| 5/26/2016 12:00:00 AM

¿Habrá futuro para el petróleo en Colombia?

Los hidrocarburos en Colombia aportan 5% del PIB, 25% de la inversión extranjera y 40% de los ingresos por exportaciones. ¿Se mantendrá su importancia en el futuro?

La caída de los precios de los hidrocarburos desde 2014 disminuyó los ingresos por exportaciones, desmejoró la cuenta corriente, deterioró los términos de intercambio, redujo los ingresos públicos y desaceleró el ingreso nacional en los países que los exportan. Debido a ello forzó un ajuste con implicaciones desfavorables para la actividad económica y la inflación.

Los menores precios también comprimieron la rentabilidad del sector, por lo cual sus firmas recortaron 22% la inversión alrededor del mundo en 2015. La menor inversión en el sector disminuye la capacidad de crecimiento de las economías en el mediano plazo, porque frena la acumulación de capital. Además, obstaculiza su expansión en el corto plazo, porque reduce la demanda.

El descenso de la rentabilidad también dificulta atraer capital extranjero. Por este motivo el año pasado el flujo de recursos externos a esta rama en Colombia (US$3.063 millones) se redujo 35,3%, con lo cual causó dos quintos de la caída de 26% en la inversión extranjera directa.

Este descenso preocupa porque el país requiere ahorro externo para financiar su déficit en la cuenta corriente y su tasa de inversión. También necesita inversión extranjera para sostener la producción de hidrocarburos, cuyo estancamiento no aporta al crecimiento. La contribución del capital extranjero ayuda a prolongar la autosuficiencia petrolera, que solo durará 6,4 años.

Para enfrentar los bajos precios, ampliar las reservas y la producción de los hidrocarburos, el Gobierno tomó algunas medidas: autorizó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a ajustar los contratos de exploración y explotación; extendió los beneficios de la tabla de regalías variables por volumen de extracción a los contratos de producción incremental que incorporen reservas, y estableció la posibilidad de pactar ampliaciones de los términos y extensiones de los plazos de exploración.

Además, dispuso la oportunidad de trasladar inversiones de exploración no realizadas a otra área de interés de los contratistas. Permitió equiparar la duración de la exploración y la producción de los contratos costa afuera anteriores a 2014 con la estipulada en los de la Ronda Colombia. Por último, con el objeto de promover los contratos de evaluación técnica, introdujo la factibilidad de que las actividades adicionales al programa exploratorio sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos de la primera fase del contrato de exploración y producción.

Pero en opinión del sector privado aún faltan acciones audaces para mejorar la rentabilidad del sector. La primordial es brindar estabilidad jurídica y tributaria a los inversionistas, cuya confianza peligra con la revocatoria de la licencia ambiental para exploración del bloque Serranía, en La Macarena.

Se requiere también agilizar las licencias ambientales. Como propuso el exministro Guillermo Perry, hay que coordinar a la ANH con las autoridades ambientales para que los inversionistas tengan certeza de dónde se puede o no explorar y extraer hidrocarburos.

Otra necesidad expresada por el sector privado es mejorar la infraestructura de transporte y reducir sus costos.

Se deben ordenar las consultas previas con las comunidades, con el fin de que no constituyan un obstáculo para la exploración y explotación de los hidrocarburos, ni un mecanismo de chantaje para reclamar obras y recursos que deben estar en cabeza del Estado,.

Por último, hay que replantear la participación del Gobierno en el ingreso del sector (government take), que en Colombia es alta.

Existen varias maneras de obtener ingresos públicos de la producción de hidrocarburos. Una de ellas es imponer un tributo con una tasa determinada sobre las utilidades. Con el supuesto de costos constantes, la magnitud del tributo depende del precio, que determina los ingresos y las utilidades de las compañías. Otra forma son las regalías. En este caso, los incrementos del precio disminuyen en términos relativos el importe de las regalías para las compañías, mientras que las disminuciones lo aumentan.

También se pueden obtener recursos públicos por medio de la participación del Estado en la producción. En la práctica, el Gobierno obtiene ingresos mediante una combinación de estas modalidades.

En la coyuntura actual, los bajos precios reducen los ingresos, las utilidades y la rentabilidad del sector e incrementan la carga de las participaciones fijas del Estado, como las regalías y los tributos que gravan los acervos. Estas participaciones fijas son más onerosas ahora, de modo que desalientan la inversión en el sector.

Por estas razones, es urgente repensar el esquema de participación del Estado colombiano en los ingresos del sector. Este tema se debe incluir en las discusiones de la reforma tributaria. La tributación en Colombia está recargada en las firmas, que son gravadas con tasas elevadas para los estándares internacionales y con algunos tributos poco técnicos. Esta mezcla hace demasiado pesada su carga tributaria, desestimula la inversión y deteriora la competitividad de la economía.

También contribuye a que la producción de hidrocarburos en el país sea costosa. Además, comprime la rentabilidad de la inversión en el sector en la coyuntura actual de bajos precios, justo cuando se requiere lo contrario para incrementar la exploración en el corto plazo y las reservas, la producción y los ingresos por exportaciones en el mediano plazo. Por tanto, la viabilidad de la industria petrolera en Colombia depende de manera crucial de la modificación del government take.

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