| 7/7/2016 12:00:00 AM

Piedra en el zapato para las vías 4G

Las recientes decisiones sobre Carlos Solarte y su llamamiento a interrogatorio por parte de la Fiscalía, y el tribunal entre la ANI y Autopistas del Café por el tiempo de la concesión, pueden ser un tropiezo en el futuro de los proyectos de 4G. ¿Por qué?

El desarrollo de los proyectos de infraestructura en el país es la apuesta más importante de los últimos años. Con un plan de $40 billones, las concesiones 4G son la punta de lanza de una transformación no solo de las vías del país sino también de la forma de estructurar proyectos.

Este ha sido uno de los procesos más complejos en el país. Los plazos se han alargado –en algunos casos los cierres de primera ola se han tomado más de un año– y las exigencias por parte de los bancos han aumentado, incluso más allá de los contratos de concesión. Por ejemplo, mientras el contrato establece que se debe tener lista la licencia ambiental de la primera unidad funcional, varias entidades financieras han pedido a algunos concesionarios tener todos los permisos ambientales listos y aprobados.

“La sofisticación de los procesos explica en parte la razón de las demoras. Hay que poner de acuerdo a demasiada gente para llegar al cierre firmado. El concesionario, el constructor, la fiduciaria, la aseguradora, los bancos locales, los internacionales, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)… Ya no son mesas de negociación sino que parecen congresos y una versión de un contrato la rota todo el mundo”, dice un banquero.

A pesar de las dificultades, los cierres financieros de la primera ola vienen avanzando. Según lo confirmó a Dinero Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, está a punto de concretarse el cierre financiero de las ocho concesiones de la primera ola de 4G. Ya tres han finalizado el proceso y en las próximas semanas se darían los restantes.  

Pero además de las complejidades de un proceso nuevo, en las últimas semanas han empezado a aparecer nuevas señales que pueden frenar los procesos, especialmente en la consecución del equity que los concesionarios deben aportar y que, en promedio, puede estar en 20% del valor del proyecto.

Hoy, para cumplir con ese equity, los concesionarios están organizando sus activos y presentándolos ante los bancos para que estos les entreguen una garantía que, a su vez, sirva como comprobante de que tienen el capital requerido. Entre esos activos se incluyen las concesiones del pasado y que hoy están operando.

Dos casos han despertado las preocupaciones de los banqueros y entidades de financiación. El primero se registró a finales de mayo, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) demandó la terminación de la concesión de Autopistas del Café ante la Cámara de Comercio de Bogotá para que se convoque un tribunal de arbitramento y dirima el pleito.

El Gobierno considera que el contratista había recuperado la inversión –calculada en $1,9 billones en valores a 2015– que hizo en la construcción, operación y mantenimiento de 270 kilómetros de vías entre Armenia, Pereira y Manizales y que además la concesión, cuyo accionista mayoritario es Odinsa, no concretó el proyecto de la doble calzada entre Calarcá-La Paila, que era parte de lo que se había adjudicado.

Para Odinsa, el plazo de la concesión vence en 2027 y advierte que el ingreso percibido por peajes no es suficiente para compensar las inversiones más la rentabilidad esperada. Personas cercanas a este caso le explicaron a Dinero que en su momento no se pusieron los peajes y había un ingreso mínimo garantizado, y al no tener cómo pagarle, el Inco amplió los plazos más un canje de obras.

El segundo es el llamado de la Fiscalía a interrogatorio a Carlos Solarte –uno de los ‘cacaos’ de la infraestructura en el país– para que explique la forma en que se desarrolló la vía Media Canoa-Loboguerrero, que hace parte de una obra cuya concesión fue ampliada 50 años durante la administración del expresidente Álvaro Uribe, hasta el año 2054.

Según versiones de prensa, los cálculos iniciales de la Fiscalía señalan que habría un detrimento para la Nación, calculado en $7 billones.

En un artículo del diario El País de Cali, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) consideró que la prórroga del contrato que se le otorgó a la concesión Malla Vial —en especial del tramo de 48 kilómetros entre Buga y Loboguerrero— a la firma del empresario Carlos Alberto Solarte amerita una revisión de fondo. La directora seccional de la agremiación, María Claudia Álvarez, dijo a ese medio que “todas las investigaciones que se realicen alrededor de las obras de infraestructura, que sirvan para darle claridad y transparencia a los procesos de contratación y a la ejecución de las obras, son de buen recibo en la CCI”, y agregó que “el adicional 13 del contrato de concesión (a los Solarte) traía consigo obligaciones de las partes que merecen la pena ser revisadas. Esperamos que la investigación dé claridad sobre la contratación, el valor y el tiempo de la misma”.

No obstante, para los estructuradores y financiadores la señal es preocupante. “Nadie discute que se revisen contratos y se hagan las investigaciones, pero la institucionalidad colombiana se está volviendo uno de los peores enemigos para que el plan de proyectos de infraestructura salga adelante. Ahora van a mirar los adicionales de los contratos pasados que en su momento fueron acordados, incluso con tribunales de arbitramento. ¿Qué va a pasar con las obras actuales, cuando la mayoría de las concesiones anteriores están en juicios fiscales y muchos de los protagonistas hoy son los jugadores del pasado?”, dice un estructurador y financiador de proyectos de 4G.

Su duda se sustenta en dos hechos: el primero es financiero. Varios de los concesionarios en los paquetes de activos para responder por el equity han incluido las concesiones que tienen bajo su operación hoy. “La pregunta es si la concesión inicialmente está para diez años más, de acuerdo con lo convenido en su momento con los gobiernos pasados, y ahora el Gobierno o una autoridad dice que ya no es ese tiempo y los plazos son menores o que debe retornarla. En ese momento va para pleito y queda la inquietud de si ese activo debe sacarse del paquete que respalda el equity y empezar a generar un hueco en la estructura de financiación”.

La segunda duda es ya penal. “En el estatuto anticorrupción existe una norma que dice que la ANI, ante la sola sospecha de que alguien puede ser condenado, podría declarar inhabilidad, situación que no solo le aplica a la persona, sino a las empresas que ella controle. En ese sentido en el caso Solarte, si el proceso en la Fiscalía avanza, quedarían en dificultades 6 proyectos de 4G y 4 concesiones de las anteriores”, agrega el banquero.

Ahora, como van las cosas, la discusión de los créditos no solo pasará por las tasas y los plazos sino por la dependencia de nuevos fallos que puedan poner en jaque la estructura de los proyectos.

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