Cerca de 400 inversionistas del Fondo Premium de Curazao respaldaron una estrategia jurídica diseñada para reclamar sus dineros ante las autoridades de la isla antillana, pese a que recibieron pruebas según las cuales buena parte de su inversión habría sido desviada hacia compañías de los empresarios colombianos Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado y Rachid Maluf Raad.
Su decisión fue adoptada por “razones prácticas” expuestas durante una reunión en el hotel Cosmos Insignia, promovida por el bufete de abogados Rodriguez -Azuero. A los asistentes les fue expuesto un informe según el cual eventuales reclamaciones ante la justicia colombiana resultarían engorrosas, ya que los inversionistas deberían ser reconocidos inicialmente como “víctimas”.
Este requisito, según los abogados, no existe en Curazao donde la legislación sobre la materia es más expedita y respalda posibles acuerdos para que los clientes de una entidad en crisis reciban al menos un porcentaje de sus depósitos iniciales. Los asesores jurídicos les garantizaron a los afectados que la recuperación oscilaría entre el 50 y el 75% de la inversión.
“La urgencia que la mayoría de ellos tienen por recuperar al menos una parte del dinero del cual dependían para su subsistencia, los llevó a aceptar una fórmula que parece pragmática”, le dijo a Dinero uno de los asistentes.
El informe sobre el posible desvío de los recursos hacia empresas de socios de InterBolsa y de los promotores de la creación del fondo produjo indignación pero no sorpresa. “Ya nos habíamos enterado, aunque tarde, que nuestra plata fue utilizada por ellos de manera engañosa y sin miramiento alguno frente a la buena fe de quienes fuimos sus clientes”, añadió otro de los inversionistas.
Sin embargo, todavía no están claras las implicaciones jurídicas que tendría en Colombia que la reclamación se hiciera en Curazao, ya que, aun así, tendrían la obligación de declarar dentro de las investigaciones penales y administrativas que están en curso.
Además, el hecho de que una jurisdicción extranjera se ocupara de atender la reclamación no supondría que las autoridades colombianas se inhibieran para investigar a los responsables del más grande descalabro bursátil de la historia reciente del país.