| 7/21/2016 12:00:00 AM

El gran dilema de la política económica y fiscal colombiana

La sorpresa inflacionaria de junio plantea un dilema monetario, al tiempo que la reforma tributaria establece una disyuntiva fiscal. ¿Cuáles son?

La inflación de junio, que alcanzó el 8,6% anual, sorprendió de nuevo por mantener una fuerte tendencia al alza, con la cual desbordó el pronóstico de los analistas en la encuesta del Banco de la República que la ubicaba en 8,4% anual.

La sorpresa ocurrió tanto en la básica (6,3% contra una previsión de 6,1% anual), como en la de los alimentos (14,3% contra un pronóstico de 14,2% anual), que es el grupo de gasto que explica la mayor parte de la inflación total (47%).

Ese salto inesperado empujó hacia arriba las expectativas de la inflación de la encuesta a 6,5% anual para diciembre de este año y a 4,2% anual para el mismo mes del año entrante.

Aunque tanto el Banco de la República como los analistas prevén no solo que la inflación superará el límite superior del rango objetivo, sino que incluso estará por encima de 6% anual, coinciden en que disminuirá durante el segundo semestre, porque se desvanecerá el efecto de los choques que la sacaron de curso.

El fin del Fenómeno del Niño no presionará más el precio de la energía hacia arriba y hará posible un incremento de la oferta de los alimentos, que reducirá los precios de muchos de ellos. Una menor depreciación de la tasa de cambio estabilizará los precios de los bienes transables. También concuerdan en que la inflación prolongará la senda convergente hacia el rango objetivo el año entrante.

La desalineación de las expectativas de la inflación respecto del rango objetivo –entre 2% y 4% anual– plantea a la Junta Directiva del Emisor un dilema. Una de sus opciones es continuar el ciclo de estrechamiento de la postura monetaria, con el propósito de alinear mejor las expectativas para facilitar la convergencia hacia la meta.

La alternativa es detenerlo para no reducir el ritmo de expansión de la actividad económica (2,5% anual en el primer trimestre), que está en desaceleración y con riesgos a la baja, por la escasa dinámica de las fuentes de la demanda y la incertidumbre sobre la actividad económica global y la estabilidad financiera mundial.

La elección no es fácil porque pese a la desaceleración de la demanda interna, que aumenta por debajo del PIB desde el último trimestre del año pasado, hay síntomas de que la economía tiene todavía un exceso de gasto doméstico. La primera señal es que el déficit externo todavía es amplio, a pesar de haber prolongado en el primer trimestre de este año la tendencia decreciente que trae desde el último del año pasado. Debido al profundo déficit en la cuenta corriente (5,6% del PIB), la economía mantiene una alta vulnerabilidad a los choques externos, como una parada súbita de los flujos de capital o menor tolerancia al riesgo emergente.

El peligro que se corre con un déficit de esa magnitud es que no se pueda financiar en su totalidad al sobrevenir un choque, de manera que deba reducirse a la menor disponibilidad de la financiación externa. En ese caso, el ajuste de la demanda interna sería abrupto, por lo cual tendría consecuencias adversas pronunciadas sobre la actividad económica y el empleo.

El segundo signo de la persistencia del exceso de gasto es que los indicadores de la inflación básica (6,5% anual en promedio) y la de bienes no transables (5% anual) exceden el rango meta y tienen una tendencia ascendente.

De manera que tanto la magnitud del déficit externo como la tendencia de la inflación básica y de las expectativas ameritan una prolongación del ciclo de alza de la tasa de interés de la política monetaria. Sin embargo, el desplome de la inversión en el primer trimestre (de -4,8% anual, por maquinaria y equipo y equipo de transporte) amerita cautela porque el crecimiento del PIB está sostenido solo por el consumo privado (3,4% anual). Además, el repunte de la inversión depende en buena parte de la construcción de las obras civiles, que en la actualidad están estancadas; y de manera especial del arranque de las obras de la cuarta generación de concesiones (4G), que primero deben completar sus cierres financieros. Dada la apretada rentabilidad de esos proyectos, por sus elevados riesgos, un incremento considerable de los costos financieros podría minar su viabilidad.

Por fortuna, la economía colombiana atrae todavía un flujo de inversión extranjera que le permite financiar con comodidad su déficit externo. Con este propósito resulta favorable que el precio del petróleo se haya estabilizado (alrededor de US$50 por barril), lo cual ayudará a contener el descenso del valor de las exportaciones y de los ingresos del sector público.

Quizá contribuya además a canalizar algo de inversión extranjera al sector. También es conveniente que los inversionistas de portafolio mantengan el apetito por la deuda pública colombiana. Para ello resulta propicio que las perspectivas sobre la política monetaria de los bancos centrales más grandes del mundo sugieran que sus posturas monetarias permanecerán laxas este año y el entrante, por la debilidad del crecimiento de las economías avanzadas más grandes y las preocupaciones por su estabilidad financiera.

Sin embargo, para preservar el interés de los inversionistas en el país es vital mantener la credibilidad de la política económica. Con este fin, el país cuenta con un marco institucional eficaz que le permite establecer las metas. Pero debe cumplirlas. Desde esta perspectiva, el incumplimiento de la meta de inflación durante dos años es desafortunado, aunque explicable por los choques que lo originaron. Por eso el Banco de la República debe perseverar en realinear las expectativas inflacionarias para no arriesgar un tercer incumplimiento en 2017.

De manera paralela, el Ministerio de Hacienda tiene que acatar la regla fiscal. Hasta ahora lo ha hecho por medio de la austeridad inteligente con la cual recortó el gasto. Por fortuna, la regla le permitió incrementar de manera temporal la senda de reducción del déficit fiscal entre 2016 y 2020. Para asegurar su cumplimiento a partir del año entrante requiere mayores ingresos, que deberá conseguir por medio de la reforma tributaria. En este caso también hay una disyuntiva: presentar el proyecto al Congreso este año o el entrante. Sin embargo, posponer su aprobación más allá de fin de año sería una mala señal que arriesgaría la confianza de los inversionistas y la calificación de la deuda pública.

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