| 1/23/2014 3:00:00 PM

La dura cerviz del fraude

La Organización Electoral estrena en las elecciones de marzo un sistema biométrico dirigido a cerrarle las salidas al fraude. Fortalezas y debilidades de un modelo que cuesta $569.000 millones.

Si las cifras electorales de la primera década del siglo XXI fueran confiables, el municipio de González, en el Cesar, sería el templo de la democracia. Allí la abstención no superó durante este lapso el 3%, y los escrutinios, de no ser por las restricciones legales, bien podrían haber comenzado los domingos de los comicios antes de las 4:00 p.m. porque a esa hora ya estaban llenos los formularios de las mesas habilitadas.

Sin embargo, la realidad palpada en los estrados donde fueron discutidos procesos de nulidad electoral resultó distinta. Políticos arteros convirtieron a la población en un laboratorio en el que fueron incubadas las principales modalidades de fraude conocidas: trasteo de votantes, “saltos de canguro” –expresados en el sorpresivo aumento de la votación por candidatos que ni siquiera habían hecho campaña allí–, uso de cédulas inválidas y toda suerte de ataques a la voluntad del votante.

González es solo un ejemplo extremo. El meridiano del mapa de riesgos preparado por la Organización Electoral para los próximos comicios al Congreso no pasa únicamente por los departamentos de la Costa Atlántica; incluye Bogotá y varias regiones del interior, particularmente los departamentos en los Llanos Orientales.

Esta vez la Organización Electoral quiere revertir la situación. “Les estamos apuntando al hígado y al corazón del voto nulo y la columna cervical del fraude”, dice en tono de proclama Alfonso Portela Herrán, registrador delegado en lo electoral y el hombre que mejor conoce el problema. Portela, funcionario con cinco lustros de recorrido en la administración pública, es autor del libro Fraude electoral: lo que la tinta no corrige, en el que identifica 26 modalidades de burla a la voluntad del elector.

Su diagnóstico inspiró en buena medida la adopción de un sistema biométrico que será estrenado formalmente en los comicios parlamentarios y presidenciales de este año. Se trata de un esquema tecnológico que permite identificar al 100% de los votantes, desde el momento mismo de su inscripción, y confrontar sus datos con los incluidos en el registro civil, en la cédula de ciudadanía y en cualquier archivo dactilar que haya de los ciudadanos en las bases de datos oficiales de salud y catastro, entre otras.

El despliegue tecnológico con el que se busca impedir, por ejemplo, que los muertos vuelvan a votar o que los suplantadores de votantes hagan su negocio, está respaldado en previsiones de la Ley 475 de 2011 –de la reforma política– que, sin ser la panacea, dota al Estado de nuevos instrumentos para mejorar los niveles de transparencia electoral. Su montaje ha demandado inversiones por $569.000 millones, que cubren también una campaña de pedagogía electoral y de orientación a los votantes.
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De trampas y alertas
Aunque este año hay un dispositivo para prevenir modalidades ya crónicas de fraude, como la expedición o el uso de fraudulento de cédulas, las nuevas parecen difíciles de controlar. Dinero identificó las principales y averiguó por los potenciales ‘antídotos’.

El trasteo de electores
Por alguna razón que parece no tener explicación distinta a la de un capricho del legislador, la reforma política solo previó los riesgos de la trashumancia de electores –una modalidad crónica de fraude – para comicios locales, pero no para los de nacionales. Así, no está en capacidad de garantizar que el fenómeno no se replique en las de carácter nacional. Un ejemplo sirve como botón de muestra: Bogotá y Soacha son, pese a su vecindad, dos jurisdicciones distintas, pero no hay cómo evitar que por su frontera porosa se filtren clientes electorales para votar por un candidato a Cámara que haya pagado por sus servicios.

El antídoto está en la reciente depuración del censo electoral y del archivo nacional de identificación. Junto con la automatización del registro de inscripciones parece haber mayores herramientas para reconocer trashumantes.

Compra de votos
El nuevo sistema hace más visibles todos los procesos y parece poco probable que los mercaderes de votos se acerquen a los puestos de votación para pagar en efectivo a quien votó por su candidato. Sin embargo, la compra es un proceso que se inicia en varios casos desde la inscripción. El certificado E-4 es en algunos casos el recibo de pago para quien decidió ponerle tarifa a su voto. No hay medidas que permitan sancionar in situ a quienes repartan mercados o almuerzos para someter la voluntad del votante.

Soborno a jurados
En esta ocasión los jurados de mesa tendrán control sobre el preconteo de votos. Si bien no existe garantía de que puedan adulterar el resultado de mesa, su procedimiento se descubriría rápidamente porque los procesos de digitalización y escrutinio serán paralelos y cualquier diferencia provocará una inmediata alerta. Esta vez no hará falta desplegar un ejército de testigos electorales, varios de los cuales se prestaban para hacer trampas.

Uso de cédulas no reclamadas

La actualización y depuración del censo electoral, la actualización del Archivo Nacional y la automatización del proceso de identificación de huellas no darán excusa a los responsables del funcionamiento de las mesas para dejar ‘colar’ a quienes lleguen a votar con cédulas ajenas o utilicen aquellas que no han sido reclamadas en la Registraduría. Si eso ocurre, la responsabilidad no será solo del votante impostor sino compartida con los jurados. Y será de carácter penal.
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