| 3/6/2014 10:00:00 AM

Los enredos de la EAB

Dinero revela en exclusiva los pormenores de un nuevo negocio de la Empresa de Acueducto de Bogotá que podría significar un detrimento patrimonial superior a los $134.000 millones. Investigación.

Los ánimos están caldeados dentro de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB). Y no es para menos. A las ya consabidas dificultades que ha tenido que sortear la entidad por cuenta del polémico revolcón en el esquema de recolección de las basuras, se suma un espinoso proceso jurídico –hasta hoy inédito– mediante el cual un grupo de funcionarios de la entidad está a punto de desviar recursos de la EAB por algo más de $140.000 millones.

La nada despreciable suma de dinero –en principio reservada para saldar una multa impuesta por la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR)– irá ahora a la compra de una acumulación de predios en la periferia de Bogotá que, a la luz de quienes conocen el caso a fondo, serán negociados en medio de un manto de presuntas irregularidades y podría generarle a la capital un detrimento patrimonial.

¿Por qué podría darse el detrimento? Para entender los vericuetos del asunto no está de más remontarse a mediados de 2001, justo cuando esta historia comenzó a entretejerse. Por esos días el entonces gerente de la CAR, Diego Bravo Borda, recordado también por su tortuoso periodo al frente de la EAB durante 2012, le impuso a la Empresa de Acueducto una sanción pecuniaria de $134.348 millones porque, según él, y bajo el amparo de las resoluciones 0656 del 19 de abril de 2000 y 0574 del 11 de abril de 2001, el Acueducto usufructuó –entre 1993 y 2000– aguas de uso público sin la autorización ni las licencias que para ello otorga la CAR.

Dentro del Acueducto la noticia cayó como un ladrillo en la cabeza. Por eso, una vez conocida, los directivos de la Empresa interpusieron sin mediar palabra una acción de nulidad en contra de la intempestiva resolución de la CAR. La tarea recayó entonces sobre los hombros de la ex magistrada del Consejo de Estado Consuelo Sarria Olcos, quien desde ese preciso instante lideró las huestes jurídicas de la Empresa de Acueducto para este caso particular.

Como es ya costumbre en el país, los años empezaron a correr y el caso pareció entrar en un letargo jurídico sin salida. Es decir: nunca hubo una decisión de fondo. Ya en 2012, una década después del inicio del pleito, Diego Bravo fue nombrado por Gustavo Petro gerente de la Empresa de Acueducto, la misma entidad a la que paradójicamente él había multado años atrás. Así pues, uno de sus grandes desafíos sería definir la suerte del inmarcesible enfrentamiento con la CAR.

Aunque a paso lento, hasta ahí todo parecía transitar dentro de un cauce de normalidad. Las suspicacias, no obstante, comenzaron a inundar a la Empresa de Acueducto, cuando semanas antes de renunciar a la gerencia de la entidad, a comienzos de 2013, Diego Bravo nombró a Carlos Guillermo Ordóñez Garrido como director de Representación Judicial de la Empresa. Cargo desde el cual debería hacerle frente, entre otras cosas, a la famosa multa de la CAR.

La designación de Ordóñez Garrido en esa oficina no fue bien recibida dentro de varios sectores de la EAB. Básicamente porque fue él, en calidad de Director Administrativo del Acueducto, quien estructuró la compra de bienes y el alquiler de elementos que serían necesarios para echar a andar el controvertido cambio de modelo de las basuras. Entre sus negociaciones, por ejemplo, aparecen las de los compactadores traídos desde Estados Unidos y los camiones coreanos que hoy operan en la capital, cuyo costo fue superior a los $86.000 millones. Todas esas actuaciones son investigadas por la Contraloría de Bogotá.

Pese a ello, ya entronizado en la Dirección Judicial del Acueducto, Ordóñez decidió desempolvar el pasado 6 de noviembre de 2013 el tema de la multa de la CAR. Ese día, tal como figura en archivos y documentos internos de la EAB en poder de periodistas de Dinero, el funcionario citó algo conocido técnicamente como Comité de Conciliación Extraordinario, para debatir allí –con la plana mayor de la empresa– la posibilidad de conciliar el valor de la multa con la CAR.

Al cabo de la reunión quedó plasmada la siguiente conclusión: “conciliar los efectos económicos de las resoluciones (…) proferidas por la CAR, por el valor consignado en las mismas, sin indexar; es decir, $134.348 millones (…) y que dicho dinero sea destinado para la adquisición de la reserva forestal Thomas Van Der Hammen para la protección del sistema hídrico”, así se lee en documento interno del Acueducto, con número de radicado 196-2013.

A primera vista la decisión suena interesante: redireccionar el dinero de la multa –tras conciliar con la CAR– a la adquisición de predios para conformar una reserva forestal. Entonces, ¿dónde estaría la irregularidad?

Manto de dudas

A los pocos días de que fuera discutida la conciliación con la CAR, el actual gerente de la EAB, Alberto Merlano Alcocer, fue interrogado por periodistas de Caracol Radio sobre la conveniencia del acuerdo y sobre el sustento jurídico con el que fue adoptado. En su momento, el directivo aseguró en los micrófonos de la emisora que el tema había sido discutido en más de seis oportunidades por el Comité de Conciliación de la Empresa.

Sin embargo, tal y como reposa en los archivos internos de la EAB, solo hubo una reunión y no seis, como lo aseguró Merlano, para conciliar con la CAR. “Nunca hubo informes financieros, jurídicos ni técnicos que sustentaran ese supuesto acuerdo. Tampoco se analizó su viabilidad y mucho menos su pertinencia o legalidad”, le dijo a Dinero un alto funcionario del Acueducto que prefirió mantener la reserva.

Pero hay algo más preocupante: la Empresa no contó con el visto bueno o el análisis del caso por parte de su apoderada judicial, Consuelo Sarria Olcos. Lo ocurrido la llevó a presentar su renuncia irrevocable.

De hecho, en un extenso documento radicado con el número No.024-13 del 24 de septiembre de 2013, Sarria Olcos, meses antes de renunciar, le presentó a Carlos Guillermo Ordoñez, director Judicial del Acueducto, las condiciones de legalidad y conducencia que debería tener la conciliación con la CAR. Para su sorpresa, ninguna de las recomendaciones fue tenida en cuenta por la Empresa de Acueducto.

Dinero consultó a un equipo de juristas especializados en materia medioambiental sobre las condiciones en las que se están conciliando los $134.000 millones entre el Acueducto y la CAR. Sus respuestas fueron más que inquietantes. Según ellos, los predios que quiere adquirir el Acueducto con ese dinero para la constitución de la mencionada reserva Thomas Van Der Hammen, no son necesarios. Tanto así que la Procuraduría General de la Nación pidió la suspensión de la negociación ante el Consejo de Estado.

Así las cosas, mientras se desenmaraña este complejo episodio dentro del Acueducto, en el aire solo queda una pregunta: ¿qué estará buscando realmente la controvertida EAB con esta conciliación, que a todas luces parece tan polémica como aquel debate que en su momento suscitó el cambio en el modelo de las basuras?

***

La EAB se defiende
Consultado sobre el tema, Alberto Merlano Alcocer, gerente de la EAB, le respondió a Dinero lo siguiente:

¿Usted apoyó el proyecto de conciliación entre la EAB y la CAR?

Lo apoyé y no solo yo. En ese intento de conciliación intervino el Alcalde, Planeación Distrital y se contó con la cooperación de la gente de la CAR. En particular de su director.

¿Qué motivos lo llevaron a elegir la vía de la conciliación?

Estábamos enfrentando un pleito en el que estaban en juego $134.000 millones, ya lo habíamos perdido en primera instancia, con una probabilidad alta, a juicio del Comité de Conciliación, de perderlo en una segunda instancia. Si esto sucedía había que indexarlo, añadiendo una suma que prácticamente duplicaba el valor de la multa impuesta a la EAB. En consecuencia, era más conveniente llegar al arreglo de una suma menor en este momento, que someternos al riesgo de perder el pleito en una segunda instancia.

¿Sabía que la ficha de Comité de Conciliación con la cual se estudió el caso no incluyó ninguna de las recomendaciones efectuadas por la abogada del caso, Consuelo Sarria Olcos?

Ella tuvo una posición contraria, muy respetable, pero es el Comité de Conciliación y la gerencia los que deciden si se concilia o no. Toda conciliación implica riesgo. Toda conciliación supone que uno prefiere lograr un acuerdo en vez de asumir los avatares de una decisión judicial de pronóstico incierto

¿Por qué renunció Consuelo Sarria Olcos a seguir siendo apoderada de la Empresa de Acueducto?

Al tomar el Comité de Conciliación una decisión distinta a la que ella había recomendado no se sintió cómoda defendiendo una posición que ella no compartía. Es una posición legítima que entendemos y hallamos muy valiosa.
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