| 8/1/2012 6:00:00 PM

¿Fiscal oficialista?

Mientras sus procesos más emblemáticos parecen tambalear por falta de pruebas, las actuaciones del Fiscal General parecen cada vez más ligadas a los intereses de Palacio.

Cuando el entonces presidente Andrés Pastrana dijo, en medio de halagos y lisonjas, que resultaría necesario “clonar” a Luis Camilo Osorio para que Colombia tuviera siempre un Fiscal General efectivo, sentó –sin proponérselo– los cimientos de un debate sobre la independencia a la que está obligado quien ejerce el cargo.

En la época de Álvaro Uribe, Mario Iguarán fue acusado por la oposición de ir a la Casa de Nariño, para consultarle al mandatario decisiones “sensibles”.

A esta controversia tampoco es ajeno el hoy fiscal Eduardo Montealegre. En el discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos no sólo hizo un inventario de los atributos del elegido de una terna preparada por él, sino que le asignó sutilmente de entrada algunas tareas. Unas de ellas serían la continuidad de un trabajo que Montealegre ya había iniciado como asesor del Ministerio del Interior.

Le pidió apoyar la reforma al fuero militar y respaldar en el Congreso la adopción del Marco Jurídico para la Paz que habría de enervar a los uribistas.

Los hechos sugieren que el fiscal ha ido más allá de lo que prevé la Constitución en materia de “colaboración armónica” entre los poderes públicos. Montealegre se ha jugado a fondo por iniciativas surgidas de la Casa de Nariño, como la fallida reforma a la Justicia.

El Fiscal asistió por derecho propio al trámite legislativo e hizo un ejercicio de equilibrismo para respaldar las propuestas del Gobierno y las surgidas de la Corte Suprema. Después de la aprobación de la reforma, e incluso cuando ya se había desatado el escándalo a su alrededor, salió a los medios de comunicación a defenderla.

Sin embargo, ese respaldo fue flor de un día. Cuando el escándalo crecía como una bola de nieve y el presidente Santos salió a contenerlo con sus anuncios de que objetaría la reforma y convocaría a extras al Congreso para que la reconsiderara, el Fiscal se puso inmediatamente de su lado.

Su actitud fue causante luego de un posible desbordamiento. El 27 de junio, cuando los parlamentarios medían los riesgos de acudir a unas sesiones extras, el fiscal, según sus críticos, se erigió en consultor del Partido Conservador e invitó a reunión a sus 67 parlamentarios para convencerlos de que no incurrirían en prevaricato si hundían la reforma.

Pocos se preguntaron qué pasaría si la Corte Suprema decidiera investigar a los congresistas por prevaricato. Tampoco, qué ocurriría si en ese evento algunos decidieran renunciar a su fuero, con lo cual quedarían en manos de un fiscal que fungió primero como su asesor jurídico.

Las causas del fiscal parecen a menudo ser las mismas del Gobierno y no se conoce hasta ahora una actuación que demuestre su independencia. Mientras algunos analistas creen que las tensiones que hoy se viven entre el presidente Santos y su antecesor comenzarían a superarse si quienes fueron funcionarios de Uribe se libran de apremios judiciales, Montealegre decide, coincidencialmente, relevar al fiscal que tenía lista la imputación contra Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia.

Mientras eso ocurre, la Unidad de Justicia y Paz hace agua. Procesos a los que el propio Fiscal les dio el mote de emblemáticos, como el que investiga al exdiputado del Valle Sigifredo López, lucen huérfanos de pruebas. Quizá por falta de resultados, la resonancia mediática se concentra hasta la saturación en el caso de la muerte de un estudiante de la Universidad de los Andes que ha servido para el lucimiento de los abogados con mayor cartel en el país.
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