La quiebra de InterBolsa se precipitó el pasado 1 de noviembre, cuando la firma comisionista incumplió el pago de un crédito intraday por $20.000 millones con el banco español BBVA. Para las autoridades que adelantan la investigación penal sobre el escándalo bursátil más grande en la historia del país, este es el caso más avanzado. La tesis de la Fiscalía es que ese incumplimiento podría derivar en los primeros cargos concretos contra los involucrados: administración desleal, que implica una pena entre 4 y 8 años.
La historia es esta. El crédito fue desembolsado por el banco español BBVA el jueves primero de noviembre a las 10:50 a.m. y se suponía que sería cancelado antes de las siete de la noche del mismo día. Lo que no se esperaban las directivas del BBVA, es que al siguiente día, viernes 2 de noviembre, la Superintendencia Financiera resolvería intervenir la firma comisionista.
El argumento central del ente acusador es que los funcionarios de InterBolsa habrían solicitado el préstamo, a sabiendas de que la comisionista sería intervenida.
De hecho, a finales del año pasado, el presidente del BBVA en Colombia, Óscar Cabrera, aseguró que en la actitud de los administradores de InterBolsa hubo dolo. “No se puede disponer de una operación de esa naturaleza si no es con dolo. Hay dolo en esa situación”, dijo durante una rueda de prensa.
¿Cuál es el argumento de la Fiscalía? Que desde el 31 de octubre, los responsables de InterBolsa, sabían que la firma comisionista sería intervenida. A pesar de ello, solicitaron el crédito del BBVA a sabiendas de que no podrían pagarlo. Para las autoridades la prueba de esta conducta es el acta 271, correspondiente a la reunión de la junta directiva de la holding. El encuentro empezó el 31 de octubre a las 5:00 p.m., se interrumpió a las 6:30 p.m. y reinició el 1 de noviembre, a las 7:00 a.m., 24 horas antes de la intervención.
La junta interrogó a Álvaro Tirado, presidente de la comisionista de bolsa, sobre la situación de la firma. Según el acta que está en manos de la Fiscalía, “el doctor Tirado informa (a la junta) que de no conseguir los recursos para atender los vencimientos de las operaciones repo puede llegar a un incumplimiento y para evitar esta situación se tendría que inactivar la firma comisionista”.
Este sería uno de los primeros casos en que alguien es acusado de esta conducta en Colombia. El Código Penal señala que incurre en administración desleal quien “en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios”.
Los responsables de Interbolsa han señalado que obraron de buena fe y con el único fin de salvar a la firma.
El caso, por el lado del Bbva, está en manos de la firma Mauricio Pava, Derecho Penal Corporativo, que solicitó una audiencia para las próximas semana. Ante un juez, los acusados deberán dar las explicaciones.