| 11/14/2013 5:00:00 AM

Galería de un desplome

Una decisión en ciernes de la Contraloría vuelve a poner en primer plano el caso de la intervención de Saludcoop y las maniobras de su expresidente, Carlos Palacino. Dinero revela detalles inéditos.

Este BMW 750, vendido recientemente en $330 millones, estuvo destinado al uso exclusivo de Carlos Palacino Antía mientras presidió el Grupo Saludcoop, cuya EPS fue intervenida por el Gobierno el 11 de mayo de 2011. Al ejecutivo le fascinaba conducirlo para ir varios fines de semana a un exclusivo club residencial construido por iniciativa suya en el Meta y lo hizo hasta aquel día en que decidió que para él y sus invitados resultaba más cómodo viajar en vuelos chárter.

Lo reprochable de sus gustos, según los organismos de control, es que eran pagados con recursos cuyo manejo al estilo de una caja menor le estaba vedado por ley. El BMW fue comprado con recursos de los afiliados a la cooperativa Epsifarma, una de las cuatro entidades del sector solidario asociadas a su conglomerado de 43 empresas. En la construcción del club y en la contratación de los chárter estuvieron en juego recursos de las UPC (Unidades de Pago por Capitación) indispensables para atender cuentas de alto costo: pacientes de oncología o con VIH.

El vehículo, uno de los cuatro de la única edición que llegó a Colombia, ejercía tanta atracción ante quienes lo veían, que el interventor, Wilson Sánchez Hernández, no resistió la tentación de conducirlo antes de su venta.

A comienzos de mes, cuando la Contraloría preparaba su fallo de responsabilidad fiscal que declararía perjuicios superiores los $2 billones provocados por manejos de este tipo al sector de la salud, sus investigadores recibieron información según la cual Palacino –libre por ahora de requerimientos judiciales– se encontraba en Miami y dedicaba buena parte de su tiempo al golf, otro de sus placeres favoritos.

Aquí, en el Villa Valeria Country Club, el entonces presidente de Saludcoop solía atender a sus amigos, a los que además asesoraba en la compra de casas de recreo contiguas a los campos de golf. Auditores de la firma KPMG comprobaron que el club fue levantado por Palacino a través de la Sociedad Edificadora Restrepo S.A., en cuya junta directiva estaba uno de sus mejores amigos: el laureado arquitecto Jaime Eduardo Barrero Fandiño.

Los nexos entre los dos eran de vieja data. Se conocieron en 1998, cuando Barrero, premiado por la Unesco en Japón en el concurso mundial de jóvenes arquitectos, le otorgó, a través de la Curaduría Número 4 de Bogotá, las licencias de construcción de las clínicas de Saludcoop que funcionan sobre la Autopista Norte entre calles 100 y 106 de Bogotá.

Barrero volvió a entrar en escena cuando, en calidad de representante de Construclínicas, firmó con Palacino los acuerdos de compraventa de la clínica Materno Infantil de Bogotá, Clínica Neiva y Clínica Tunja, operación en la que los autores hallaron evidencias de un sobrecosto por $44.751 millones. El 15 de marzo de 2006, cuando Palacino constituyó la Sociedad Medisalud, se hizo acompañar en la junta directiva por Barrero y por su hijo Carlos Santiago Palacino Puerto.

Hubo un momento en que el conglomerado empresarial y la familia Palacino se confundieron. Se volvió común encontrar en puestos directivos los nombres de Edgar y Gabriel Enrique Palacino (hermanos de Carlos Gustavo), de su esposa María Cristina Puerto Vallejo; de Laura Ospina Palacino, su sobrina, y de Mauricio Sabogal, a quien muchos consideraban un “hijo adoptivo” del presidente de la holding. Entre ellos decidieron algún día no contratar ningún de tipo de servicios con externos, sino con sus propias empresas. De esa idea surgieron, por ejemplo, Work & Fashion que se encargaba de confeccionar los uniformes de todo el personal hospitalario; la lavandería Impecable y hasta la firma encargada del reparto de los tintos: Health Food.

De su incubadora empresarial surgieron también IAC Gestión Administrativa, encargada de los procesos contables; IAC Jurisalud, proveedora de Servicios Jurídicos y CTA Empresa de Seguridad. Esta última era dirigida por el mayor (r) Gilberto Espitia, responsable de la seguridad de Palacino.

La construcción del centro comercial y empresarial, denominado Paralelo 108, es uno de los íconos de los negocios que el personaje de esta historia montó al margen de la naturaleza y la misión de una EPS. Para apalancar financieramente su inversión usó de nuevo recursos de la cooperativa Epsifarma, la misma que le pagó su BMW e importó las losas de porcelana utilizadas en los acabados del condominio Villa Valeria.

Tanto los auditores de KPMG como los investigadores de la Contraloría encontraron que Epsifarma realizó millonarios pagos a través de fideicomisos autónomos para cubrir los gastos generados por la inversión inmobiliaria en Paralelo 108. En general, están documentados 23 pagos hechos por Epsifarma a nombre de Saludcoop por $41.999 millones.?Dentro de los hallazgos hay de todo como en botica. Saludcoop gestionó ante el Fosyga recobros a los que no tenía derecho por cerca de $17.000 millones. Los recobros estaban ‘respaldados’ en facturas que en realidad nunca fueron pagadas y en cuentas aparentemente canceladas con cheques que eran anulados antes de que llegaran al beneficiario.

Pese a que Palacino lo ha negado reiteradamente y se ha limitado a aceptar que se trató solo de “una práctica administrativa desprovista de mala fe”, los investigadores encontraron que los estados contables eran maquillados para mantener los indicadores de solvencia y liquidez. ¿Cómo lo hacían? Para ocultar el rezago de cartera con sus proveedores, a los que casi todo el tiempo tuvo a sus pies, Saludcoop giró a 31 de diciembre de 2010 un total de 8.021 cheques por $266.988 millones que, sin embargo, nunca llegaron a su destino. Por eso, en marzo de 2012 ya enfrentaba embargos por $7.037 millones promovidos por catorce de sus acreedores.

La fórmula de lealtad aplicada por Palacino en su conglomerado empresarial tenía como base la obediencia ciega de las juntas directivas de las 12 IPS, de las 16 empresas de apoyo de gestión, de las dos compañías de aseguramiento y de las tres empresas que manejaban sus inversiones en el exterior y que hacían parte de su telaraña de compañías. “Esas juntas –le dijo a Dinero un integrante del equipo de interventores– estaban cooptadas y en su seno no era admitida la más pequeña línea de disidencia”.

El fallo de la Contraloría pondrá al Gobierno y al propio Palacino ante grandes predicamentos. En primer lugar, la administración Santos tendrá que decidir si prorroga o no la intervención sobre Saludcoop en marzo próximo. También tiene la opción de ordenar la liquidación, pero en ambos escenarios surgen varios interrogantes: ¿De dónde sacará Palacino los recursos para pagar las deudas? ¿Los embargos decretados en su contra representarán las suficientes garantías? Otra pregunta sustancial es si el Gobierno podría ordenar una suerte de nacionalización indirecta de la EPS. Y, una más: ¿se decidirá el Gobierno a ordenar la liquidación, con lo cual los activos serían rematados?

Cualquiera que sea su decisión, el Gobierno deberá calibrar el peso de una fuerte contraparte. Se trata de dos sindicatos surgidos de Saludccop. Uno es Sintrasalud, afiliada a la CUT, y el otro Unitracoop, asociado a la CGT. El Grupo Saludcoop tiene una fuerza laboral de no menos de 20.000 empleados de nómina.

“El guía espiritual”

Un miembro del equipo de interventoría cuenta que recientemente quiso parquear su vehículo en el estacionamiento que durante varios años estuvo reservado al hoy expresidente de Saludcoop. Uno de los guardas de seguridad se interpuso en su camino y le advirtió: “señor, aquí solo puede parquear el doctor Palacino. Yo sé que él va a regresar y si se entera de que yo lo dejé poner su carro aquí a lo mejor me echa”.

El guarda es solo uno de los cientos de empleados de Saludcoop que aún le rinden culto a Palacino y lo reconocen como a un gran creador de empresas y generador de empleo. Como a alguien que alguna vez tuvo a su servicio en el departamento de Córdoba más funcionarios de los que trabajaban en la Gobernación.

No son pocos los que se ofrecen para declarar a su favor en los escenarios judiciales. Lo reconocen como el gestor del modelo educativo que convirtió al colegio Gimnasio Los Pinos en una propuesta pedagógica de avanzada , gracias al uso de tecnología de última generación.

Son antiguos colaboradores que ponderan la filosofía cooperativista basada en el principio de que las ganancias deben ser compartidas entre empleados y empleadores. Ellos no aceptan que se diga que el presidente de Saludcoop convirtió sus redes de cooperativas en su botín personal. “Él mejoró nuestras condiciones de vida y tiene derecho a producir sus propias ganancias”, responde desprevenidamente uno de ellos, que además no duda en calificar a Palacino como su “guía espiritual”.

¿Plan de retoma?

El 26 de abril de 2012, cuando aún se oían los ecos de la caída del imperio de Palacino, la Asamblea de la Corporación IPS Saludcoop revocó el mandato a la junta directiva y eligió nuevos integrantes. Ese día el entonces representante legal de la entidad, Luis Felipe Cano Silva, uno de los revocados, se comprometió con el interventor de Saludcoop, Mauricio Castro Forero, a entregarle el acta de la sesión a más tardar cuatro días después.

Sin embargo, el acta nunca apareció y Cano se puso al frente de una junta directiva de facto que no permitió posesionar a la nueva y que siguió sesionando inconsultamente. Cuando el interventor de Saludcoop, propietaria de 95,67% de la IPS, lo conminó para que acatara la decisión de la Asamblea, el depuesto representante legal respondió que eso no sería posible ya que el acta había sido impugnada ante la justicia civil.

Revisados los documentos respectivos, el interventor se llevó una sorpresa. Cano había contratado un abogado externo para que asumiera el proceso de impugnación, con lo cual generaba un absurdo: la IPS le daba poder a alguien que se encargaría de impulsar una acción judicial en su contra.

En el interregno, Cano y dos de sus antiguos compañeros de junta, Antonio Soler Saltarín Bilbao y Olga Lucía Corredor Cifuentes, siguieron sesionando por cuenta propia y radicaron ante el Ministerio de Protección Social las actas de sus propias reuniones. Luego presentaron un derecho de petición mediante el cual lograron que la secretaria jurídica encargada de esta cartera, Denisse Gisella Rivera –que ignoraba lo ocurrido– certificara que ellos tres conformaban la junta directiva de la IPS.

El interventor formuló denuncia penal contra Cano y sus aliados por los delitos de falsedad en documento privado en la modalidad de ocultamiento, obtención de documento público falso y administración desleal.

La actual administración de la EPS tiene razones para creer que la ‘junta de facto’ representa en realidad los intereses de Palacino y está conformada por peones de brega que quieren ayudarle a conservar el control de la IPS, una de las grandes del país. Al mismo tiempo, abrirle una compuerta que inicie el proceso de retoma de su grupo empresarial.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?