas son tan adversas, ¿cuál podría ser el
sexapeal de Ordóñez que seduciría a Santos? La respuesta apunta en una sola
dirección. Al Presidente le conviene tener al Procurador de su lado porque sabe
que hoy por hoy está investigando a dos de sus Ministros más importantes:
Germán Vargas Lleras, por presuntos vínculos con los paramilitares, y a Miguel
Peñaloza, por haber contratado con el Estado mediante una empresa familiar.
Nada más inoportuno para él que la destitución de alguno de sus hombres de
confianza en la actual coyuntura.
Aunque el periodo del Procurador termina el próximo 31 de
diciembre, el nombre de los candidatos a dirigir el Ministerio Público tendrá
que conocerse cuanto antes. De hecho, el pasado 9 de agosto, Roy Barreras les
envió una carta a las Cortes y al Presidente en la que les recuerda la
necesidad de conformar la terna a más tardar en octubre. Así pues, mientras
llega ese día, el llamado es para que los ternadores, en el momento de
seleccionar a los candidatos, antepongan sus calidades profesionales y no los
intereses y las componendas políticas.