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Gustavo Petro, alcalde de Bogotá

| 6/20/2012 6:00:00 PM

El efecto Petro

Buena parte de las decisiones del Alcalde de Bogotá en materia de agua, impuestos e infraestructura, entre otras, están teniendo serias consecuencias sobre la economía y el comercio de la ciudad. ¿Qué está pasando?

Incluso hasta los críticos más recalcitrantes de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, ven en él a un hombre inteligente. Una virtud que suele desdibujarse cuando salen a flote los que para muchos son sus dos principales defectos: la improvisación y los titubeos. Características todas ellas visibles en buena parte de sus decisiones y en los anuncios que hace a través de los medios de comunicación, particularmente en Twitter. Un singular estilo de gobernar que ya está dejando hondas secuelas en no pocos renglones de la economía bogotana.

La prohibición definitiva de las corridas de toros –el pasado 13 de junio– es un ejemplo de lo que podría llamarse el efecto Petro. Mientras unos se regocijaban con la medida, otros la repudiaban, no solo porque –a su juicio– atentó contra una tradición cultural, sino porque acabará de tajo con los cerca de 35.000 empleos que generaba la tauromaquia en la capital. Según Felipe Negret, gerente de la Corporación Taurina, el Distrito dejará de recibir $5.000 millones por cuenta de la cancelación de las próximas tres temporadas.

El alboroto que generó el tema de la fiesta brava, no obstante, luce insignificante frente al creciente impacto que están teniendo otras disposiciones del Alcalde sobre el bolsillo de los bogotanos. Tal vez la más visible ha sido la de suspender la venta de agua en bloque en los municipios aledaños a la capital. Una política con la que Petro pretende desincentivar la expansión de la ciudad para concentrarse en revitalizar lo que él mismo ha denominado como el centro ampliado (ver artículo Chorro de babas edición 399 Dinero).

Para mal de algunos, la primera en padecer las consecuencias económicas de ese recorte va a ser la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Básicamente porque era la entidad que desde hace más de 30 años le vendía el agua a Cundinamarca y por ese concepto recaudaba al año $25.000 millones. Cifra que a partir de este momento se esfumará de sus libros contables.

Si bien es cierto que reducir los ingresos de la EAAB en $25.000 millones no necesariamente representa un boquete significativo para sus finanzas, existe otro factor que, aunado a esa baja, sí podría encender las alarmas. Es una reciente disposición de la Asamblea de Cundinamarca que le dio facultades al Gobernador para constituir una empresa departamental de aguas que, una vez entre a operar, disputaría con la EAAB la concesión de las fuentes hídricas de Chingaza, Sumapaz y Guerrero que –aunque geográficamente se encuentran en territorio cundinamarqués– hoy está en manos de la compañía bogotana.

Quienes conocen el tema a fondo están convencidos de que el departamento se va a dar la pela para quedarse con esa concesión. “Si se crea la empresa departamental, esta puede argumentarle al Estado que le pertenece la concesión y que hay una necesidad de garantizarles el derecho hídrico a los habitantes de sus municipios –asegura Antonio Sanguino, concejal del Partido Verde–. Si eso prospera, nos tocará comprarles el agua a nuestros vecinos”.

Pesos pesados del negocio hídrico ya tienen sus ojos puestos sobre la eventual empresa de Cundinamarca. Se trata de inversionistas chinos, israelitas y de la compañía española Aguas de Barcelona, que abastece de ese líquido a 1,3 millones de habitantes en la capital catalana.

Pero mientras se conoce el rumbo del proyecto, por lo pronto las políticas de Petro en materia de agua tienen con los pelos de punta a los constructores. Según fuentes de Camacol, por ese fenómeno hoy 154.782 viviendas de la región están metidas en el congelador. Como es obvio, el déficit habitacional ya se percibe en la zona, así como la tasa de desempleo viene in crescendo si se tiene en cuenta que de cada 100 viviendas en construcción se generan alrededor de 150 trabajos.

Las otras perlas


El empeño de Gustavo Petro por convertir a Bogotá en una ciudad compacta también estaría abriendo una profunda grieta tributaria. Para entender al asunto hay que remontarse a la administración de Samuel Moreno, cuando quedó expedido el Plan Zonal del Norte con el propósito de regular la expansión de la ciudad desde la 170 hasta Chía.

Poco después de que la norma recibiera la bendición de Moreno, el Concejo de Bogotá aprobó un cobro por valorización en esa área del norte. Entre los planes del Distrito estaba recaudar alrededor de $500.000 millones por cuenta de ese tributo, tasado sobre los 700.000 predios que hoy se ubican en ese sector.

El alcalde Petro, no obstante, se opuso a cobrar el impuesto. Pero más allá de que el Distrito dejará de recibir los $500.000 millones, la postura del burgomaestre también afectará su meta habitacional pues, en el Plan del Norte, estaba proyectado construir 20% de la vivienda de interés social y prioritaria de la capital.

El efecto Petro no es exclusivo del tema urbanístico. Por estos días, sectores pudientes de Bogotá oyen con temor un planteamiento del Alcalde según el cual ellos tendrían que pagar la reparación de las 500.000 víctimas de la violencia que viven en la ciudad. “No me imagino a empresarios como Arturo Calle, que no han hecho ninguna masacre, pagando la reparación de las víctimas de Mancuso”, remata el concejal Sanguino.

La lectura que podría dársele a este maremágnum de medidas es que lejos de propiciar un clima adecuando para los inversionistas que le apuestan a Bogotá, lo que está generando es una sensación de incertidumbre. ¿Será confiable, entonces, invertir en la capital con el estilo de gobierno que viene mostrando Petro?

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