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El ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, se mostró preocupado por el impacto que tendría el cierre total de las canteras en el país.

| 7/12/2013 7:00:00 AM

El cartel de las canteras

Las canteras de materiales para construcción parecen tener los días contados en Bogotá y sus alrededores, pero solo un fallo del Consejo de Estado, próximo a salir, definirá el futuro de esta actividad.

El Consejo de Estado tiene lista la ponencia del fallo con el que busca ponerle fin al despelote que ha causado durante varias décadas la explotación indiscriminada de materiales de construcción como arena, gravilla y recebo en la Sabana de Bogotá.

Se anticipa desde ya que el documento judicial tocará todo tipo de intereses. Desde la industria de la construcción formal hasta los poderosos carteles que se han dedicado durante años a cercenar ilegalmente los cerros de Bogotá y Soacha.

Los primeros efectos ya se perciben. Según la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia (Asogravas), desde hace un tiempo se presentan incrementos en los precios de los insumos, provocados, en algunos casos, por el cierre de minas. Esta posición es compartida por una de las empresas productoras de concreto más grandes del país y que fue consultada por Dinero.

Una situación más que preocupante es que este gremio ha percibido que una parte de la explotación que se hacía en la Sabana se está trasladando a otras zonas como el departamento del Tolima, un escenario que genera dos efectos nocivos: no soluciona de fondo el problema e incrementa los costos para el sector de la construcción.

De hecho, algunos gremios vinculados a esta actividad reconocen que la explotación de este tipo de materiales en zonas urbanas es inviable y que desde ya los gobiernos deben plantear mejores alternativas para no afectar, aún más, la industria de la vivienda.

Las cifras en ese frente son elocuentes. Bogotá consume cada año cerca de 20 millones de toneladas de este tipo de materiales, pero hace un tiempo, cuando el sector de la construcción no estaba postrado, se consumían hasta 30 millones de toneladas, lo que da una idea de las necesidades del sector.

Esta demanda del mercado supone habilitar amplias áreas de explotación, pero en mejores condiciones de mitigación ambiental y sin poner en riesgo la salud de la población urbana. De hecho, la Personería de Bogotá calcula que unas 800.000 personas en la ciudad resultan afectadas por la polución y la contaminación ambiental que generan este tipo de explotaciones. Esa es parte de la discusión que analiza la ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso y cuya decisión final se espera conocer en las próximas semanas.

Pero mientras sale el fallo, la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) se declaró a la expectativa pues se trata de un limbo jurídico que viene del año 2006 y que no tiene otra solución a la vista. Ante la imposibilidad de otorgar más licencias, la CAR incluyó entre 10 y 12 canteras de los Cerros de Bogotá en planes de manejo de mitigación ambiental. En el papel, dicha decisión obliga a los propietarios de estas minas a destinar la totalidad de los ingresos de su producción a la construcción de taludes y obras de reforestación y solo por un tiempo limitado. No obstante, algunos dueños se hacen los de la vista gorda y siguen vendiendo materiales a gran escala.

Otro aspecto que tocará el fallo del Consejo de Estado tiene que ver con el cambio climático y la necesidad de proteger la población que habita en inmediaciones de los cerros orientales. La misma CAR reconoce que algunas de las construcciones que se levantaron hace unos años en Usaquén tuvieron como origen los huecos y cicatrices que dejó la explotación de canteras. Esto representó para más de un minero un negocio redondo pues primero acabó con parte de la montaña y luego se edificaron costosos apartamentos.

Otra pelea con Petro

Otro hecho que atizó los ánimos en las últimas semanas fue la expedición del decreto 934 por parte del gobierno nacional. La norma establece que los concejos municipales y las asambleas departamentales no pueden fijar zonas excluidas de la minería mediante acuerdos u ordenanzas. Este hecho produjo la indignación del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, quien amenazó con demandar la norma al ir en contra de una de sus banderas fundamentales: la protección de los recursos hídricos.

La pelea será dura pues el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, y gremios como la Cámara de Asomineros de la Andi, defienden a capa y espada el decreto aduciendo que sin esta norma se pone en peligro la industria que provee materiales para la construcción y que emplea a no menos de 26.000 personas.

El Ministerio de Minas defendió el decreto expedido en mayo pasado y afirmó que es fundamental porque de lo contrario los alcaldes y gobernadores del país podrían prohibir toda extracción minera en sus territorios poniendo en peligro el desarrollo económico del país. También se amparó en el artículo 37 de la Ley 135 el cual prohíbe que los municipios y departamentos excluyan zonas de la minería.

Con este nuevo tire y afloje entre el alcalde Petro y el gobierno nacional cobra más importancia el fallo que pueda salir de la Sala Plena del Consejo de Estado. Por décadas, la explotación de canteras en Bogotá y Cundinamarca ha sido una cadena de improvisaciones sin soluciones de fondo.

Mientras los gobiernos se pelean, los oportunistas buscan sacar provecho de los cerros. La semana pasada el cuerpo de Carabineros de la Policía ocupó 6 canteras ilegales en Soacha de unas dimensiones nunca antes vistas y más que alarmantes.

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