| 8/21/2013 6:00:00 PM

Iniciativa billonaria

De aprobarse la Ley que busca darles cárcel a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, la rama judicial tendría que asumir un costo de por lo menos $3 billones adicionales a su presupuesto. ¿Se justificará entonces tramitar la iniciativa?

Desde el preciso instante en que el joven Fabio Salamanca –tras conducir en avanzado estado de embriaguez– ocasionó la muerte de dos mujeres y condenó a un taxista a vivir el resto de sus días postrado en una silla de ruedas, las propuestas en torno a la suerte que deben correr los conductores ebrios en el país no se han hecho esperar.

Unos, como la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, se aventuraron a lanzar la hipótesis de la extinción de dominio a los vehículos conducidos por borrachos. Otros, menos radicales, están convencidos de que la solución está en generar cultura social entre consumidores y expendedores. Y, finalmente, surge la postura de aquellos que ven en la privación de la libertad la mejor opción para ponerle ‘tatequieto’ a quienes usualmente mezclan la gasolina con el licor.

A la luz de las doctrinas del partido Mira, la alternativa de la cárcel parece ser la más viable. Al punto que sus miembros radicaron hace pocos días en el Congreso un proyecto de Ley encaminado a darle hasta 37 años de prisión a quienes insistan en manejar bajo los efectos del alcohol. La iniciativa, al tiempo que desató un vendaval de críticas entre algunos sectores, recibió sonoros aplausos en otros.

Pero más allá de las reacciones encontradas, lo cierto es que las implicaciones fiscales que acarrearía la aprobación del proyecto de Ley en el corto plazo serían multimillonarias. Por un lado, la estructura administrativa del Sistema Penal Acusatorio requeriría de la incorporación de 4.500 nuevos fiscales especializados que le costarían al presupuesto público más de $270.000 millones al año.

El procesamiento y juicio de los detenidos por mezclar el alcohol y la gasolina demandaría, tan solo en Bogotá, la habilitación de 5.000 nuevas oficinas, entre despachos de los operadores judiciales y salas de audiencia, construidas sobre un espacio equivalente a dos veces al tamaño del complejo de Paloquemao, de acuerdo con cálculos hechos por Jorge Perdomo, vicefiscal general de La Nación.

La incorporación de nuevos equipos de investigadores y las nuevas obras de infraestructura tendrían que ir acompañadas de un fortalecimiento de la planta de profesionales y técnicos del Instituto de Medicina Legal. Un estudio, aún preliminar, elaborado por la Dirección Nacional de Fiscalías, señala que sería necesario disponer de recursos adicionales por $1,2 billones.

Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, pide no olvidar que la apropiación de recursos públicos en caso de que prospere una reforma al Código Penal incluiría también la construcción de nuevos centros de reclusión. “El estado actual de hacinamiento en las cárceles sería uno de los mayores obstáculos para la aplicación de la posible reforma legal”, sostiene.

Las estadísticas del Inpec apoyan su percepción. El hacinamiento bordea el 54%. En los 142 establecimientos de reclusión, sumadas cárceles y penitenciarías, hay más de 41.000 presos. Recientemente hizo carrera una frase de su director, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, según la cual para que haya cárcel para tanta gente es necesario construir un penal cada mes. 

Es por ello que en el evento de que cada conductor ebrio detenido en flagrancia termine en la cárcel, las estadísticas se alterarían dramáticamente. Y la explicación es simple: entre el primero de enero y el 30 de julio último fueron sancionadas 35.601 personas por esa razón y los accidentes asociados a dicha conducta han causado 253 muertes en lo corrido del año.

Manzana de la discordia

Así las cosas, de ser aprobado el proyecto de cárcel para conductores ebrios, probablemente se repetiría una historia no muy grata del pasado. Tiene que ver con el momento en que la inasistencia alimentaria se convirtió en una conducta penal y, por cuenta de ello, el hacinamiento de los centros de reclusión sufrió un incremento cercano a 30%. No en vano, durante el último año se produjeron 15.000 detenciones por esta tipicidad.

Sin embargo, los amigos de penalizar a los borrachos al volante y establecer para ellos penas que no contemplen el beneficio de excarcelación tienen razones de peso. La principal es que se está enviando un mensaje de impunidad cada vez que un juez de garantías estima que el conductor causante de una tragedia no constituye un peligro para la sociedad. 

Por el lado de quienes se oponen abiertamente a la cárcel, preferirían jugársela por una baraja de tres alternativas menos drásticas. La primera sería apostarle a subir el costo de las multas para disuadir a los potenciales transgresores de la Ley. La segunda, incrementar el pie de fuerza de la Policía de Tránsito para garantizar un mayor control de los infractores. Y, finalmente, condenar socialmente a los conductores ebrios. Esa condena, por mencionar tan solo un par de ejemplos, consistiría en vetarlos laboralmente o incluir antecedentes comprometedores en sus hojas de vida. 

En manos de los padres de la patria está el futuro de este debate tan sensible que, ahora más que nunca, ha acaparado la atención de los medios y, por supuesto, de la opinión pública. Ojalá, independientemente de cuál sea la decisión final, prime la necesidad de tomar correctivos sensatos y no se antepongan los intereses políticos o las componendas partidistas. No hay que olvidar que se trata de una controversia que surge en medio de la calentura electoral.
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