| 9/6/2013 9:00:00 AM

Sin agua

Con la entrada en vigencia del nuevo POT de Bogotá, los constructores se van a quedar sin el agua que les habían prometido. Otras demandas se vienen contra la polémica medida. ¿De qué se trata el asunto?

En la mañana del pasado lunes 26 de agosto, ante la mirada atenta de Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda; Guillermo Botero, presidente de Fenalco, y Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, el secretario Distrital de Planeación, Gerardo Ardila, se mostró seguro cuando le preguntaron por la suerte que correría la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá. Sin vacilar –en uno de los salones del Club el Nogal– le dijo al auditorio que la Administración estaba estudiando la posibilidad de presentar nuevamente la iniciativa a consideración del Concejo para debatirla a partir de septiembre o noviembre próximo.

Ese mismo día –en horas de la noche–, entronizado en la localidad de Ciudad Bolívar, el alcalde, Gustavo Petro, en abierta contravía a lo manifestado por su secretario de Planeación, tomó quizás la decisión más polémica desde su llegada al Palacio Liévano: aprobó por decreto el POT. No acababa de hacer público el anuncio cuando las críticas, las voces de inconformismo y las demandas en contra de la medida empezaron a llover a cántaros.

Desde entonces los medios registraron la noticia con estupor y, al mismo tiempo, consignaron una letanía de advertencias relacionadas con lo que le esperaría a la ciudad una vez entrara a regir la norma. Señalaban, por ejemplo, que el desempleo aumentaría como nunca antes, que el costo en la vivienda podría llegar a su punto más alto en años y que los constructores quedarían sometidos a una incertidumbre jurídica a la hora de poner en pie sus nuevos proyectos.

La turbulenta reacción de los gremios, el Ministerio de Vivienda, los comerciantes y el Concejo Distrital, no obstante, hizo que muchos pasaran por alto dos detalles que conlleva el POT, quizás más nefastos que los planteados hasta hoy.

El primero tiene que ver con el hecho de que los acuerdos asumidos a la fecha entre el sector de la construcción y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en materia de suministro de agua terminarían desmoronándose. El segundo punto está relacionado con la introducción inconsulta de varios artículos a la resolución final que decretó el POT, los cuales nunca fueron contemplados en el documento que discutió y negó el Concejo en junio pasado. Esto último, a la luz de juristas consultados por Dinero, es un claro atropello a lo consagrado en la Constitución y digno de ser demandado.

¿Qué ocultan, entonces, estos dos hallazgos? En relación con lo convenido hasta el momento entre constructores y la EAAB no está de más revisar cuáles han sido sus ‘pactos’ y cómo se vendrían a pique por cuenta del POT. Pues bien, el pasado 26 de agosto, en una mesa de trabajo –organizada por el personero de Bogotá, Ricardo Cañón– funcionarios de la EAAB se comprometieron con representantes del gremio de la construcción a solucionar paulatinamente sus casos y la situación de al menos 640 proyectos urbanísticos que en este momento no tienen agua en la capital.

“Durante aquel encuentro, la EAAB dijo que nos reconocería los costos de los diseños y estudios técnicos de las redes de acueducto que nos había tocado asumir. A renglón seguido, la Empresa indicó que iba a resolver por lo pronto la falta de agua de 85 proyectos”, relata Édgar Oliveros, representante de las constructoras afectadas. En plata blanca, reconocer la totalidad de los costos en mención le significaría a la EAAB como mínimo $8.500 millones.

Y aunque a estas alturas, según sostiene Oliveros, no se han visto ni las soluciones prometidas y mucho menos la compensación económica pactada, lo cierto de todo esto es que con la entrada en vigencia del nuevo POT, la EAAB quedaría facultada jurídicamente para incumplir con lo acordado tan pronto lo crea necesario. Básicamente, porque la nueva norma deja en cabeza de los constructores la ejecución de las redes de acueducto y alcantarillado.

“Eso quiere decir que así nos cumplan con lo que se acordó, de igual manera en el futuro seguiremos siendo nosotros los encargados de llevar a cuestas las cargas económicas que constitucionalmente le corresponden al Estado”, apuntan los constructores.

Así las cosas, los avances que se hicieron en asuntos de acceso al agua con la mano, inminentemente quedarán borrados de un plumazo con los pies.

Qué chambonada

Las consecuencias del nuevo POT, sin embargo, no solo tocan de frente a los constructores. En asuntos legales, el decreto de Gustavo Petro pasa por encima de la Constitución del 91. Al menos a esa conclusión llegó el personero Distrital, Ricardo Cañón, quien en una extensa conversación con Dinero explicó por qué.

“Lo primero para tener en cuenta es que la Constitución es clara en darles la competencia a los concejos municipales para definir el uso del suelo. Por eso, no entiendo por qué en su decreto el Alcalde dice que la administración cumplió con presentar el proyecto al Concejo, pero como este no lo aprobó, él está facultado para sacarlo por decreto. Si ese enunciado fuera cierto, significaría derogar la Carta Política en la competencia que tiene el Cabildo para definir el uso del suelo”, remata Cañón.

Incluso hay quienes se atreven a ir más allá. Con código en mano, abogados consultados por esta Revista coincidieron en asegurar que lo expresado en la resolución del POT es un delito. “Acá estamos frente a un prevaricato que de comprobarse podría llevar a Gustavo Petro a purgar una condena de hasta 10 años de prisión”, sentenció un jurista que se abstuvo de revelar su nombre.

Pero ahí no paran las cosas. El Personero prepara una demanda en contra del POT en la que argumentaría –adicionalmente a lo ya mencionado- la inclusión de artículos que nunca fueron formulados al Concejo cuando en su momento fue discutida la iniciativa. “Con eso –anota el Personero– lo que hizo Petro fue presentar un POT completamente distinto al que radicó ante los 45 concejales de Bogotá”.

Nunca antes una medida del Alcalde había caldeado tanto los ánimos, ni siquiera cuando implementó el polémico esquema estatal de recolección de basuras. Es por eso que desde más de una tribuna, el clamor generalizado apunta hacia dos peticiones: que la justicia tramite cuanto antes las no pocas demandas que se han presentado en contra del POT y que por el bien de los bogotanos sean falladas con sensatez.
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