| 11/24/2016 12:00:00 AM

¿Cuál será el futuro de Electricaribe tras la toma de posesión?

Tras la toma de posesión de Electricaribe por parte de la Superservicios, en máximo cuatro meses se conocerá el alcance de esta decisión: si es para administrar o para liquidar la compañía. Estos son los escenarios.

El pasado martes 15 de noviembre se cumplió lo que era la crónica de una toma de posesión anunciada. Ante los incumplimientos y atrasos en los pagos en la compra de energía por parte de Electricaribe y la insolvencia de la compañía, la Superintendencia de Servicios Públicos decidió intervenir a esta distribuidora de energía de la Costa Atlántica que representa más de 2,5 millones de usuarios y 25% del mercado nacional.

De nada valió la visita del CEO de Gas Natural Fenosa –mayor accionista de Electricaribe–, Isidro Fainé, cuatro días antes de la decisión, para reunirse con el Gobierno y buscar una salida a la situación de la compañía.

El panorama es realmente complejo: Electricaribe les debe $1,7 billones a los bancos y tiene una deuda adicional –con distintos proveedores, entre generadores, el Estado y otros– por cerca de $1,5 billones, cuando sus ingresos anuales son de $3,3 billones.

Según José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos, a la empresa no le estaba cerrando la caja y los ingresos eran insuficientes para cubrir los egresos. “Electricaribe tenía proyectado un faltante de caja de $400.000 millones a final de noviembre de este año. Con un déficit de esa magnitud, la compañía habría empezado a incumplir gravemente con sus obligaciones”, dice.

Ante esta situación, la toma de control era casi inevitable, pues era necesario parar el desangre financiero que venía, tratar de poner la casa en orden y mirar en el futuro cuáles son los escenarios para moverse.

La toma de posesión tiene dos modalidades: para administrar o para liquidar. La primera es muy similar a un proceso de reorganización: entra el agente y cura los problemas que llevaron a la compañía a un estado crítico; la sanea y la saca adelante. En la segunda opción se liquida la compañía y, luego de un proceso público de selección, se consigue un operador que siga prestando el servicio.

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Tras la toma de posesión viene una etapa inicial de dos meses, prorrogables por otros dos, para determinar si la empresa va hacia una administración o una liquidación. En este momento las obligaciones están suspendidas, no se pagan intereses ni vencimientos financieros.

La gran pregunta es si ante la compleja situación por las cifras billonarias que maneja Electricaribe, la Superintendencia tiene los recursos necesarios para atender esta operación. “El Gobierno creó hace mucho tiempo un fondo para mantener la operación de compañías de servicios públicos que estén insolventes. Ese fondo tiene hoy $180.000 millones y si eso resulta insuficiente hay mecanismos alternativos de financiación”, dice Mendoza.

Los escenarios

¿Qué viene hacia el futuro? Todo dependerá de la decisión que en 4 meses como máximo tome la Superservicios sobre el carácter de la intervención. Sin embargo, en cualquier escenario –administración o liquidación– la tarea de la Superintendencia es asegurarse de que el servicio se preste. Y hay varias formas de lograrlo. Por ejemplo, para hacerlo esta entidad de vigilancia podría designar un operador transitorio que administre la compañía mientras se cumple el proceso de intervención. Si se llega a la etapa de liquidación, se puede crear un nuevo vehículo que se encarga de hacer la operación y en él se incluyen los activos de la sociedad que se está liquidando. Luego se lanza un proceso de selección para que entre un nuevo operador que preste los servicios en adelante.

Es decir, uno es el operador transitorio –que puede designar directamente la Superintendencia– y otro diferente cuando se va a la liquidación o venta de activos y hay que hacer un proceso ajustado a la ley para seleccionar un nuevo operador que preste los servicios hacia adelante.

Pero también hay otros caminos. No necesariamente hay que constituir un vehículo y la compañía –en la liquidación– puede seguir prestando el servicio mientras se hace un proceso de venta de esos activos.

La Superservicios decidió en la intervención traer a la firma de consultoría Tetra Tech, una compañía listada en Nasdaq que se especializa en reestructurar distribuidoras de energía que han caído en una situación crítica.

¿Puede el operador transitorio ser el mismo que se quede tras un eventual proceso de liquidación? “Hay una discusión sobre si ese operador transitorio queda inhabilitado para participar luego en el proceso de selección para ser el operador definitivo. Por eso nadie se le mide a ser el operador transitorio, porque podría tener el interés de ser el operador definitivo, en el caso de que se llegue a una liquidación”, dice un analista.

Además, hay una preocupación: si solo se interviene la compañía y no se liquida, podría volver a manos del grupo español y algunos recuerdan el reciente caso de Termocandelaria, la única generadora que en medio de la crisis de finales del año pasado decidió que los números no le daban, fue intervenida y unos meses después los socios retomaron el control sin siquiera pagar una multa.

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Para fuentes del Gobierno, en el caso de Electricaribe no se podría repetir esta situación: la causal de intervención no fue solo la iliquidez financiera, sino que la segunda tiene que ver con la calidad del servicio. “Y la única manera de restablecerla es que la empresa haga las inversiones contempladas en el Plan5Caribe, de $1,1 billones”, agrega la fuente.

El otro tema está relacionado con las decisiones que debería tomar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), por ejemplo en ajustar el tope regulatorio en distribución para permitir la llegada a más jugadores que, en caso de una liquidación, lleguen a competir por prestar el servicio; o también en avanzar en la discusión del prestador de última instancia, una figura que opera en otros mercados y facilita el funcionamiento de la compañía intervenida.

A estos escenarios internos se suma el internacional: los dos meses del primer plazo en que la Superintendencia tomará la decisión –si es para administrar o liquidar– coinciden con el vencimiento de los tiempos para la etapa de conciliación en el proceso de reclamación internacional que instauró Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano, a la luz del acuerdo de protección a la inversión entre Colombia y España.

Para el Superintendente, hay que desligar una cosa de la otra (la intervención vs. la demanda internacional). “La Superintendencia no puede abstenerse de cumplir su mandato constitucional por amenazas de demandas ni por presiones de ninguna otra índole. En este caso hemos seguido la ley al pie de la letra, con base en estudios técnicos y financieros”, puntualiza Mendoza.

Tras un proceso de intervención sin traumatismos, ahora es el momento de definir qué sigue para Electricaribe.

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