| 4/16/2015 6:00:00 AM

Control firme

La ejecución presupuestal del gobierno Santos, el abuso en la función de advertencia y el hueco por la caída en los precios del crudo son algunas de las preocupaciones del contralor Edgardo Maya. Entrevista.

La Corte Constitucional parece haberle dado un golpe duro a la labor del principal ente de control del país: la Contraloría General de la República. En un fallo dejó por el suelo la función de advertencia, que se había convertido en una especie de nuevo control previo.

En respuesta a una serie de preguntas de Revista Dinero, el jefe del órgano de control, Edgardo Maya Villazón, aclara cuáles son los efectos de esta medida y cómo va a seguir ejerciendo su papel de control fiscal.

El alto funcionario también se refirió a los proyectos de concesión vial que adelanta el Gobierno, los problemas de ejecución presupuestal y el hueco fiscal que abre la caída de los precios del petróleo que, según las cuentas de Maya, será de $2 billones este año y de $11 billones en 2016. Estas son sus respuestas.

¿Cuáles son las implicaciones del fallo de la Corte Constitucional sobre los controles de advertencia?

La función de advertencia, que acaba de tumbar la Corte, es una figura relativamente nueva en Colombia. Antes de 1991, el control fiscal era previo. Es decir, si se iba a construir una gran hidroeléctrica, antes de comenzar debía tener el visto bueno del contralor del caso. Pero ese esquema se distorsionó y generó mucha corrupción. Los constituyentes decidieron suprimirlo y a partir de 1991 todo el control se volvió posterior. Hace 15 años, tal vez con el ánimo de “darle dientes” a la Contraloría o con algo de nostalgia, un contralor encargado se inventó la figura del control de

advertencia, que era algo intermedio, solo para ser usado en casos excepcionales. Y así lo entendieron algunos de mis antecesores, el doctor Antonio Hernández Gamarra hizo cinco controles de advertencia; el doctor Julio César Turbay no hizo más de diez. La doctora Sandra Morelli, por el contrario, hizo 1.090 controles de advertencia. Entonces, es ahí cuando se presenta la demanda con el argumento de que la Contraloría estaba coadministrando. La Corte Constitucional consideró en su fallo que el control de advertencia era un control previo y debe ser asumido no por la Contraloría sino por las oficinas de control interno en las distintas entidades y por las Superintendencias. Sin embargo, las funciones de la Contraloría en la vigilancia y el control fiscal siguen intactas. Lo que hizo la Corte fue revisar una ley y estas son disposiciones de naturaleza constitucional.

¿De qué manera ejercerá ahora la Contraloría su función de control?


Como le he dicho, el control de advertencia era una herramienta que se usaba de manera excepcional. La decisión de la Corte dejó intactas las atribuciones de la Contraloría para el ejercicio de un control real y oportuno, posterior y selectivo, de los bienes o fondos de la Nación a través de las distintas formas de auditoría.

Vamos a fortalecer las funciones que nos da la Constitución para salvaguardar los dineros públicos. Vamos a exigir informes sobre la gestión fiscal, no solo a los empleados oficiales sino a toda persona o entidad privada que administre fondos o bienes de la Nación. Vamos también a ejercer estricta vigilancia a través de los órganos de control interno de las entidades, incluso de las privadas que manejen recursos públicos. Y las Superintendencias deben acatar las exigencias de información que requiera la Contraloría. Lo clave en todo esto es que dichas funciones de la Contraloría pueden ser ejercidas en cualquier momento para lograr salvaguardar los bienes del Estado.

¿Qué pasa con los procesos a los que se les había emitido control de advertencia y en qué etapa del proceso quedan?

Luego de que la Corte Constitucional emitió su fallo y pudimos leer y analizar su contenido, di las instrucciones para que sobre los numerosos controles de advertencia que había expedido la administración anterior se aplicara el decaimiento de las operaciones y los casos concretos se encausaran en el marco del control posterior y selectivo.

¿Cuáles fueron los más recientes controles de advertencia y en los que la Contraloría consideraba que había mayor riesgo?

Desde mi posesión sólo proferí un control de advertencia sobre la construcción del túnel de La Línea.

En otro frente: ¿cuáles son los resultados en materia de responsabilidad fiscal que ha desarrollado recientemente la Contraloría?

Desde septiembre hasta la fecha se han recuperado $43.000 millones y se han proferido condenas por $19.000 millones.

¿Qué análisis ha hecho la Contraloría sobre la caída de los precios del petróleo y su impacto en la economía colombiana?

Yo he querido que la Contraloría recupere su tarea de análisis de los principales asuntos macroeconómicos del país y por eso hemos estado muy pendientes del tema. Ya publicamos algunos informes al respecto y alertamos sobre el impacto de la caída de los precios del petróleo sobre las finanzas del país. Encontramos, por ejemplo, que por cada dólar en que se reduzca el precio internacional del crudo el Estado colombiano dejará de percibir $430.000 millones al año. De esa manera, la Contraloría estima que para 2015 la caída de la renta petrolera reduciría los ingresos de la Nación en cerca de $2 billones, tal vez más, y para 2016 en unos $ 11 billones.

En el proceso de seguimiento al Presupuesto General de la Nación ¿qué ha encontrado la Contraloría?

Recientemente el gobierno nacional manifestó que había ejecutado 93,2% en la vigencia 2014, lo cual a priori es un buen desempeño. Sin embargo, estamos analizando la ejecución real, no desde la simple perspectiva de la contratación del recurso, sino de los bienes y servicios que verdaderamente se entregan a la ciudadanía. En otras palabras, debemos descontar los anticipos que se pagan y las reservas presupuestales que quedan, si queremos ver la ejecución real. También debemos analizar la no utilización de presupuesto asignado o comúnmente llamado “pérdidas de apropiación”, que para la vigencia 2014 llegó a los $8,2 billones.

Un tema adicional que vale la pena resaltar, y sobre el cual la Contraloría llama la atención, es el monto de los recursos que se están destinando a ser ejecutados a través de fiducias, que para el año 2014 llegaron a los $12,7 billones, lo que genera altos costos por su manejo a través del sistema financiero, pudiéndose manejar en su gran mayoría por medio de la Cuenta Única Nacional (CUN) del SIIF, cuando la ley lo permita.

¿Cómo ve la Contraloría el avance de las concesiones 4G? ¿Qué riesgos hay?

Este es uno de los temas más importantes para el país en los próximos años y por ende la Contraloría estará muy pendiente de su desarrollo. Si el país hace bien esta tarea, lograremos reducir muchos costos transaccionales, Colombia será más competitiva y se aliviará el bolsillo de la gente. Sin embargo, son procesos que apenas están iniciando. De 40 proyectos de las 4G, apenas 10 están en curso de contratación. Ya tenemos un grupo asignado a esa tarea y comenzará a revisar aquello en lo que se ha avanzado.
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