| 4/17/2015 6:30:00 AM

Agüita pa’ mi gente

El Gobierno tiene lista una profunda reingeniería a la forma como se otorgan los subsidios para el servicio de agua. 90% de los municipios resultaría beneficiado.

Varias capitales y cientos de municipios del país se están muriendo literalmente de sed. Para apaciguar ese grave problema de subsistencia, el gobierno nacional alista profundos cambios regulatorios que buscan mejorar los balances rojos de las empresas de servicios públicos de esas regiones y llevar agua potable a algunas poblaciones que siguen ancladas en el siglo XIX.

El primer cambio se está materializando en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que se tramita por estos días en el Congreso de la República. Este cambio normativo busca robustecer la capacidad operativa de las empresas de servicios públicos de los municipios pequeños y medianos.

La idea es cambiar la regulación para que se empiecen a constituir empresas más sólidas en las regiones. Por ejemplo, dos o más municipios se podrán poner de acuerdo para crear una única empresa prestadora. Eso puede mejorar los niveles de eficiencia y las economías de escala, sobre todo en la compra de insumos como el cloro y otros químicos necesarios en el procesamiento del líquido.

Para tener una idea de las complejidades actuales, a una empresa que maneje el acueducto de Nuquí, con menos de mil usuarios, se le piden los mismos requisitos que al Acueducto de Bogotá, que tiene millones de clientes.

El Ministerio de Vivienda también anunció que trabaja en un decreto para permitir que una parte del agua de los distritos de riego pueda ser potabilizada y distribuida a los usuarios rurales. Esta regulación estaría lista en junio o julio del presente año y se trabaja en conjunto con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Con este tipo de ajustes resultarían beneficiadas cerca de cuatro millones de personas de las áreas rurales.

Muy asociado a este problema institucional en las regiones está el asunto de la redistribución de los subsidios. Según cifras del ministro de Vivienda y Agua Potable, Luis Felipe Henao, buena parte de los municipios del país tiene problemas para otorgar este tipo de ayudas económicas a las familias más pobres debido a que no hay suficientes usuarios de estratos altos que ayuden a financiar –a través de la tarifa– los subsidios a los más pobres.

En ese sentido, se trabaja con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA) para establecer un nuevo marco tarifario que beneficie a 90% de los municipios del país y que representan 20% de la población en Colombia. Según lo explicado por el ministro, en la medida en que los pequeños prestadores mejoren su estructura empresarial, será más fácil que estos accedan a los fondos de subsidios previstos en el Sistema General de Participaciones. En 2015 habría en ese tipo de fuentes recursos por $1 billón para cubrir los subsidios e inversiones que se requieran. En la actualidad, los alcaldes no acceden a esos recursos debido a las debilidades institucionales y, en muchos casos, porque ni siquiera pueden expedir las facturas.

Deuda histórica


Luego de más de cuatro siglos de olvido, está empezando a llegar el agua potable a algunos rincones de Colombia. Para el caso de Quibdó (Chocó), donde los indicadores de acueducto solo son comparables con algunos países de África o Haití, la promesa del Gobierno es que en agosto próximo se pondrá al servicio el acueducto de la ciudad. “Eso no tiene precedentes. La cobertura actual es cercana a 33%, con las obras que se están terminando llegaremos a 95% de Quibdó”, explicó el Ministro Henao, quien agregó que este año también tendrán acceso al vital líquido municipios como Tadó, Lloró, Nuquí y Bahía Solano.

El caso de Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico, es todavía más complejo. 18% de la población habita en zonas donde el nivel del mar es más alto que el de sus viviendas (bajamar). Esto hace casi imposible construir una red eficiente de agua. DE todas maneras se adelantan inversiones para mejorar la cobertura de acueducto y alcantarillado, cuya cobertura apenas llega hoy a 40%.

Para el acueducto de Yopal (Casanare) se destinarán $69.000 millones y en la licitación participan 10 grandes consorcios de ingeniería. Otro caso emblemático por la enorme cantidad de líos para garantizar el agua potable es Manizales. Hace unos años la ciudad se quedó sin el suministro un par de semanas debido a un derrumbe que afectó una de las redes principales. El anuncio del Ministerio es que la infraestructura inaugurada a finales del año pasado garantizará el servicio al menos 50 años.

En Riohacha (Guajira), el nuevo acueducto entraría en operación en ocrubre próximo y aumentaría la cobertura de 40% a 100% del casco urbano.

Ese tipo de inversiones no solo se traduce en acceso a agua potable sino en menores índices de enfermedades, mejoramiento de los niveles de escolaridad y la optimización de la oferta turística, comercial e industrial de esas regiones. Según la OMS, por cada US$1 invertido en agua potable, se genera un ahorro de US$6 en el sistema de aseguramiento en salud.

En general, se estarían invirtiendo cerca de $4 billones en el mejoramiento de acueductos y alcantarillados en varias regiones del país. Una cifra lejana a la planteada en el gobierno anterior con los Planes Departamentales de Agua (PDA) y que comprometía recursos por $20 billones. Sin embargo, no hay que olvidar que la excontralora de la República, Sandra Morelli, no avaló que los municipios del país comprometieran las vigencias futuras más allá de los periodos de gobierno vigentes, una muy mala noticia para los PDA.

El Gobierno corre por estos días para que estas inversiones se comiencen a visualizar antes de las elecciones de octubre. Sin embargo, no hay que desconocer que tal y como lo dice el Ministro Henao, desarrollo no empieza con ‘d’ sino con ‘a’, de agua potable.
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