| 6/23/2016 12:00:00 AM

¿Estraval será otro Interbolsa?

Con la orden de la Supersociedades de liquidar a Estraval, firma que se dedicaba a la compra y venta de libranzas, el país vive un nuevo escándalo que confirma deficiencias en el marco regulatorio de inversiones. Todo indica que esta es apenas la punta del iceberg.

Vuelve y juega. Los nombres y modus operandi pueden cambiar, pero el modelo es el mismo: firmas privadas que prometen jugosas utilidades a cambio de inversiones, personas naturales o jurídicas con sed de aumentar su capital y, en medio de ello, entidades de vigilancia que hacen lo que la ley les permite, pero que no ejercen un control de manera coordinada. El resultado también parece similar: llamados de atención, órdenes de liquidación y largos y tediosos procesos para devolver parte de los dineros a los afectados.

El escándalo financiero de moda es Estraval. Una firma creada hace 16 años, que se dedicaba a la compra y venta de libranzas. El mercado de libranzas quedó regulado en la Ley 1527 de 2012 y prevé que firmas como Estraval puedan llegar a acuerdos con varias cooperativas que tengan dentro de su portafolio créditos de libranza; es decir, aquellas deudas que se le descuentan al trabajador de manera directa de su salario. Los pagarés que se emiten con base en esas deudas se convierten en instrumentos que ofrecen una alta rentabilidad. Esos beneficios pueden estar entre 19% y 30%, según el caso y la empresa.

De acuerdo con el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, las cooperativas, fondos de empleados y sociedades comerciales –previo registro– pueden recibir los pagarés de los trabajadores y estas sociedades venderlos a entidades como Estraval para que estas los ofrezcan a potenciales inversionistas.

Pero como en toda inversión, hay un riesgo. Si un número importante de trabajadores con libranza pierde el trabajo, se muere o se presenta otro suceso que lleve al trabajador a entrar en mora, se empieza a incumplir con estos pagarés. Incluso, cuando se prepaga la deuda el rendimiento esperado en el tiempo no se da y se genera un hueco en la operación. Allí es donde empresas como Estraval deben entrar con caja a suplir ese faltante; es lo que los expertos llaman obligación solidaria. Pero todo tiene un límite. Y este parece ser el caso de esta firma bogotana que se quedó ilíquida para responder por todas las obligaciones.

La Supersociedades detectó fallas contables en 2015 y procedió a instaurar un proceso de vigilancia especial. Cuando se presentó una cesación de pagos en el segundo trimestre de este año, las cosas se fueron complicando y el órgano de control se vio obligado a ordenar una reorganización. Quince días más tarde la situación se complicó aún más y por ello se tomó la decisión de iniciar la liquidación judicial de Estraval. También están bajo la lupa de la entidad otras firmas que hacen parte del grupo, como Estradinámicas SAS, Técnicas Financieras S.A. y Estrategias en Liquidez SAS.

¿De quién es la culpa? Es difícil precisarlo ahora. Lo cierto del caso es que expertos consultados afirmaron que existen vacíos en la legislación que permiten la venta de pagarés dos o más veces. Tampoco hay un control coordinado entre entidades públicas, debido a que cada Superintendencia ejerce un control sobre la parte que le toca por Ley.

Entre los afectados por el caso Estraval hay personas naturales y bancos. Sin embargo, el listado puede seguir creciendo conforme pasan los días e, incluso, en el mercado se menciona que recursos de entidades públicas podrían estar en riesgo y se habla de cifras superiores a los $12.000 millones en una sola entidad. Fuentes del caso explicaron a este medio que el próximo 29 de julio concluirá el plazo para que las personas afectadas expresen su interés de hacer parte del proceso de pagos. En pocos días se han recibido centenares de llamadas de compradores de cartera que preguntan por la suerte de sus pagarés y no menos de 140.000 correos de personas preguntando lo que deben hacer para formar parte del proceso o conocer del tema.

El liquidador se encuentra en la etapa de recaudo de documentos, cuentas y activos. Es una labor compleja, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de información que debe ser contrastada con otras fuentes. Sin embargo, se pudo establecer que inicialmente se habla de unas 105.000 libranzas que suman al menos unos $400.000 millones. El número de compradores de cartera que estarían inmersos en el proceso está entre los 4.000 y 4.500. Así mismo, se supo que dos personas figuran como representantes de las sociedades. Se trata de Juan Carlos Bastidas Alemán y César Fernando Mondragón Vásquez. Los dos fueron oficiados por la Supersociedades dentro del proceso de responsabilidades (ver documentos en www.dinero.com).

La Supersociedades también anunció la convocatoria de una reunión con las Superintendencias Financiera y Solidaria para coordinar los trabajos de investigación y la documentación.

El caso no es aislado. Dinero conoció otros dos casos similares que también estarían en la mira de la Supersociedades. Una de estas firmas maneja recursos por unos $600.000 millones, además de otros que estarían en la mira de la Superintendencia Financiera porque están vinculados al mercado público de valores.

Varias conclusiones se asoman. La regulación actual no es suficiente para evitar que se siga presentando este tipo de hechos en donde el ahorro y capital de miles de colombianos se pone en riesgo. Los altos rendimientos ‘extrabancarios’ siguen jalonando este tipo de negocios que, aunque están bajo el amparo de la ley, no tienen el control debido.

El abogado de los representantes de Estraval, Carlos Darío Barrera, explicó a Dinero que las dificultades de la empresa están vinculadas con ‘problemas propios del mercado’ y que este tipo de actividades no están exentas de riesgo. También aseguró que Estraval tiene cuentas por cobrar cercanas a los $550.000 millones y que las obligaciones son del orden de los $611.000 millones. “Estraval empezó a tener problemas cuando los bancos comenzaron a competir con bajas tasas de interés, eso llevó a que los trabajadores con libranza se pasaran a esas entidades y descuadraron las cuentas que tenía la compañía”, aseguró.

El proceso de liquidación y pagos será largo. Solo en un tiempo se sabrá la verdadera magnitud del problema. Lo que ya es claro es que se requiere de más coordinación entre entidades del Estado para minimizar este tipo de riesgos.

Los esguinces y el mercado

¿Cuál es la razón para que la Superfinanciera no vigile todos los procesos de libranzas y pagarés? ¿A cuánto asciende ese mercado en el país?

Después de empezar a conocerse procesos como los de Estraval, la pregunta es por qué las autoridades no advirtieron riesgos en la operación de libranzas y pagarés.

Para José Roberto Acosta, fundador de Justicia Tributaria, con estas actividades –conocidas como banca en la sombra– se da una “leguleyada” jurídica, pues esas firmas argumentan que no hacen captación masiva porque compran las libranzas con sus recursos y las revenden a un tercero. Pero eso sería una operación de intermediación, donde la Superintendencia Financiera también podría vigilar. Sin embargo, allí esgrimen otro argumento jurídico: “la Superfinanciera solo puede supervisar la intermediación de títulos valores que estén inscritos en el registro nacional de valores. Y los pagarés y libranzas no están inscritos en este registro. Le hicieron el quite a la Superfinanciera, que tiene los recursos para hacer el seguimiento y quedaron bajo la tutela de la Supersociedades, pero allá llega el muerto. No hay cómo tomar medidas paliativas”, agrega Acosta. Según él, las libranzas, incluyendo las bancarias y las extrabancarias, “son créditos cercanos a los $30 billones, entre los cuales son de $18 billones a $20 billones las primeras y de $10 billones las segundas. Este tema se le está saliendo de madre al Estado”, concluye.

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