| 8/5/2016 12:00:00 AM

Tres fallos decisivos de la Corte Constitucional sobre asuntos fiscales

La Corte Constitucional ha emitido tres grandes fallos en torno a los asuntos fiscales de Colombia. ¿Qué tanto condiciona esto la inminente discusión de una reforma tributaria y un paquete de ajuste fiscal?

El país está a punto de iniciar la discusión sobre una nueva reforma tributaria que, si se cumple lo que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el propio Presidente de la República han prometido, será estructural.

Las alertas están encendidas, luego de que las agencias calificadoras empezaran a enviar mensajes claros sobre lo que se le viene al país si se aplaza más la discusión del necesario ajuste fiscal en Colombia.

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El tema estará en los primeros puntos de la agenda pública en los próximos meses; la política fiscal del país tendrá así su momentum en este segundo semestre.

Esta discusión se dará en un contexto distinto al tradicional, por una razón: los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional, que han marcado verdaderas cargas de profundidad para la gestión de los asuntos fiscales en Colombia. Se trata de tres pronunciamientos en los que ha zanjado disputas en torno de temas clave como el financiamiento del Presupuesto General, la lucha contra el contrabando y el procedimiento conocido como ‘incidente de impacto fiscal’. Una mirada a esos temas.

Los fallos

El primer aspecto clave se refiere a la manera como el gobierno nacional decidió financiar su déficit fiscal de 2015. La propia Constitución establece en su artículo 347 que el Ejecutivo podría presentar un Presupuesto desfinanciado. Sin embargo, paralelamente, debería presentar otro proyecto de ley para establecer las nuevas rentas con las que reemplazaría esos recursos faltantes.

Eso fue lo que hizo el gobierno Santos para su presupuesto de la vigencia 2015. La estrategia tenía antecedentes: durante los gobiernos Pastrana –en 1998 y 2000– y Uribe, en 2002. Todos esos presupuestos desfinanciados coincidieron con sendas reformas tributarias que deberían darle sustento financiero al paquete de gastos del Gobierno.

En el caso del Presupuesto de 2015 de la administración Santos varios ciudadanos demandaron la reforma tributaria (ley 1739 de 2014) que se expidió para financiar los gastos de esa vigencia, porque consideraban, primero, que la norma no había surtido todos los debates y, segundo, porque esa ley no solo financiaba los gastos de 2015 sino también de las vigencias de 2016, 2017 y 2018.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la norma, lo que dejó en firme la que se consideraba una tradición fiscal en Colombia: presentar presupuestos desfinanciados para luego financiarlos con una nueva reforma tributaria que se discute en primer debate en las comisiones económicas conjuntas del Legislativo a través de un mecanismos tipo fast track, pues el primer debate se daba en comisiones económicas conjuntas del Congreso.

La Corte, no obstante, se guardó una perla: conminó al gobierno nacional a hacer una reflexión sobre el gasto público con el objetivo de aliviarles las cargas de impuestos a los contribuyentes.

El fallo implica dos cosas: primero, que el procedimiento para cubrir los gastos de un presupuesto desfinanciado quedó con plena vigencia legal y, segundo, que ahora hasta las propias Cortes reconocen que el país tiene un problema de gasto público que debe afrontar. La preocupación es que, de cara a una era de posconflicto, no hay ambiente político para definir una verdadera estrategia de recorte en el gasto público.

Con las presiones fiscales que tiene la actual administración, cabe preguntarse si habrá una reforma tributaria estructural o si, por el contrario, el presupuesto de 2017 nuevamente va a ser discutido en el contexto de la falta de financiación, por la caída en los ingresos, lo que indicaría que la reforma tributaria tendría nuevamente un carácter fiscalista.

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¿Nuevo derecho?

La segunda decisión se refiere al siguiente tema: el año pasado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, estrenó el mecanismo jurídico conocido como “Incidente de impacto fiscal”, establecido en la ley 1685 de 2013, y este año la Corte Constitucional lo resolvió. Se trata de una herramienta para que el Gobierno advierta sobre los impactos fiscales de las decisiones judiciales.

Cárdenas le pidió a la Corte aceptar el Incidente a propósito de la sentencia C-492 de 2015, que a su vez se refería a la Ley 1607 de 2012, que creó los nuevos sistemas de liquidación de la renta gravable para las ‘personas naturales empleadas’, conocidos como IMAN e IMAS. La Corte había declarado la exequibilidad parcial de esta norma al señalar que a partir de 2017 los empleados podían utilizar 25% de sus rentas de trabajo como exención.

El Ministro Cárdenas señaló que, si se llegaba a aplicar esta norma, el impacto de la medida sobre las finanzas públicas sería de más de $600.000 millones al año por el menor recaudo tributario. Por eso, Cárdenas pidió al alto tribunal diferir los efectos de esta medida.

La Corte aceptó los argumentos del Gobierno y la norma solo entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2017.

La decisión no tiene antecedentes en el país, pues significa que, por primera vez en la historia de Colombia, un alto tribunal tiene consideraciones fiscales para la implementación de una norma.

Durante décadas los asuntos fiscales no condicionaban los fallos de las altas corporaciones judiciales, que solo tenían en consideración la restitución y protección de derechos. La pregunta que queda en el aire es si el país está empezando a entender que la estabilidad de las finanzas públicas es también un ‘derecho’ de todos los colombianos, pues un desequilibrio en el presupuesto y el fisco nacional pueden llevar al traste con el goce de los derechos de muchos ciudadanos. El tema abre muchos frentes de debate.

El contrabando

Finalmente, el año pasado el Congreso aprobó la ley 1762, que buscaba establecer mecanismos más fuertes para luchar contra el contrabando.

La medida fue demandada en varios de sus artículos, especialmente el 4, donde se definen los términos del delito de contrabando. La Corte avaló en su totalidad la norma, pues consideró que, tanto el Congreso como el gobierno nacional buscan enfrentar una actividad ilícita que afecta gravemente la economía colombiana de dos maneras: primero, impone condiciones desleales de competencia contra las empresas que cumplen con las normas legales de comercio y, segundo, afecta las finanzas públicas, pues el contrabando significa básicamente menores recaudos de impuestos.

La Corte señaló claramente que “el contrabando, desarrollado en gran escala afecta gravemente al sector productivo colombiano, en la medida en que los industriales y agricultores deben entrar a competir en condiciones de marcada desventaja (...). De igual manera, el contrabando afecta gravemente las finanzas del Estado colombiano”. La decisión implica que las autoridades cuentan ahora con herramientas más sólidas para enfrentar este flagelo.

¿Qué se viene?

La pregunta que vale hacerse es si todo esto puede condicionar el debate fiscal. El asunto será central en las discusiones sobre el paquete de ajuste fiscal necesario para estabilizar las finanzas públicas, tanto generando mayores ingresos como recortando el gasto.

La generalización del IVA (en la que la Corte tiene pendiente un pronunciamiento más categórico sobre el impacto de gravar los bienes de la canasta familiar), la penalización de la evasión y el recorte en el gasto deben pasar por analizar estos nuevos elementos jurisprudenciales que ha señalado la Corte. En materia de finanzas públicas el debate va a estar como para alquilar balcón durante este segundo semestre.

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