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Luis Carlos Vélez, Director Caracol Noticias.

| 5/16/2013 10:00:00 AM

El precio de la opinión

Los atentados físicos contra periodistas no son la única forma de censura. Existe un acoso judicial que se podría tasar en dinero. En Bogotá, hay reclamos por $14.000 millones.

El atentado contra el jefe de investigaciones de la Revista Semana, Ricardo Calderón, ha reabierto el debate sobre las garantías para el ejercicio del periodismo en Colombia. Gran parte de la controversia ha girado en torno a las relaciones, siempre complejas, entre los informadores y el poder armado estatal que históricamente se ha resistido a la fiscalización de los medios.

El ataque contra el periodista de Semana coincidió con otro hecho también sobrecogedor: los nombres de ocho periodistas de Valledupar aparecieron en la lista preparada por una banda criminal que pretende ponerlos ante el dilema del exilio o la muerte.

Los antecedentes luctuosos han regresado a la memoria pública. Academia, foros y medios recuerdan por estos días las circunstancias en que, desde 1980, han caído asesinados en el país 276 periodistas por causa del oficio. En esa galería aparecen, entre otros, los nombres de Alirio Mora Beltrán, periodista vallecaucano que en la década de los 80 descubrió que la Policía –su fuente habitual– estaba contaminada por las acciones de algunos de sus agentes que habían convertido un aeropuerto local en zona franca para narcotraficantes. También los de José Duviel Vásquez y tres de sus compañeros de la emisora La Voz de la Selva, de Florencia, que en los 90 denunciaron las violaciones de las Farc y su maridaje con un sector de la clase política en Caquetá, lo mismo que el de Orlando Sierra, subdirector de La Patria, que se convirtió en la piedra en el zapato para la coalición bipartidista que ancestralmente gobernó el departamento de Caldas.

Pero, el fusil y la pistola no han sido las únicas armas para acallar las voces críticas. En los escenarios de la justicia y en los despachos de quienes la administran también se han cernido presiones que ponen en entredicho el principio constitucional según el cual en Colombia no debe haber censura.

Los casos aquí también darían para una ‘antología’. Para no ir más lejos, en agosto de 2010 la columnista Salud Hernández fue denunciada penalmente por el entonces presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla Paucar, quien se declaró agraviado porque su nombre fue incluido por ella en un ‘roscograma judicial’ y en la lista de quienes amenizaban las tenidas del italiano Giorgio Sale, preso por lavado de activos.

En agosto de 2012, el ejercicio disuasivo de la opinión pública evitó que los magistrados de la Sala Penal de la Corte promovieran querellas contra las periodistas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco, quienes plantearon dudas razonables sobre el cambio de jurisprudencia para el juzgamiento de altos funcionarios y sobre el retiro del magistrado Iván Velásquez, motor de los procesos penales sobre la parapolítica. Por su ejercicio crítico, María Isabel Rueda causa también urticaria entre togados.

“Las demandas judiciales tienen el objetivo de intimidar a los medios”, declaró Nora Sanín, directora de la Asociación Colombiana de Diarios en entrevista con Cecilia Orozco, publicada en El Espectador el domingo 12 de mayo. Para ella es innegable que el acoso judicial y los abusos de poder, que pretenden restringir la acción de los medios, hacen carrera en círculos de la administración pública.

Censura en pesos

El acoso al que se refiere Sanín no se estaría dando exclusivamente en los estrados penales. Periodistas de Dinero hicieron, a manera de muestreo, un recorrido por los juzgados civiles del centro de Bogotá y encontraron que allí están activos 67 procesos declarativos de responsabilidad contra empresas periodísticas y periodistas en particular.

Los procesos están discriminados así: 29 contra cadenas de televisión, 21 contra periódicos, nueve contra periodistas considerados individualmente, cuatro contra cadenas de radio y cuatro de empresas que preparan contenidos para medios en distintos formatos.

La pretensión económica más pequeña es de 90 salarios mínimos (unos $53 millones) y, en total, los demandantes buscan indemnizaciones superiores a los $14.200 millones.

La información fue entregada por las fuentes con la condición de no hacer referencias a contenidos específicos de los procesos, aún bajo reserva. Hay casos que a los ojos del ciudadano del común pueden generar muchas dudas. Uno de ellos es el de un exfuncionario judicial removido hace más de cinco años de su cargo por posibles vínculos con grupos ilegales. El afectado no procedió contra quienes declararon su insubsistencia sino contra medios que publicaron la decisión.

Como lo advierte el exmagistrado Juan José García, los periodistas no son ciudadanos distintos ante la ley y tienen los mismos derechos y deberes que cualquiera. Su ejercicio implica responsabilidad y lealtad con la verdad y un desquiciamiento de su parte puede ser perjudicial contra la honra y el buen nombre de personas e instituciones. Pero, una causa judicial no puede suponer la existencia de un “delito de opinión” ni puede convertirse en mecanismo para detener los cuestionamientos de la prensa, que se supone libre en su papel fiscalizador.

Ese papel fiscalizador, como advierte la propia Corte Constitucional, no convierte a la prensa en un apéndice de la administración de justicia. En otras palabras, no depende, como lo pretende la mayoría de los demandantes, que exista una sentencia judicial previa que le sirva de soporte.

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