| 3/19/2014 6:00:00 PM

Consecuencias peligrosas

Un fallo de la Corte Constitucional sobre la inclusión de nuevas personas en los censos del proyecto hidroeléctrico de Quimbo puede tener un profundo impacto en los proyectos de infraestructura. Estos son los alcances.

A mediados de marzo la junta directiva de Emgesa –una de las mayores generadoras de energía del país y que controla el grupo Endesa– aprobó un incremento de US$256 millones en el plan de inversiones del proyecto Quimbo, que pasó de un valor inicial de US$837 millones a un costo total de US$1.093 millones.

La empresa, en su reporte de información a la Superintendencia Financiera, indica que la decisión se tomó por factores externos, modificaciones y actualizaciones de especificaciones y diseños y reprogramaciones de obra en este proyecto hidroeléctrico.

Uno de los temas más complejos y controversiales que explican estos mayores costos en el desarrollo del proyecto ha sido el manejo ambiental y las relaciones con las comunidades. Inicialmente, la participación en las inversiones para estos temas estaba en 17% del valor total, y hoy en día puede llegar a 28%. También ha crecido el número de personas en los censos de población, que pasó en los últimos dos años de 1.272 a 2.212.

Precisamente Emgesa acaba de recibir, en este sentido, un fallo de la Corte Constitucional que le ordenó incorporar al censo del proyecto a 7 personas que habían perdido tutelas en otras instancias jurídicas frente a la empresa. Las tutelas fueron objeto de revisión por parte de esta Corte, que produjo la sentencia T-135/13 de marzo de 2013, pero esta apenas se conoció hace algunas semanas.

Aunque directivos de Emgesa prefirieron no hacer comentarios sobre esta decisión, ya solicitaron a la Corte una aclaración del fallo –que no es obligatoria–, pero insisten en que lo acataran.

Para varios analistas, el alcance de esta decisión de la Corte Constitucional puede tener profundas implicaciones no solo para Emgesa –pues para algunos hacer un censo nuevo es técnicamente imposible porque ya se ha movido la población, se han adquirido predios, se están construyendo los reasentamientos y las acciones podrían basarse más sobre la actualización del censo–, sino también para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país. Por un lado, los proyectos se alargarán en su construcción y algunos no serían viables por los costos que tendrían que asumir; y, por otro, deja en evidencia los grandes vacíos que hoy tiene la estructuración y hasta el papel del Gobierno en el acompañamiento de estos procesos.

El debate

Para la Corte –según el fallo firmado por los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub– es claro que “en un estado social y democrático de derecho como el que consagra el artículo 1º de nuestra Constitución, no se puede dar una prioridad general y abstracta al interés general y la visión mayoritaria del “desarrollo” o el “progreso” que traen las obras de infraestructura, cuando estas afectan los derechos fundamentales de las personas”.

En ese sentido, ¿qué implicaciones tiene esta decisión en materia de infraestructura? Este fallo crea jurisprudencia que cobija todos los proyectos de infraestructura que estén declarados como de utilidad pública; es decir que, por ejemplo, se congelan y hay cierres específicos en procesos como los trámites de compra y venta de tierras y hasta de los censos.

Esto significa que por la misma vía los proyectos que hoy se desarrollan –incluso los que están operando– podrían volver a recibir peticiones de incorporación de población afectada. Uno de los casos más recientes fue el de la central de generación Porce IV, de EPM, que tuvo que ser abortada porque el número de personas afectadas, y que ya habían sido identificadas, posteriormente se multiplicó por 5, lo que hizo inviable el proyecto.

“Si el tema de las afectaciones permanece en el tiempo y puede darse en cualquier momento, y el censo hay que hacerlo cada vez que alguien lo pida o se reabra ese tipo de discusiones que parecían cerradas, pues hay un riesgo legal muy grande”, dice uno de los analistas consultados por Dinero.

Si bien es claro que se deben preservar los derechos de las comunidades, también es necesario establecer cuáles son esas comunidades, qué tipo de derechos tienen y cómo se deben adoptar los censos. “En especial, cuando en algunos casos la estrategia de ciertas organizaciones ha sido incorporar a los proyectos más población de la que está en los censos, que en muchos casos no pertenece a las regiones, y pone en riesgo la estructuración financiera de estas iniciativas. En ocasiones, muchas poblaciones son manipuladas por agentes ilegales o políticos que hacen que las comunidades aparezcan de un momento a otro”, agrega el analista.

Preocupa también que esta decisión llegue en un momento clave: cuando la economía está jalonada por las obras civiles –en especial, infraestructura– y cuando está por definirse el proceso de apertura de las licitaciones de las concesiones de Cuarta Generación (4G) –cuyo valor supera los $47 billones– y que tiene, precisamente, en la acotación de los riesgos ambientales y sociales uno de sus mayores escollos.

Además, estas decisiones se podrían traducir en una afectación hacia el usuario final, pues si viene un nuevo proyecto –como por ejemplo las convocatorias para las líneas de transmisión por US$2.000 millones– la visión del riesgo de los inversionistas sería diferente y eso se traduciría en propuestas de mayor valor que se reflejarían en materia de costos para los inversionistas y tarifas para los usuarios.

Sin embargo, hay otra cara de la moneda: “Está muy bien que los contratistas tengan seguridad jurídica y que las etapas de la contratación se vayan cerrando. Pero este asunto es mucho más complejo. Primero, porque hay un derecho fundamental de un montón de comunidades y podría estar pasando que muchos de esos censos estén mal hechos. Y, segundo, porque realmente en Colombia no tenemos ni idea de dónde están las comunidades”, asegura otro analista.

Las comunidades, cuando llegan estos grandes proyectos ven en ellos la respuesta a años de abandono y de ausencia del Estado. Por eso, muchas empresas de infraestructura consideran que la solución es que el Gobierno se ponga al frente de dichos procesos y haga las consultas e, incluso, obtenga las licencias ambientales y acuerde los compromisos con esas comunidades, de manera que los costos de estos acuerdos se trasladen a las regiones vía el Sistema General de Participación.

“Esto no es tan fácil porque la gestión del Estado en este tipo de actividades es lenta. No obstante, es claro que debe haber más acompañamiento del Gobierno y estandarizar las prácticas frente a las comunidades. Pero la solución no es de extremos: o todo los privados o todo el gobierno”, asegura un alto funcionario del Ejecutivo.

Hoy el país está en una situación muy compleja. Decenas de iniciativas de desarrollo de infraestructura están sobre la mesa y en medio de un marco institucional relativamente nuevo. Por eso, el mensaje de la Corte puede llegar en un buen momento: hay que ser cuidadosos con los procesos en los grandes proyectos. Para esto será necesario hacer ajustes. ¿Se lograrán a tiempo?.
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