| 8/18/2016 12:00:00 AM

¿Gas Natural Fenosa y Electricaribe protagonizarán una demanda internacional?

La notificación de Gas Natural Fenosa de una reclamación sobre la operación de Electricaribe puede terminar en una demanda internacional. Esto cambia los planes, enrarece la relación y podría dificultar una solución.

Hace pocas semanas se conoció una notificación que hizo Gas Natural Fenosa, dueña de Electricaribe –empresa que presta el servicio de energía a 7 departamentos de la Costa Atlántica y atiende cerca de 23% de ese mercado en el país–, al gobierno colombiano para que en un plazo de seis meses se logre una conciliación entre las partes que solucione las dificultades que tiene la compañía, pues aducen que la regulación no reconoce las inversiones que han realizado y las que deben hacer para garantizar un buen servicio.

Si no se logra tal conciliación, lo que sigue es una demanda internacional que presentaría Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano, al amparo de los acuerdos de protección a la inversión que tienen Colombia y España y del tratado de libre comercio que está vigente entre los dos países. La noticia llega justo cuando ambas partes estaban buscando soluciones que rompieran el círculo vicioso en el que está hoy envuelto el servicio en la Costa Atlántica: una baja calidad porque no hay inversiones; no hay inversiones porque el recaudo se está cayendo y el recaudo se está cayendo porque el servicio es de mala calidad.

La presentación de la notificación para abrir la ventana de conciliación es una regla nueva dentro de la discusión y, a juicio de algunas personas cercanas al proceso, impuso una restricción y ha generado ‘una mordaza’, porque cualquier cosa que se diga por fuera de la mesa de negociación podría tener impactos en una potencial demanda. Así, se rompió la dinámica que se traía y, según las mismas fuentes, las partes se pararon de la mesa en que se estaba negociando hasta que se instale esta nueva instancia.

La empresa está en una situación muy complicada. Electricaribe atiende 7 departamentos, más de 2,6 millones de clientes, 400.000 de ellos en barrios subnormales; sus pérdidas técnicas y no técnicas están en 21%, cuando en el país este indicador se ubica en promedio en 10%. Además, los índices de recaudo vienen mostrando un deterioro progresivo y preocupante: en 2009 se recaudaba 95% de la cartera, en 2015, el indicador se había reducido a 84,5%. La gente, azuzada en muchos casos por los políticos de la región e indignada por el mal servicio, no paga las tarifas. Por pérdidas técnicas, la empresa deja de recibir $285.000 millones y ha dejado de recaudar $500.000 millones en total. Esto afecta la calidad del servicio: el año pasado la luz se fue por 94 horas –en Colombia, el promedio es de 40 horas– y 88 fue el número de veces que se dieron los cortes.

Además, las obligaciones no dan espera y tiene que atender la deuda con el sector financiero, el pago al mercado mayorista de energía y las pensiones, entre muchas otras erogaciones. Esto ha hecho que la caja se apriete y las dificultades financieras de la empresa sean mayores, dejándola sin margen de maniobra para invertir. De hecho, una de las preocupaciones es que no atiendan a tiempo sus pagos al mercado mayorista que podría llevar a cortes en la energía.

Además, uno de los argumentos de Electricaribe es que las deudas no solo vienen de los usuarios residenciales e industriales, sino también del sector público. Para hacer las inversiones, entre otras cosas, la empresa le exige al Gobierno que le pague $400.000 millones por el consumo de barrios subnormales; $150.000 millones de entidades públicas que no han pagado sus facturas de luz y una cartera vencida de $124.000 millones; además, pide un cargo de distribución más alto que remunere las inversiones.

La otra versión

Mientras tanto, quienes critican a Electricaribe dicen que la firma no ha cumplido con los planes de inversión que le corresponden. Esto es así, mientras el Gobierno avanza con más de 30 proyectos en la región. La empresa –según los compromisos a junio del año pasado, ratificados a principios de este año– apenas lleva un cumplimiento de 14% de las inversiones estimadas en $1,1 billones. A juicio de algunos técnicos, si no se hacen estas inversiones, las regionales y territoriales no serán suficientes para mejorar la calidad. Además, algunos expertos consideran que la empresa está asumiendo que el Gobierno es acreedor solidario de todos los usuarios que no pagan la factura, lo cual –de acuerdo con ellos– no es cierto desde el punto de vista legal.

Según distintas fuentes consultadas por Dinero, la discusión está centrada en cómo se le exige al inversionista –no Electricaribe, sino Gas Natural Fenosa– que haga el esfuerzo de capitalizar o de garantizar sus deudas, o de generar créditos convertibles en acciones o utilizar mecanismos que permitan apalancar ese proyecto de inversiones. Pero también en cómo el Gobierno puede garantizar que en un mercado con tantas particularidades, muy diferente al de otras regiones, la regulación pueda mejorar los niveles de ingresos de la firma y remunerar las inversiones y operación.

Toda esta polémica ha tomado un tinte político que podría llevar a que, por ejemplo –como dice un experto–, cualquier decisión se tome en momentos en que se acerca el plebiscito para la negociación de paz con las Farc. Así, es muy fácil que los asuntos técnicos no dominen la discusión, sino las soluciones populistas.

¿Intervenir para qué?

Mientras se retoman las conversaciones y las partes regresan a la mesa, la posibilidad de una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos sigue abierta.

“Si decide intervenir, lo primero que debe tener en cuenta el Gobierno es claridad jurídica de cuál es la causal de toma de posesión que va a invocar, porque frente a una eventual demanda de España debe contar con todos los soportes y tal decisión debe ser muy robusta”, dice un analista.

La otra pregunta es para qué intervenir, si para liquidar o para administrar. Si es para administrar, como fue la solución con Emcali, eso puede salir muy mal porque significa nacionalizar un problema privado; en ese caso, las cuentas deben estar los suficientemente claras para que el Gobierno tenga cómo y con qué respaldar esta operación.

Si es para liquidar, la decisión está asociada a qué tipo de modelo de servicio va a tener la región Caribe en el futuro. Electricaribe es un operador muy grande; así, el riesgo es más alto que en otros operadores del país porque tiene una cobertura más amplia en una sola operación. Además, los ajustes regulatorios para traer nuevos jugadores casi están descartados, pues sería darle nuevos argumentos a Gas Natural Fenosa para alimentar la demanda.

Los expertos consideran que si se recompone la estructura del mercado hay que juntar segmentos atractivos y rentables, que están en crecimiento –como por ejemplo, Cartagena y Barranquilla– con otros que no lo son tanto.

En cualquier escenario, en las tomas de posesión se congelan las acreencias, pero el riesgo sistémico que hoy representa Electricaribe es muy alto y aumenta por los sectores que puede impactar: sus obligaciones con el mercado mayorista de energía ascienden a $500.000 millones y sus pagos deben estar en determinados tiempos cada mes para evitar un racionamiento; con el sector financiero tiene deudas por $1,5 billones, y la gran mayoría de ellas se vencen entre este y el próximo año; su pasivo pensional supera los $673.000 millones.

El panorama es bastante complejo y, por eso, el Gobierno tiene que mostrar mucha sindéresis y desapasionamiento para tomar la decisión acertada. Al resolver los problemas de Electricaribe, a las autoridades no se les pueden ir las luces.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?