Revista Dinero

“Si bien la aplicación de la reforma empezaría en 2015, hay que iniciar el debate. La propuesta se presentará próximamente a la comisión tripartita”, afirmó Pardo

| 11/21/2012 6:00:00 AM

Doble vía

Con la reforma pensional, el Gobierno busca acabar la competencia entre el régimen público y privado, al obligar a todo el mundo a cotizar en ambos. Pero aún no es claro cómo funcionaría.

El país aún no conoce la suerte de la reforma tributaria y Rafael Pardo, ministro de Trabajo, ya tendría lista su reforma pensional para empezar la discusión en las próximas semanas.

Luego de examinar varias opciones como el cambio de los parámetros, el marchitamiento del régimen público, la flexibilización del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), Pardo ha diseñado lo que él denomina “un sistema de pilares”. En este, el Régimen de Prima Media (RPM) –cuyo manejo ha pasado del Seguro Social a Colpensiones– y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) –administrado por los Fondos Privados de Pensiones– dejarían de ser sustitutos para volverse complementarios.

La idea de Pardo es que todo el mundo cotice en el sistema público hasta su primer salario mínimo y por encima de este lo haga en los fondos privados, así los dos regímenes dejarían de competir por los afiliados como lo hacen en la actualidad, para compartirlos. Para la gente de menos de un salario mínimo estarían los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) y para los mayores de 65 años sin ingresos el programa de Colombia Mayor.

Con esto, según Pardo, no solo se ampliaría la cobertura del sistema sino se permitiría que el sistema público se centre en los estratos más bajos y no en los más ricos, como sucede hoy, lo cual haría más sostenible el sistema pensional. “Es un giro hacia un sistema más parecido al americano que, además, impulsaría el deprimido mercado de las rentas vitalicias”, agrega el Ministro.

La reforma pensional de Pardo no se mete con temas sensibles como el aumento de la edad de pensión, la reducción de las pensiones o en limitar el régimen público, políticamente muy complicados pero que expertos en temas pensionales vienen reclamando insistentemente. Además, el cambio propuesto crea un riesgo gigantesco, pues en la discusión podría subirse la obligación de cotizar al sistema público de un salario mínimo a dos o cuatro salarios mínimos, donde está el grueso de la población, lo cual equivaldría a devolver al país a un sistema pensional totalmente público con enormes repercusiones fiscales.

Por último, no es claro desde el punto de vista operativo cómo funcionaría, pues parece complicado que la gente cotice en dos regímenes, lo cual puede resultar en mayores costos para el sistema.

Debate urgente

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que acaba de visitar el país, insistió en la necesidad de una reforma pensional. ¿Las razones?

Con el actual sistema no solo se ha pensionado muy poca gente sino que muy poca se pensionará, dados los pocos afiliados activos ante la elevada informalidad laboral. Solo una tercera parte de las personas mayores de 65 años tiene hoy una pensión y menos de 10% de los cotizantes al RPM se pensionarán, según cálculos del experto Hugo López.

No obstante, el gobierno nacional tiene que dedicar alrededor de 24% de su presupuesto para subsidiar estas pensiones. Con un agravante, 86,3% de estos recursos se está yendo a financiar las pensiones del 20% más rico de la población (el 20% más pobre solo recibe 0,1%). En contraste, el sistema público tiene que devolverles sus aportes prácticamente sin intereses reales a las personas que no cumplieron los requisitos para pensionarse. Las devoluciones pensionales, como se denomina este procedimiento, supera los 45.000 casos cada año. Esto significa que no solo tenemos un sistema público que solo sirve para pensionar a los ricos de este país, otorgándoles altos subsidios, sino que, además, excluye a los más pobres.

Para acabar con esto, Pardo propone paradójicamente fortalecer el RPM donde se generan las mayores distorsiones incorporando en este a todo el mundo hasta en un salario mínimo. Con esto pretende evitar que el Gobierno siga otorgando pensiones altas a unos pocos y que quienes tienen grandes salarios ahorren y financien su propia pensión.

Sin embargo, no es claro cómo la medida conseguirá esto, dado que los grandes costos del sistema ya están dados. A pesar de los topes a las pensiones públicas y la eliminación de los regímenes especiales, se siguen otorgando pensiones excesivas vía sentencias judiciales y ante el largo régimen de transición que se dejó. Según el Ministerio de Hacienda, el costo fiscal de estos fallos judiciales podría estar entre los $11,7 billones y $20,1 billones. El impuesto a las pensiones altas que se dejó en la tributaria, 5% a la parte de la pensión que esté por encima de $10 millones, es insuficiente.

Además, no es claro cómo la medida de Pardo hará que más personas se pensionen con una mejor mesada. La gente de salario mínimo es precisamente la gente que no completa las semanas, ni da grandes saltos salariales. Siempre irían al sistema BEPs el cual se estima alcance más de 7 millones de afiliados.

Por esto, es previsible que muchas entidades, como el Consejo Privado de Competitividad (CPC), insistan en el marchitamiento del RPM o en la modificación de sus parámetros, como el aumento de la edad, bajar la pensión en relación al salario (tasa de reemplazo) o exigir que esta se calcule con el promedio salarial de los últimos 20 años, si se decide mantenerlo. Según el Ministerio de Trabajo, este tipo de medidas –incluso conjuntamente– no tendría un impacto significativo sobre la disminución de la deuda pensional, que alcanzaría hoy alrededor de 116,2% del PIB.

Algo que Pardo tendrá que demostrar, pues otros cálculos como los de Anif hablan de 160% del PIB y de la utilidad de estos cambios. Los analistas insisten en que los actuales parámetros del sistema pensional no recogen los cambios demográficos que ha tenido el país en los últimos años ni el aumento en la expectativa de vida (que pasó de 72 a 76 años) y por eso insisten en modificar la edad de pensión.

Es claro que somos una población cada día más vieja y que vive más. De ahí la importancia del tema. Sin embargo, para algunos podría parecer apresurado iniciar este debate sin conocer el rumbo de la reforma tributaria y cuando no se han reglamentado los BEPs ni ha arrancado en forma Colpensiones. Pero, sin duda, se requiere reformar un sistema público inequitativo, frenar las pensiones excesivas vía judicial, darle mejor información a la gente para que decida en qué sistema debe estar y tomar medidas en el frente laboral para que no seamos un país de jóvenes sin trabajo y viejos sin pensión.
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