Revista Dinero

Con el nuevo POT, Gustavo Petro le apunta a replicar experiencias internacionales para ponerle punto final a la segregación.

| 11/7/2012 9:00:00 AM

Juntos y revueltos

El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) busca que ricos y pobres vivan en una misma zona de la ciudad. ¿De qué se trata la propuesta y qué tan viable es?

El pasado 1 de noviembre, la Administración de Gustavo Petro radicó ante el Consejo Territorial de Planeación la modificación del POT de Bogotá. Un proyecto que se venía gestando desde épocas de Samuel Moreno y que finalmente empezará a ser discutido durante los próximos días por expertos, ciudadanos y diversos gremios. La idea es que a comienzos del próximo año llegue a manos del Concejo Distrital, que tendrá la última palabra en este espinoso tema.

En líneas gruesas, lo contenido en esta nueva modificación del POT no es otra cosa que una especie de hoja de ruta para desarrollar la capital en materia urbanística durante las próximas décadas. Dentro de sus planteamientos aparecen, por ejemplo, políticas como la de revitalizar y redensificar el denominado centro ampliado de la ciudad (que va de la calle 100 a la calle 1 y de los Cerros Orientales a la Avenida Boyacá). La idea es llenar esta zona de la ciudad con nuevas construcciones de gran altura, para concentrar en ella un mayor número de habitantes.

Para Gerardo Ardila, secretario Distrital de Planeación, “se trata de una apuesta para construir ciudad, sociedad y, sobre todo, ponerle punto final a la segregación que por años ha estado presente en Bogotá”.

Ese es, precisamente, uno de los ejes centrales del nuevo POT: que puedan cohabitar personas de diferentes estratos socio-económicos en esa zona de la ciudad. En otras palabras: que ricos y pobres puedan vivir en una misma cuadra de la ciudad.

Cuestión de equidad

Para empezar, se trata de un modelo bastante común en ciertos estados de Estados Unidos y algunos países de Europa. Ciudades como Londres, por ejemplo, tienen políticas de no segregación que obligan a mezclar en un mismo barrio a ricos con indigentes y personas de bajísimos recursos. Lo mismo sucede en zonas como Manhattan, en Nueva York, en donde es común encontrar edificios de personas muy adineradas en donde conviven también profesores y profesionales con menores niveles de ingresos. La ciudad “subsidia” a estos últimos a través de descuentos en los impuestos prediales.

Hacer eso en Bogotá es mucho más complicado. Primero, porque en estas latitudes las amplias brechas entre ricos y pobres hacen que la discriminación y el clasismo sea mucho más radical. Sociedades como la bogotana son de las más excluyentes y clasistas del planeta, y por eso echar a andar una apuesta como esta no es nada fácil.

El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial dice que cuando los constructores decidan hacer cualquier proyecto deberán destinar un porcentaje de su valor total a la construcción de vivienda de interés social (VIS) o prioritario (VIP). Los rubros son claros: 20% durante un año, que empieza a correr desde el preciso instante en que quede reglamentado el POT. Y 30% del segundo año en adelante.

En palabras de Ardila, los constructores tendrán tres alternativas para destinar dichas cantidades. La primera consiste en entregar el porcentaje dentro del mismo predio. Es decir, sobre un terreno deben distribuir una parte para estrato alto y la otra para VIP. La segunda sería trasladar el porcentaje correspondiente hacia el centro ampliado y construir allí la vivienda popular. Y, en el último caso, los constructores tendrán la opción de darle al Distrito su porcentaje en dinero para que este compre el suelo y construya.

Según María Mercedes Maldonado, secretaria de Hábitat, la zona dispuesta en el centro ampliado para materializar esta ambiciosa propuesta comprende 11.500 hectáreas. Dentro de ellas, la idea es promover proyectos de máximo 1.000 viviendas de pequeña y mediana escala diseminadas para “que podamos lograr unas mayores condiciones de mezcla social a nivel espacial”, remata la funcionaria.

Y, aunque se trata de una apuesta de largo aliento, para el año que entra el proyecto, según Maldonado, ya cuenta con $200.000 millones de recursos distritales que, no obstante, deberán ser aprobados por el Concejo.

Dinero puso sobre la mesa esta nueva política de la Administración de Gustavo Petro entre exalcaldes de Bogotá, concejales y gremios para conocer sus diferentes puntos de vista. Como era de esperarse unos la defienden a capa y espada y otros la critican duramente. Estas fueron sus opiniones.

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