| 2/1/2012 6:00:00 PM

El ministro camellador

En entrevista con Dinero, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, revela los planes en materia pensional: reforma integral, aumento de los cotizantes y subsidios para la tercera edad.

El nuevo ministro de Trabajo, Rafael Pardo, entró pisando fuerte. Acaba de anunciar una millonaria multa a varias cooperativas que prestaban servicios a compañías palmeras. Antes lo había hecho con otras compañías de servicios petroleros. Los anuncios están relacionados con la desafiante agenda de este nuevo Ministerio, que nació con la más reciente reforma administrativa del gobierno Santos. Pardo habló con Dinero sobre los retos que encontró en esta cartera.

—¿Cuál es la prioridad para un Ministerio que apenas nace


La formalización del empleo es uno de los temas centrales. ¿Qué entendemos por formalizar? La definición que nos sirve es qué trabajadores tienen protección social y cuáles no.

— ¿Cómo encontró el panorama en este frente?

En los asuntos de protección social hay tradicionalmente tres aspectos que son: salud, pensiones y riesgos profesionales. En Colombia se ha logrado en 20 años una protección en salud desligada de la protección del trabajo que es el régimen subsidiado. Pero en pensiones y riesgos profesionales, esa protección está atada al tipo de contrato laboral. En ese sentido, solo uno de cada tres trabajadores tiene protección o en riesgos o en pensiones. Allí está el objetivo del Ministerio.

—Hoy el sistema, especialmente en pensiones, parece insostenible.

Una persona que cotiza está obligada a hacerlo en los tres sistemas: pensiones, salud y riesgos. Si son personas que tienen más de 50 años, que llevan muy poco tiempo cotizando para pensiones, pues tienen muy poco estímulo para afiliarse al sistema, cuando es claro que no van a tener pensión. Esto lo lleva a desformalizarse. Hubo una ley hace un año y medio y gracias a esa ley se permitió que personas de menos de un salario mínimo se afiliaran solo a salud. En seis meses, entraron 600.000 personas.

— ¿Qué estrategia van a diseñar?

El principal efecto de la desformalización es no tener protección y ahí está el gran reto, especialmente en protección de la vejez. Allí hay tres escalones distintos: uno es el de las personas que ya están en la vejez y que no tienen ningún sistema de protección y no tienen recursos para sostenerse. Sobre este grupo estamos planteando ampliar la protección con un pilar solidario de auxilio. Esos son 2,4 millones mayores de 55 años en mujeres y 60 años en hombres, pero que nunca han cotizado y están en Sisbén uno y dos.

— ¿Quiénes más?

El segundo grupo es el que está trabajando, no tiene protección, no está en las pensiones, no recibe ni siquiera el salario mínimo y no puede cotizar. Para ellos se están estructurando los Beneficios Económicos Periódicos (BEP).

— ¿En qué consisten?


Los BEP buscan generar la cultura de ahorro para la vejez, a través de incentivos. Por cada peso que usted ahorre para la vejez, va a recibir un subsidio que es un porcentaje de cada peso. Hay otra serie de incentivos, no tanto para ahorrar, sino para dar la flexibilidad, pues hay momentos en que sí se puede ahorrar y otros en que no.

— ¿Esas personas se van a pensionar con el salario mínimo?


No, por eso se llama beneficio y no pensión, porque si fuera pensión, por Constitución tendría que ser el mínimo.

— ¿Cuántas personas podrían beneficiarse?

Unas 8 millones de personas

— ¿De dónde sale la plata?

Hay una fuente que es el fondo de solidaridad pensional. Ese fondo tiene acumulados $2,5 billones, pero tiene un valor presente neto de $12 billones para cuando se empiecen a pagar las pensiones. La otra parte de la financiación es el ahorro de los beneficiados.

El tercer elemento debe ser la reforma pensional.

— ¿Cuál es el cronograma con esa ley?


Primero vamos a estructurar los BEP y a examinar la ampliación del pilar solidario. Cuando eso esté listo, que debe ser a mediados del año, vamos a entrar al Congreso con una reforma al sistema de pensiones.

— ¿De qué edad a qué edad pasaría la jubilación?

Me parece un poco simplista fijarse solo en la edad. Un régimen de pensiones tiene cuatro parámetros: cuánta es la cotización de la gente en proporción del salario, por cuánto tiempo, cuál es el proceso para definir qué recibe cuando se pensiona y a partir de qué edad puede entrar a reclamar ese dinero. La composición de esos parámetros es lo que determina la sostenibilidad del sistema. Y aquí solo hablan del tema de la edad.

—Porque los otros parámetros están al límite, por ejemplo la cotización...


No, está en niveles comparables y hay cotizaciones más altas en otras partes. Si estamos hablando de los parámetros, podemos hablar de todos los parámetros. Por ejemplo, el tiempo de servicio o la prestación. Aquí ya hay un criterio constitucional sobre la prestación (cómo se transforma el salario en pensión). En todas partes, la pensión se convierte en una proporción menor de 100% del salario. Pero eso en el salario mínimo en Colombia es uno a uno. Si una persona gana salario mínimo, le descuentan mensualmente el porcentaje correspondiente y después recibe el salario mínimo como pensión. En la reforma constitucional se deben mirar todos los parámetros. En Europa, 60% o 65% de la población tiene pensión. Aquí solo el 25%. Entonces, nuestra preocupación es sobre el 75% que no tiene protección en la vejez.

— Otro tema clave para su Ministerio son las cooperativas de trabajo ¿Cuáles son los mecanismos para desincentivar la contratación a través de estas cooperativas?

Miremos el sector privado. Allí hay una presencia de formas cooperativas que no son ilegales. Lo que pasa es que hay unas que se crean para hacer lo mismo que hace la empresa, pero sin cumplir las condiciones laborales. Eso no es deseable. El Ministerio tiene un sistema de inspecciones que es el mecanismo para poner en cintura estas anomalías.

—El problema también es evidente en el sector público.


Hay una circunstancia real. Hace diez años el país estaba en recesión y con una crisis fiscal muy grande. El Congreso decidió congelar las plantas de personal. En diez años han cambiado la economía y el Estado y las plantas siguen siendo las mismas. Entonces, la administración contrata gente por medio de prestación de servicio, no por contrato laboral, porque las plantas no las pueden modificar. Por ejemplo, en Bogotá, 60% de la gente trabaja por prestación de servicios.

— ¿Cómo superar el problema?

Es un proceso de todo este año. Estamos recogiendo información y exigiendo planes. Por ejemplo, Medellín va muy bien, pues empezó con una reforma administrativa.

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