| 7/26/2013 3:42:00 PM

El club de la pelea

Los frecuentes enfrentamientos protagonizados por la Contralora, el Fiscal y el Procurador están obstaculizando la colaboración armónica entre los tres órganos de control. El asunto va más allá de un simple choque de trenes.

Los tres, profesores de derecho público, les han explicado a sus estudiantes que el artículo 113 de la Carta Política ordena a los poderes públicos colaborar armónicamente en el cumplimiento de los fines del Estado. Pero, como funcionarios parecen haberse apartado de la doctrina y actuar según el aforismo de que “el cura predica pero no practica”.

Según varios analistas, no de otra manera se explica que la contralora General, Sandra Morelli, y el fiscal General, Luis Eduardo Montealegre, se abran investigaciones mutuamente, conviertan sus razones en temas de controversia pública o apelen a los jueces de tutela para zanjar diferencias que parecerían irreconciliables.

El aforismo cobija también al procurador Alejandro Ordoñez, que califica de “farragosas” las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos fundamentales y advierte –en contravía de lo dicho por el alto tribunal– que está dispuesto a sancionar disciplinariamente a los notarios que se atrevan a celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo.

Todo esto indicaría que las tres cabezas de los principales órganos de control del Estado corren el riesgo de desbordar sus atribuciones para defender, a cualquier costo, sus fueros personales e ideológicos.

El Procurador parecía pensar distinto hace apenas un año, mientras buscaba arbitrar una confrontación entre la Contralora y el Fiscal, surgida cuando aquella le exigía a este que aceptara como válidas dentro de los procesos penales en curso las pruebas que ella le trasladaba en sonados casos de corrupción en el sector salud.

“A estos debates hay que ponerles un poco de mesura institucional”, declaró el Procurador, luego de oír las declaraciones del Fiscal en el sentido de que las pruebas de la Contralora eran inconsistentes e inaceptables por haber sido practicadas por fuera de los protocolos.

Pero el Procurador olvidó su propia prédica y varias veces ha blandido su acero contra la Corte y ha cuestionado al Fiscal por sus posturas en la aplicación del modelo de justicia transicional en el proceso con las Farc.

Por ese camino, el funcionario que ha sembrado vientos cosecha tempestades. En el tinglado de una pelea sobre el marco jurídico para la paz, el Fiscal le ripostó que su pensamiento jurídico registra dos siglos de atraso, sobre todo cuando se opone a que en algunos casos la cárcel dura y pura pueda ceder espacios a nuevas formas de reparación a las víctimas.

Ahora la Contralora y el Fiscal parecen volver al pugilato y se someten a la mediación del Tribunal Superior de Bogotá que, vía tutela, les dejó claro que no tiene sentido que sigan enfrentados en una investigación de carácter fiscal que un contralor delegado le abrió a la Fiscalía por una demora en la entrega de informes presupuestale. Aunque la investigación ya está cerrada, el Fiscal insiste en que las razones de la Contralora fueron “sospechosamente desproporcionadas”, quizá porque se iniciaron después de que su vicefiscal, Jorge Perdomo, decidió investigar penalmente posibles sobrecostos en el pago del arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría.

Este último asunto también parece zanjado por un tribunal inferior institucionalmente a ambos, que dejó sin piso una acción popular emprendida por el mismo caso.
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