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Cecilia Álvarez, ministra de Transporte. En los primeros 20 kilómetros del proyecto no se ha movido una palada de tierra. En los otros 50, las obras avanzan a buen ritmo y en diciembre se entregarán los primeros tramos.

| 8/10/2013 2:00:00 PM

Fallo monumental

En manos de un juez está el futuro del proyecto vial más importante del país, la Ruta del Sol. Otro palo en la rueda para esta concesión.

A la Ruta del Sol le salió otro enredo. Cuando parecía que todo iba por buen camino y se había logrado despejar buena parte de los problemas para la ejecución de los primeros 20 kilómetros que conectarán en doble calzada el centro del país con la Región Caribe, se conoce un nuevo escollo.

Se trata de una acción popular que interpuso la comunidad de Guaduas, Cundinamarca, el 11 de mayo de 2011 y cuyo propósito es evitar una eventual afectación de los recursos hídricos y la fuente principal de los acueductos de la zona.

El proceso judicial había pasado desapercibido en los dos últimos años debido a que el centro de atención estaba en la tormenta que se desató entre el consorcio constructor y el Gobierno al negarse el primero de ellos a ejecutar el proyecto tal y como estaba planteado en el contrato inicial, argumentando hechos sobrevinientes relacionados con el duro invierno de 2010.

Luego de amenazas y controversias de parte y parte, el Ministerio de Transporte decidió este año contratar los servicios periciales de GZ Consultans para que dirimiera el asunto. Según lo previsto, la compañía debe determinar cuál de las partes tiene la razón.

Si el consorcio Helios, que aduce cambios en la estabilidad del tramo contratado debido a la ola invernal, o el Gobierno y la firma interventora, que se mantienen firmes en la idea de ejecutar el contrato tal y como está suscrito.

El concepto de la firma estadounidense estaría listo en septiembre próximo, pero una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con respecto a la acción popular podría dejar de nuevo en vilo al megaproyecto vial.

A estas alturas, las consecuencias de un fallo en manos de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi están por verse. Gonzalo Moreno Enciso, representante de la comunidad y uno de los firmantes de la acción popular en 2011, habló con Dinero.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo del país y de la Región. Pero, tal y como está previsto el trazado en esta zona se pone en peligro el futuro de estas comunidades, del turismo de la zona, que es fuente importante de empleo, sin mencionar el impacto que tendría en algunas especies nativas en vía de extinción”, explicó. El problema central es que en la región hay dos reservas naturales: Esmeralda y San Francisco, a las cuales no se les prestaron la suficiente atención y estudios en la fase de licitación. Incluso, uno de los consorcios que perdió el millonario contrato lanzó advertencias antes de la adjudicación pero sin mayores resultados.

El gobierno y la IFC del Banco Mundial, ente que asesoró la elaboración del contrato, se defienden afirmando que las reservas naturales hacían parte de las responsabilidades asumidas por el contratista y que eran de público conocimiento desde un principio.

Lo cierto del caso es que el proyecto está paralizado en ese sector y si no se toman acciones integrales que no solo despejen los líos contractuales sino también los relacionados con las comunidades y el medio ambiente, la obra tardará más años en ejecutarse y provocará un cuello de botella de proporciones inimaginables.

De los 70 kilómetros que incluye el contrato, unos 50 avanzan a buen ritmo y en ellos se ejecutan cerca de 50 puentes y viaductos, pero en los primeros 21 kilómetros (entre Villeta y Guaduas) no hay una sola máquina, obrero o ingeniero.

La comunidad de la zona se declaró a la expectativa de lo que pueda pasar con el concepto de GZ pero dejaron claro que no permitirán que se ejecute la obra tal y como está contratada.

“Los ingenieros de Helios y otros representantes del Gobierno nos presentaron el proyecto en 2011. En ese entonces les preguntamos si con la construcción de un túnel en la zona se iba a afectar el recurso hídrico y no tuvieron otra opción que reconocerlo”, dijo María Claudia Nicholls, otra persona que firmó la acción popular.

En el proyecto está previsto que la boca del túnel estaría a tan solo unos metros de la quebrada La Antonia, uno de los principales afluentes de la región. “Es un caso similar al túnel de la Línea, donde el proyecto se ha parado varias veces por contaminar el agua”, dijo Nicholls.

Los pobladores de la zona, que se calculan en 30.000 entre el área rural y urbana, tienen el derecho a defenderse. En su mayoría son pensionados y personas de la tercera edad que con sus ahorros compraron una finquita para pasar los últimos años de su vida. Creen que la doble calzada traerá más empleo y oportunidades al comercio y hoteles de la zona, pero piden que el trazado no afecte las reservas naturales ni las especies nativas.

El mayor problema es que el contrato suscrito establece una franja de 500 metros para construir la vía, si alguien se sale de allí, seguramente lloverán las demandas. Y las millonarias indemnizaciones.
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