| 3/2/2017 12:00:00 AM

Túnel de la Línea y Ruta del Sol: dos obras que necesitan 'apurarle' con inteligencia

Las dos obras de ingeniería más importantes y desafiantes en la actualidad, el túnel de la Línea y la Ruta del Sol, están casi paralizadas, terminarán costando más y no tienen fecha de entrega. Para salir de este entuerto es necesario combinar el afán con la inteligencia.

La relación comercial que existe o alguna vez existió entre el gobierno colombiano y Odebrecht –y que se ha convertido en una verdadera tormenta en los últimos meses por cuenta del soborno en Ruta del Sol tramo 2– debe terminar de forma inmediata y en los mejores términos. Así se lo han hecho saber en los últimos días las entidades responsables, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General de la República, al gobierno nacional.

El llamado era previsible, teniendo en cuenta que está en juego no solo la credibilidad del Ejecutivo para contratar la infraestructura que se necesita con urgencia, sino la competitividad del país. Dos asuntos que no son de poca monta y de los cuales casi no se habla por estos días.

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Pero tampoco es tiempo de precipitar las cosas a cualquier precio. Debe evitarse esa excesiva prontitud que es considerada una gran virtud por todos aquellos que ven en cualquier demora un retroceso. Esto último lo resumió el Emperador Augusto en dos palabras: “Apresúrate lentamente”.

“Si por un afán desmedido se cierra un acuerdo de manera inadecuada o se liquida un contrato sin tener en cuenta todas las consecuencias y aristas, el resultado puede ser peor al que inicialmente suscitó ese ‘divorcio’”, explicó un abogado cercano a uno de los procesos de liquidación de contrato.

Es por eso que Dinero le cuenta cómo va la liquidación de los contratos Ruta del Sol 2 y Túnel de la Línea.

Ruta del Sol 2

El pasado 22 de febrero el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, firmó el documento con el cual se terminó de mutuo acuerdo el contrato celebrado en el año 2010 entre el Gobierno y el concesionario Ruta del Sol S.A, responsable de ampliar de dos a cuatro carriles el trayecto de 528 kilómetros que hay entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).

Los principales motivos que precipitaron esta negociación fueron que no se cumplió con lo establecido en la Ley 80, específicamente los artículos 44 y 45, que enumeran las causales de nulidad absoluta de un contrato. “Los contratos con el Estado son absolutamente nulos cuando se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal”, establece la Ley.

Foto: El Invías recibirá más recursos para que las obras no se paralicen por completo. Carlos García, Director del Invías Y Bernardo Noreña, presidente de Corficolombiana.

¿Cuál es la mejor forma de resolver el asunto? Para la ANI hay dos caminos que pueden conducir a un mismo resultado. El primero es el que inició el pasado 22 de febrero con la terminación mutua del contrato. Dicho documento incluye las condiciones para la reversión de la vía al Estado, así como la liquidación de las deudas pendientes.

En cuanto a las deudas con el sector financiero, estas ascienden a $2,4 billones. El acuerdo prevé el pago inmediato de $1,4 billones, provenientes de una fiducia del proyecto; mientras que el billón restante tendrá que ser tramitado ante el Ministerio de Hacienda y el Confis. La programación de este pago dependerá de esas dos instancias.

En lo que hace referencia a los salarios pendientes de los trabajadores y a las cuentas por pagar que se tienen con los proveedores de bienes y servicios, está previsto el giro de $100.000 millones, también provenientes de la fiducia.

Sin embargo, ahí no termina la firma de cheques. Queda pendiente pagar un conjunto de obras construidas por el concesionario y que no han sido saldadas por el gobierno nacional. Según las cuentas iniciales, el valor por este concepto podría llegar a los $700.000 millones, cifra que según la ANI podría disminuir una vez se revisen con detalle las obras y las facturas que reposan en la contabilidad del proyecto.

De esos $700.000 millones, Odebrecht recibiría $441.000 millones, Episol (brazo de Corficolombiana) otros $235.000 millones y los Solarte $36.000 millones. Sin embargo, quedó muy claro y explícito en el acuerdo que solo podrán tener acceso a ese dinero en un plazo no inferior a cuatro años, una vez se conozcan los resultados de algunas demandas en curso contra el concesionario. En otras palabras, la ANI intenta blindarse y obliga a las tres empresas a reservar ese dinero por ese tiempo hasta que se despeje el tema legal y jurídico.

En resumen, si se suma la deuda financiera ($2,4 billones), más las obras por pagar ($700.000 millones), el saldo total de liquidación de este contrato estaría sobre los $3,1 billones.

Esas son las cifras que se manejaron en la terminación por las buenas, lo que llaman mutuo acuerdo. Otro asunto será cerrar este ‘divorcio’ ante los tribunales.

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Se trata de un proceso que sigue su marcha de forma paralela. ¿Por qué se insiste en este proceso si ya se terminó el contrato de común acuerdo? Según Andrade, se quiere blindar de todas las maneras posibles este tipo de convenios. Si en unos meses un juez declara nulo el contrato, le daría más solidez a la terminación que suscribieron las partes, al menos es lo que piensa el Gobierno.

Cabos sueltos

En momentos en que el mercado financiero puso el freno de emergencia al sector infraestructura y que algunos cierres financieros parecen ralentizados, es necesario despejar cada nubarrón que surge.

Por ejemplo, a la fecha no hay información suficiente o certeza para determinar si Odebrecht ya está inhabilitada por el Estado colombiano para participar en nuevos procesos de contratación. Según la ANI, la confesión que han hecho algunos directivos de la firma brasileña es suficiente para dejarlos fuera del camino. Sin embargo, otra cosa piensan abogados expertos en estos temas, quienes afirman que se requiere de una sentencia judicial para lograr tal inhabilidad.

Tampoco hay certeza en la actualidad sobre la instancia judicial que debe avalar o no las cifras y condiciones acordadas en la terminación de mutuo acuerdo. ¿Debe ser el tribunal de arbitramento del proyecto o el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por tener procesos activos contra el proyecto?

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Otro de los asuntos pendientes es determinar la manera más eficiente para concluir las obras. Según datos de la ANI, el proyecto está prácticamente paralizado y el concesionario solo alcanzó a ejecutar cerca de 52% del proyecto. De hecho, la ampliación de la vía debía entregarse este mes de marzo.

La ANI aseguró que en las próximas semanas se tiene previsto que el Invías abra cinco licitaciones de obra pública para ejecutar unos $600.000 millones y evitar así que se paralicen por completo las intervenciones. Ese dinero saldría del recaudo de peajes existentes y las vigencias futuras programadas. La idea con esos recursos es pasar de una ejecución de 52% a 65% en los próximos 18 meses.

En cuanto a 35% de las obras que harían falta para concluir el proyecto, el Gobierno tiene previsto abrir una nueva convocatoria de alianza público-privada y que un nuevo concesionario termine lo que falta. Para esto se requerirían inversiones por cerca de $1,7 billones.

Según el cronograma del Gobierno, esa adjudicación de APP se daría finalizando el presente año, pero solo habría inicio de obra un año más tarde, teniendo en cuenta el proceso de cierre financiero y de preconstrucción.

Túnel de la Línea

En la actualidad las obras que se ejecutan en el túnel de La Línea son insuficientes. Un reporte del Instituto Nacional de Vías –Invías–, publicado el pasado 31 de enero, indica que el revestimiento del túnel solo se alcanzó a hacer en 5.796 metros de los 8.600 metros que debió entregar el consorcio liderado por el ingeniero Carlos Collins. Otras obras, como puentes y viaductos, están a medio hacer o ni siquiera han iniciado.

El proceso de caducidad no ha sido sencillo, teniendo en cuenta que la constructora debe liquidar la nómina pendiente de los trabajadores, recoger el equipo y maquinaria dispuesta en el sitio, así como entregar las obras que alcanzó a terminar.

También es necesario mencionar asuntos pendientes con los proveedores de bienes y servicios.

Los cálculos iniciales indican que es necesario un periodo mínimo de tres meses para liquidar este contrato. Pero, al mismo tiempo, el Invías se vio obligado a contratar algunas obras en diciembre para no frenar por completo el proyecto.

La situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que el pasado 31 de enero la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la Constructora Carlos Collins S.A. 

De acuerdo con informes presentados por el revisor fiscal, la compañía “no presenta retención en la fuente desde 2014; debe impuesto de renta de 2013 por $1.521 millones, impuesto de renta de 2015 por $64 millones, impuesto a la riqueza año 2016 por $199 millones e Impuesto al Valor Agregado de 2016 por $17 millones, por lo que la Dian tiene embargadas las cuentas bancarias de la sociedad”.

Se tiene prevista en las próximas semanas la adjudicación del contrato que permitirá terminar con estas esperadas obras que hacen parte del corredor Bogotá–Buenaventura. Si el gobierno nacional desea que Colombia repunte, debe apresurarse lentamente para sacar adelante estas dos megaobras que tanto necesitan la economía y el país.

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