| 11/23/2017 12:00:00 AM

Gobierno busca consensos sobre el nuevo Estatuto Aduanero

Con mesas de trabajo, Gobierno, gremios y empresarios buscan reducir las tensiones que ha creado la reglamentación del Estatuto Aduanero. Para lograr consensos requerirán concesiones de lado y lado.

La lógica indica que el día en que Gobierno y empresarios estén totalmente de acuerdo en temas como impuestos o régimen sancionatorio es porque hay un problema. Pero tanto, Gobierno como gremios y empresarios decidieron desafiar esa lógica esta semana, cuando a instancias del Consejo Gremial Ampliado se sentaron a solucionar los problemas generados por la reglamentación del nuevo Estatuto Aduanero.

La norma fue expedida en marzo de 2016 con bombos y platillos a través del Decreto 390. Pero hoy los empresarios no perciben sus bondades y miran con temor el impacto de su aplicación en temas como sanciones y aprehensión de mercancías.

El objetivo era actualizar el anterior Estatuto –Decreto 2685 de 1999–, que se había quedado obsoleto, y armonizar los cambios generados por la firma de tratados internacionales de comercio. Pero ni el nuevo Estatuto ni sus decretos reglamentarios han zanjado un tema clave: que mientras los empresarios se quejan por las nuevas sanciones contempladas y causales de aprehensión de mercancías, cuya vigencia es inminente, los beneficios de facilitación del comercio a partir de un nuevo sistema informático tendrán que esperar hasta finales de 2019.

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En otras palabras, los empresarios se quejan de estar recibiendo más ‘garrote que zanahoria’ en sus actividades de comercio internacional y por eso buscan concertar la solución.

Lo que divide

El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, reconoce que desde que se expidió el Estatuto Aduanero, en marzo del año pasado, se dieron cuenta de que algunos temas allí contemplados no podían entrar en vigencia de inmediato porque la Dian no tenía un sistema informático robusto.

“Se dijo entonces, trabajemos en un proyecto reglamentario y aprovechemos para arreglar cosas que quedaron mal en el 390, como algunas correlaciones y llamados que no correspondían, en vez de sacar una fe de erratas. Decidimos corregir y empezamos a trabajar con el Gobierno, pero esto se fue ampliando y realmente fue un trabajo dispendioso que no hemos terminado”, dice el directivo.

Foto: Nicolás Potdevin, Asociado Senior de Gómez Pinzón / Santiago Rojas, Director de la Dian / Javier Díaz, Presidente de Analdex.

Pero 20 meses después de haberse aprobado, no se han terminado de expedir las normas que reglamentan su funcionamiento y no se han corregido los temas que quedaron mal en el Estatuto.

Tras múltiples reuniones, al cierre de esta edición cerca de 60 dirigentes de gremios, empresarios y funcionarios de Gobierno se reunían para cerrar el acuerdo en este proceso, que ha resultado complejo. Cuatro son las grandes preocupaciones de los empresarios.

En primer lugar, que en materia de causales de aprehensión de mercancías, el proyecto de reglamentación las aumenta a 56.

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Sin embargo, en el Decreto 390 “no se consagraron causales relacionadas con el régimen de tránsito, por ejemplo. A su vez, en el proyecto se establecen nuevamente estas causales. Consideramos que esto lo hacen para incluir en el 390 las causales del decreto 2685 y tratar de subsanar la ilegalidad de la Circular 003, la cual modificó el artículo 674 del 390”, explica Nicolás Potdevin, asociado senior de la firma de abogados Gómez Pinzón.

El segundo tema se refiere a las sanciones. Aunque las contempladas en el nuevo Estatuto Aduanero no han entrado en vigencia, el decreto reglamentario modifica algunas de ellas. “Independiente de si estas favorecen o no a los declarantes y operadores de comercio exterior, lo cierto es que no tiene sentido modificar normas que no han entrado en vigencia”, asegura.

La vigencia de algunas normas de facilitación de procesos, postergada porque requieren la implementación del sistema informático que debe adoptar la Dian, también genera preocupación. En la reglamentación que el Gobierno ya colgó en la página web para comentarios, se habla de que este debería entrar en operación el 30 de noviembre de 2019, y no en marzo de 2018.

Potdevin se queja además porque “se busca suspender la vigencia de normas que actualmente están operando, como por ejemplo el pago consolidado para Operadores Económicos Autorizados (OEA)”, asegura.

Un cuarto tema que preocupa a gremios y empresarios tiene que ver con la falta de armonización entre el Estatuto Aduanero y el nuevo Régimen de Zonas Francas. De hecho, desde el Ministerio de Comercio también se ha elaborado un decreto reglamentario que está para observaciones, y que tiene que ver con algunos cambios en el régimen de Zonas Francas.

Para Javier Díaz, de Analdex, en este momento es fundamental que estos dos proyectos de reglamentación vayan de la mano “para que después no se presenten contradicciones”.

Vamos por partes

Para hacerles frente a estos reclamos, el director de la Dian, Santiago Rojas, ya anunció que se viene trabajando con el sector privado en cuatro temas que permitirá despejar las dudas.

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Por un lado, se bajarán las sanciones en materia de régimen aduanero; se hará un análisis integral de los procesos objeto de investigación; se mejorará la seguridad jurídica aclarando las causales de aprensión y se castigará el fraude, no los errores formales.

Por el lado de las sanciones, Rojas aclaró que el Estatuto Aduanero las disminuye, pero como todavía esta parte no entra totalmente en vigencia, el decreto reglamentario que se prepara permitirá que algunas se rebajen y se ajusten a la nueva realidad.

El funcionario explicó además que cuando se presenten errores aritméticos o formales en los procesos aduaneros, no habrá sanción y esto se decidirá analizado de manera integral los casos.

Frente a las nuevas causales de aprehensión, dijo que buscan dan seguridad jurídica a los empresarios, en especial porque una parte del nuevo Estatuto Aduanero no está vigente y con esto, se pretende dar total claridad.

En momentos en que el país planea ampliar sus operaciones de comercio exterior, zanjar las diferencias en materia de operación aduanera es una prioridad. Y un acuerdo entre empresarios y Gobierno es un imperativo.

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