| 4/27/2017 12:01:00 AM

Inversiones de Colombia en el Salvador no están tan a salvo

El Salvador entró en default para el pago de sus pensiones y con ello disminuyó aún más su calificación y, de paso, puso en riesgo las millonarias inversiones que allí tienen empresas colombianas.

Una pelea interna entre los dos principales partidos políticos salvadoreños, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) –en el poder– y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) –en la oposición– está impactando en Colombia y no solo desde el punto de vista político, ahora que el país está en fase de posconflicto, sino también y, principalmente, en el lado económico.

Centroamérica en general y El Salvador en particular se han convertido en mercados muy atractivos para los empresarios colombianos que han visto allí una buena plaza para expandir sus negocios.

Bancos, empresas de textiles, grupos de vivienda, laboratorios, industria de plástico, hoteles y aerolíneas son algunas de las firmas colombianas que están apostando por esta economía de US$26.000 millones y 6,2 millones de habitantes que, además, registra un PIB per cápita de US$4.463 (US$1.118 menos que el de Colombia).

Sin embargo, las buenas perspectivas de la economía salvadoreña, que este año crecería entre 2,5% y 3% –gracias a que ha podido importar petróleo más barato, ha recibido más remesas y registra una baja inflación– está en medio de un descalabro financiero, pues el país empezó a incumplir sus pagos, lo que llevó a que las calificadoras Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s le redujeran más su nota y lo pusieran en el mismo nivel de Venezuela, Grecia y Congo.

El problema estalló el pasado 7 de abril, cuando El Salvador entró en default; es decir, incumplió en el pago de sus Certificados de Inversión Previsional (CIP), unos títulos que emite el gobierno desde 2006 para financiar las pensiones a cargo del Estado y que son adquiridos por los fondos de pensiones privados.

El impago fue consecuencia del bloqueo del partido Arena en el Congreso, al negarse a votar para autorizar la emisión de al menos US$70 millones para pagar los CIP y otras obligaciones pensionales.

“Esta situación es gravísima y de incalculables consecuencias para la Nación, provocando una baja en las calificaciones de riesgo y el aumento de tasas de intereses para todas las personas y empresas salvadoreñas que tienen créditos”, aseguró el gobierno, presidido por el dirigente del FMLN Salvador Sánchez Cerén. Agregó que el impago es “responsabilidad exclusiva” del partido opositor, que tiene 35 de los 84 escaños del Congreso.

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Un tema político

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, dueño del Banco Agrícola, que es el más grande de El Salvador, dice que su posición en el país centroamericano es muy sólida, con indicadores buenos de cartera vencida y de rentabilidad. La situación actual la atribuye a un conflicto político más que económico. “En nuestro caso particular el desempeño es muy bueno y la cartera vencida en El Salvador está por debajo del promedio del Grupo Bancolombia”, dijo a los medios el ejecutivo, al tiempo que reiteró que en sus planes está consolidar la operación en Centroamérica, que incluye entidades en Panamá, El Salvador y Guatemala.

No obstante, las calificadoras de riesgo sí consideran que los bancos que operan en El Salvador podrían tener algún impacto tras el default en el que incurrió el país y, por eso, también les bajaron su calificación. Moody’s redujo la nota del Banco Agrícola (el de Bancolombia) de B1 a B2, lo que para la calificadora implica que sus obligaciones tienen alto riesgo crediticio.

Otra agencia calificadora, Fitch Ratings, también le bajó la nota al Banco Agrícola y al Banco Davivienda, filial del colombiano del mismo nombre; los pasó de BB- a B-, indicando que sus finanzas están muy propensas a los cambios económicos.

En la comisionista Alianza consideran que la fuerte presencia de la banca colombiana en El Salvador hace que así sean entidades muy sólidas a nivel patrimonial, es difícil que sean inmunes a la crisis. Además de Bancolombia y Davivienda, allí también está presente el Banco de Bogotá a través de su filial Banco América Central (BAC Credomatic).

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“Un aumento en el riesgo crediticio implica el pago de una mayor prima en su deuda y, a mayor riesgo, mayor el costo de financiamiento. Además, el impago de las obligaciones pensionales tiene un efecto directo sobre el consumo de las personas, impactando negativamente a futuro la calidad de la cartera, en general, y las principales cuentas de los establecimientos financieros (menor probabilidad de recobro, mayores provisiones y menor utilidad)”, sostiene un reporte de Alianza.

Cisne negro

Actualmente, la cartera de El Salvador representa casi 5% de la cartera consolidada de cada uno de los 3 bancos colombianos. “Cuando las entidades nacionales realizaron estas inversiones no contaban con este cisne negro en sus proyecciones financieras, lo que sin duda termina afectando el retorno esperado en dichas inversiones y generan un ‘dolor de cabeza’ para las Juntas de estas entidades, lo que no sabemos es la intensidad del dolor”, reiteran en Alianza.

Además de los bancos, que son los primeros que sienten los cambios en las calificaciones de riesgo de un país, en El Salvador está Avianca, por su unión con Taca; EPM, que en 2011 adquirió la Distribuidora de Electricidad del Sur; el fondo de pensiones Protección, que es dueño de la AFP Crecer, con una participación de mercado de 47,1%; la cadena de hoteles Decameron y el Grupo Sura, que es dueño de la aseguradora Asesuisa, entre otros.

El hecho de que El Salvador fuera un país que en el pasado tuvo un conflicto interno similar al nuestro, así como un fuerte peso de la economía agrícola hacía que los inversionistas colombianos sintieran que allí sabían cómo manejar los riesgos, pues eran similares a los de su mercado doméstico, con lo que no contaban era con un default; una situación que hasta ahora no se ha dado en Colombia.

Lo más contradictorio del caso es que ahora, un gobierno de izquierda, como el de Sánchez Cerén, es el que ha salido a calmar a los inversionistas. “Lamentamos la preocupación que se ha causado a nuestros inversores y somos conscientes de los efectos de este problema, pero garantizamos que no se verán afectadas otras obligaciones”, le dijo a Bloomberg el ministro de Finanzas Carlos Cáceres e insistió en que el default es temporal y resultado de un desacuerdo político.

Ojalá se resuelva pronto la crisis de este país, donde los colombianos han invertido más de US$700 millones en la última década, y también nos sirva de ejemplo para que la polarización política no lleve al país a extremos, como la pérdida de su calificación.

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