En la tarde del miércoles 22 de agosto, Juan Manuel Santos decidió poner fin a las conjeturas sobre el futuro de su equipo ministerial al pedir la renuncia protocolaria a todo su gabinete. Un día más tarde inició el remezón por donde nadie lo esperaba, al cambiar al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Así arrancó en forma la reorganización del Gobierno para su segunda mitad, cuyo objetivo central es buscar la reelección en el año 2014.
El hecho de que Santos quiera la reelección no debería sorprender a nadie. En los países donde existe la posibilidad de tener dos periodos presidenciales consecutivos, todo el mundo espera que el presidente busque el poder en ambas oportunidades y no en una sola. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando los votantes apoyan a un candidato entienden que esa persona desea gobernar durante ocho años. La elección al final del primer periodo simplemente da a los ciudadanos la oportunidad de reafirmar o retirar su aval.
Sin embargo, en Colombia se discute hasta el cansancio si el Presidente irá o no a una reelección y cuándo anunciará su decisión. Esa ambigüedad es innecesaria, pues se sabe que todo presidente quiere reelegirse. En realidad, en el caso de Juan Manuel Santos el problema no está en que quiera hacerse reelegir, sino en que cuando lo anuncie se romperá el modelo de gobierno que mantuvo durante los primeros dos años.
En estricto sentido, en 2014 no ocurriría una reelección de Juan Manuel Santos. En realidad, esa sería la primera vez que Santos acudiría a las urnas a buscar votos para llegar a la Presidencia sobre su propia plataforma y a partir de sus convicciones respecto a lo quiere hacer en el poder. En 2010 llegó como candidato ungido por Álvaro Uribe y, para lograrlo, tuvo que aceptar tesis que claramente no compartía. De hecho, algunas de las políticas más importantes no hicieron parte de su programa de gobierno. Si Santos busca un segundo periodo, tendrá que jugársela toda para convencer a los ciudadanos de la calle ahora sí de que voten por su programa de verdad.
La coalición de gobierno que se creó en agosto de 2010 funcionó, pero no aguanta un proyecto reeleccionista. La Unidad Nacional, que tanto sirvió en su momento, no tiene más remedio que resquebrajarse a medida que se acerquen los comicios de 2014. Santos tendrá que diferenciarse de los candidatos opositores y ellos tendrán que diferenciarse de Santos. Él tiene que persuadir a los colombianos, con un discurso propio, de que su presencia en el poder es necesaria por dos periodos si el país quiere ver su legado de prosperidad. ¿Cómo lo hará?
La estrategia
El plan del Presidente parece tener cuatro puntos fundamentales: la negociación de la paz, un realineamiento político para darle más juego a las regiones y a los partidos, inversión social, y ejecución de obras de infraestructura.
La búsqueda de un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc y el ELN es la apuesta más ambiciosa, la que marcará el distanciamiento definitivo con Uribe y la que será la llave para su segundo mandato. En el evento de llegar a un acuerdo negociado con la guerrilla, el uribismo quedaría prácticamente desarticulado y Uribe pasaría a ser un personaje de la historia.
Por supuesto, asaltan dudas por todas partes. ¿En cuáles condiciones se daría ese proceso de paz? ¿Cuáles serían los costos? ¿Cómo confiar en unas eventuales promesas de las Farc sobre acuerdos de paz, cuando han pasado por alto sus propios anuncios sobre temas como la renuncia al secuestro? ¿Dejarán el narcotráfico? ¿Tendrán participación los líderes guerrilleros reinsertados en las instituciones del Estado? ¿Habrá indulto o amnistía para los responsables de perpetrar crímenes de lesa humanidad? ¿Serán tenidos en cuenta sus planteamientos políticos y económicos sobre privatización, inversión extranjera y papel del Estado en la economía? La lista de preguntas es interminable.
Se espera que entren nuevas figuras en el gabinete, con miras a dar una estructura fuerte al manejo de este tema. A los nombres de Sergio Jaramillo, alto consejero para la Seguridad y Enrique Santos Calderón, hermano mayor del Presidente, se suma ahora Luis Eduardo Garzón quien será un superministro del “diálogo social, la movilización ciudadana y pedagogía para la paz”.
La paz es claramente la apuesta más agresiva de Santos, pues eso lo distancia de manera radical del uribismo, que se ha opuesto a cualquier acercamiento con las Farc. Si logra algún éxito en los próximos meses, estará dándole la estocada final en el ambiente político al expresidente Álvaro Uribe.
Rompecabezas político y regional
A medida que la Unidad Nacional hace agua, el Gobierno deberá abrir la puerta a un replanteamiento de las coaliciones y la ampliación del espacio para la representación de las regiones en la administración. Tiene que asegurar aliados para su proyecto de largo plazo y debe intentar diluir su imagen de bogotano distante y proclive a la tecnocracia.
En manos de sus Ministros entrantes estará esa labor. El reto será mayor si se confirma que Álvaro Uribe le estaría apuntando a encabezar una lista al Senado en las próximas elecciones parlamentarias. Al mismo tiempo, el Congreso está abriendo una puerta para permitir de nuevo, mediante una ley, el transfuguismo en los partidos políticos; eso permitiría a los parlamentarios que hoy no están conformes con el Gobierno moverse fácilmente hacia las toldas uribistas. Para manejar este escenario, se necesita que entre los Ministros entrantes haya un componente mucho más político que técnico.
Gastos y resultados
Para que los votantes se acerquen a Santos en 2014, habrá que mostrar realizaciones del primer periodo. Esos resultados no pueden referirse únicamente a las relaciones internacionales o la macroeconomía, sino que tienen que verse en los temas que afectan al ciudadano común.
De ahí el énfasis que recibirán los programas sociales. El nuevo ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo planteó así con toda claridad en sus primeras declaraciones, al señalar que sus metas son reducir la pobreza e impulsar el gasto a favor de las clases menos favorecidas. Esa no es una afirmación menor, viniendo de quien viene, el encargado de poner coto a las aspiraciones de gasto del resto del Gabinete.
Así, los funcionarios encargados del gasto social van a jugar un rol clave. Bruce Mac Master, Samuel Azout, Diego Molano y las otras personas que lideran esas áreas tienen en sus manos la tarea de hacer evidente ante la población que Juan Manuel Santos merece mantenerse en el solio de Bolívar.
Ya se han dado pasos importantes en esa dirección. Por ejemplo, sin mucho ruido, el Congreso aprobó y el Presidente sancionó la ley que convierte el plan Familias en Acción en política de Estado.
El gobierno Santos buscará acelerar el cumplimiento de la meta de llegar a 2,6 millones de familias de todo el país con subsidios directos. En el proyecto de Presupuesto de 2013, la Agencia para la Prosperidad Social tiene $6,9 billones para la próxima vigencia, 10% más que el presupuesto social de este año. Las casas gratis, que según el ministro Germán Vargas deberán quedar adjudicadas a más tardar en junio del próximo año, implican un gasto de $4 billones.
Otro eje de acción es el impulso a las obras públicas. Aparte de los grandes proyectos que están andando, y que todavía se demoran, viene un énfasis en las pequeñas carreteras y puentes regionales. En este momento hay incertidumbre, pues era claro que el nombramiento del Ministro Miguel Peñaloza apuntaba a fortalecer los programas de vías intermunicipales. Su salida es un revés en el plan. Ahora Cecilia Álvarez tendrá que ponerse en sintonía con el objetivo de construir carreteras por todo el país. El Gobierno acaba de iniciar un plan de 27 corredores viales por toda Colombia por un valor de $1,15 billones. Estos programas de rehabilitación y mantenimiento se desarrollarán en los próximos meses.
El afán por meterle el acelerador a la ejecución también quedó en evidencia con el anuncio del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Mauricio Santamaría, quien informó que van a flexibilizar el presupuesto, premiando a las entidades que ejecuten y castigando a las que no lo hagan. El objetivo es que haya mejores resultados en las obras públicas a partir de este segundo semestre para que los recursos se apliquen rápidamente. “De hecho –explicó Santamaría– el Ministerio de Hacienda va a radicar próximamente en el Congreso una ley que permitirá hacer exactamente eso, sacar recursos de sectores o proyectos que no se han ejecutado y que se sabe que no se van ejecutar, y pasarlos a otros que tienen mayor posibilidad de ejecución, para que haya mayor impacto”. La meta del Gobierno es tener contratados $19 billones en obras públicas en 2013.
Como si esto fuera poco, el presidente Santos ratificó que el próximo año se abrirán definitivamente las licitaciones que por $40 billones viene preparando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Este componente de la estrategia implica riesgos. Si bien este tipo de gasto tiene un efecto contracíclico deseable en medio de la desaceleración de la economía mundial, también aumenta las posibilidades de perder el control sobre el déficit fiscal.
El ajuste entre el nuevo entorno político y el manejo del Congreso para la aprobación de reformas fundamentales es otro frente complicado. Si las prioridades de corto plazo asociadas al reacomodamiento político priman sobre las necesidades de largo plazo, reformas pendientes tan necesarias como la tributaria y la pensional quedarían en el limbo.
No solo en el Congreso, sino en el manejo de temas regulatorios sensibles, la estrategia política puede tener resultados contraproducentes. Temas como el salario mínimo, el aumento en los precios de la gasolina, los problemas en el sistema de salud, la renegociación de las concesiones mineras, las regulaciones de transporte y muchos más, podrían quedar hipotecados ante las prioridades de la reelección.
Con su remezón ministerial, Santos inició un periodo de quince meses en el que pondrá toda la carne en el asador para lograr la reelección. De lo que ocurra en este segundo tiempo de Gobierno dependerán sus posibilidades reales para ser reelegido en franca lid. Sólo si lo logra se podrá quitar de encima el fantasma de Álvaro Uribe. Esa contienda afectará todos los aspectos de la vida pública del país hasta que se llegue a una solución definitiva.
Al cierre de esta edición, el presidente Santos había ratificado a cuatro de sus ex ministros y se daba por hecho que la titular de Justicia permanecería en el cargo; con el movimiento ministerial busca encauzar sus energías en la reelección, la paz y el realinderamiento político.