| 8/3/2016 12:00:00 AM

Libranzas: Supersociedades interviene a otra firma

Luego de la medida de liquidación judicial ordenada contra Estraval, la Supersociedades acaba de hacer lo propio con Suma Activos S.A.S., otra de las firmas dedicadas a negociar pagarés derivados de las libranzas. Preparan decreto para frenar el descalabro.

Tal y como lo temían algunos analistas del mercado, la Superintendencia de Sociedades acaba de ordenar la segunda liquidación judicial contra otra empresa dedicada a la comercialización de pagarés libranzas que son respaldados con las deudas de trabajadores en cooperativas y fondos de empleados. La primera sociedad intervenida fue Estraval, a mediados de junio pasado, y en donde estarían comprometidos cerca de $600.000 millones y el número de afectados se acerca a los 4.000. Ahora el turno es para sociedad comercial Suma Activos S.A.S, cuyo representante legal era Luis Humberto Castro Cortés.

El auto con el cual se ordena esta nueva liquidación, y que fue conocido por Dinero, indica que al 31 de diciembre de 2014 las cuentas de orden, partida que acumula el valor de las operaciones que está garantizando la sociedad, eran de $155.153 millones. En esa misma fecha los activos reportados ascendían a $12.957 millones, los pasivos a $6.534 millones y un patrimonio de $6.425 millones.

Dentro de los antecedentes expuestos por la Superintendencia se incluyen versiones de los empleados de la empresa que dan cuenta de las dificultades económicas e incumplimientos laborales y de la misma manera se relatan las dificultades que tuvo la entidad de vigilancia para recabar y recaudar información económica de la firma. “(…) Es claro para el despacho que la sociedad (Suma Activos S.A.S.) atraviesa una crítica situación que le ha impedido el cumplimiento de sus obligaciones, y sus administradores tampoco han dado cumplimiento a los requerimientos de la Entidad, ya no funciona en la dirección registrada y no existe otra inscrita en el registro mercantil, pues su registro se hizo de manera verbal (…)”; el anterior es un fragmento del auto de la Superintendencia en donde se ordena la liquidación judicial.

Este no es el único lío. La empresa Elite divulgó el pasado 22 de julio un comunicado en el que reconoce un retraso en los desembolsos e informa de una “reprogramación en el pago del flujo a sus clientes”. En el mencionado documento, la compañía también explica que “cuenta con un patrimonio que respalda y garantiza la sostenibilidad de la compañía” y además remata afirmando que “las condiciones del flujo mensual, el valor del flujo y por supuesto las utilidades se mantienen”.

Sin embargo, Dinero tuvo acceso a un documento enviado a la Supersociedades el pasado 26 de julio en el que la firma encargada de la revisoría fiscal de este empresa, Moore Stephens, indica algunas novedades sobre la liquidez de la firma: “hemos encontrado algunas situaciones que consideramos pueden ser del interés de la Superintendencia de Sociedades y por ende debemos poner de presente, tales como una posible situación de iliquidez y la falta de controles sobre los operadores que originan los títulos valores de las libranzas, entre otras situaciones".

“Adicionalmente, y en cumplimiento de la citada resolución (2016-01-371189 del 7 de julio de 2016), hemos solicitado que la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. nos suministre los estados financieros con corte abril-junio de 2016, los cuales deberán ser certificados por ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S, dictaminados por la revisoría fiscal y presentados a la Superintendencia de Sociedades a más tardar el próximo 1 de agosto de 2016”, es parte del fragmento de esa carta firmada por Shirly Andrea Pulido, revisora fiscal de Elite.

Con la coyuntura y los hechos, ¿es posible hablar de un riesgo sistémico? La respuesta del superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, es no. A juicio del funcionario, hay en el país cerca de 400 empresas que se dedican a este tipo de negociaciones extrabancarias y existe evidencia económica sobre empresas a las que les ha ido bien y están cumpliendo.

Ante la coyuntura, esta Superintendencia alista ajustes en la regulación. Es así como se tiene listo un borrador de decreto que obligaría a las empresas dedicadas a este negocio a reportar información a los clientes sobre los riesgos y estados financieros de las compañías de manera periódica. También se establecen parámetros para operar este tipo de negocios y reservas para responder en caso de dificultades, como las ya referenciadas.

El borrador de decreto sería suscrito tanto por el Ministerio de Comercio como por el de Hacienda.

Otras decisiones

El caso Estraval no se detiene. Dos hechos nuevos fueron conocidos por este medio en el proceso de identificación de afectados y registro de bienes y activos de los responsables de la empresa. El primero de ellos es que se contrató a Fiduagraria para que realice una debida diligencia de los pagarés involucrados en el caso Estraval.

La idea es identificar no solo el número de documentos transados, sino la condición en la que están; es decir, si están vigentes o no, si hay flujo de caja para responder, los montos y tasas de interés y otras particularidades. Fiduagraria hará el proceso de cobranza, tanto de los pagarés que están al día como de los que se encuentran vencidos.

La otra novedad que se conoció es que el plazo del 29 de julio, determinado como fecha máxima para que eventuales víctimas presentaran sus reclamaciones ante el agente liquidador, fue ampliado hasta el próximo miércoles 17 de agosto, con el propósito de no dejar a nadie por fuera del proceso.

De la misma manera, es necesario mencionar las declaraciones que entregó el pasado 28 de julio el entonces fiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo a Caracol Radio. “En algunos casos determinamos que una misma libranza era vendida a varias personas, o sobre un mismo crédito se hacían varias libranzas. Hay claramente una estrategia engañosa”, dijo Perdomo. Aseguró además que se han identificado pagarés que se vendían con fecha posterior al vencimiento, lo que plantea “una hipótesis de estafa en calidad de delito en masa”; es decir, que afecta a muchos inversionistas. El descalabro en el manejo de las libranzas empieza a mostrar su verdadero rostro y, como lo calificó Perdomo, es un “entramado comercial muy parecido a Interbolsa”. Por algo será.

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